El Poder Ejecutivo depositó en la Cámara de Diputados un acuerdo adicional al contrato para la exploración de hidrocarburos en el área Costa Afuera SP2, de la cuenca de San Pedro de Macorís, el cual fue remitido a la comisión de Hacienda la semana pasada.

El acuerdo original fue suscrito el 22 de octubre de 2020, entre el actual ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte Reynoso y Timothy R. Custer, representante de la empresa Apache Dominican Republic Corporation, ahora reconocida como APA Dominican Republic Corporation.

Es el resultado de la primera ronda de bloques de petróleo y gas de la República Dominicana realizada en la pasada gestión gubernamental, el 27 de noviembre de 2019.

En el documento, que consta de 173 páginas, la asesora de la Consultoría Jurídica del Ministerio de Energía y Minas, Mirna J. Amiama Nielsen, expresa mediante una carta dirigida al consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, que “la pasada administración tuvo el desdén de garantizar durante ese proceso licitatorio” la estabilidad jurídica de la empresa.

En la misiva remitida el 31 de mayo pasado, la asesora Amiama Nielsen se refiere a preocupaciones que había mostrado la Cámara de Diputados debido a que el artículo 64.1 establecía que “este contrato controlará sobre cualquier disposición legal que sea contraria al presente contrato”, con lo que éste se convertiría en ley.

Al sustentar los motivos de la adenda, señala que la modificación de ese artículo, acordada entre las partes “después de arduas negociaciones”, rezará de la manera siguiente: “Este contrato controlará sobre cualquier disposición legal que sea contraria al presente contrato”.

De acuerdo a la asesora de la Consultoría Jurídica del MEM la premisa para la redacción de esa cláusula partiría de que el “precipitado contrato se convertiría en Ley”.

Sostiene que dicha opinión legal sustentaría un principio de jerarquía legal en ese contrato, suscrito por el Estado y ratificado por el Congreso Nacional, por lo que adquiriría la categoría de ley, “pudiendo por tanto modificar cualquier instrumento legal de la misma o inferior jerarquía”.

Añade que esa opinión fue refutada por la Cámara de Diputados por entender que el carácter jurídico que adquiere todo contrato aprobado por el Congreso Nacional no equivale al de una ley.

Otras modificaciones

En la misiva dirigida por el presidente Luis Abinader, depositada el pasado 10 de junio, al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, el mandatario explica que la adenda versa sobre aspectos técnicos razonables y busca suprimir una cláusula sobre el artículo 7 de la ley 4532, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos.

Dicho artículo versa sobre que debía inscribirse todos los contratos para ese tipo de actividad en la Dirección General de Minería de la Secretaría de Estado de Agricultura.

La Ley No. 100-13, del 2 de agosto de 2013, creó el Ministerio de Energía y Minas que tiene ahora esas atribuciones.

Debido a que el contrato original fue suscrito entre el Estado dominicano con la empresa Apache Dominican Republic Corporation LDC en la adenda tanto el gobierno como el Ministerio de Energía y Minas (MEM) reconocen que ésta cambió de denominación social a APA Dominican República Corporation LDC.

Según se aclara en el referido acuerdo adicional Apache Corporation fue objeto de una reorganización y para modernizar sus operaciones y ajustar su estructura legal se creó Apa Corporation, que tiene los mismos acciones y acciones que la anterior.

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