Tras una etapa preliminar cargada de incidentes de la defensa, el pasado jueves el Ministerio Público finalmente comenzó la lectura de la extensa acusación contra seis imputados en el caso Odebrecht cuyo contenido es el mismo que hace dos años presentó ante la Suprema Corte de Justicia, donde inicialmente se conocía el proceso. ¿Por qué es el mismo documento?

“No es posible presentar una acusación diferente a la acogida por el juez de la Instrucción, sin importar el tiempo transcurrido entre el Auto de Apertura a Juicio y el juicio”, explica a Diario Libre el procurador adjunto Wilson Camacho, quien representa al Ministerio Público en el proceso.

“A partir de la audiencia preliminar rige el principio de inmutabilidad del proceso”, agrega el también titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

La lectura de la acusación comenzó al mediodía del jueves 5 de noviembre y se extendió hasta próximo las 4:30 de la tarde, cuando el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional -donde se conoce el caso desde septiembre pasado- recesó la audiencia para el 12 de noviembre, día en que se seguirá leyendo el documento de más de 500 páginas.

Mientras el Ministerio Público leía la acusación, abogados de la defensa objetaron en varias ocasiones el proceso argumentando que algunos calificativos y nombres en su contenido estaban desfasados.

Por ejemplo, la acusación, al ser un documento presentado inicialmente en junio de 2018, cita como archivos provisionales los expedientes de otros ocho imputados, que en septiembre de 2019 pasaron a ser archivos definitivos y están bajo investigación por la Procuraduría.

Asimismo, menciona al expresidente del Senado, Jesús Vásquez, como uno de los que recibieron sobornos de la empresa brasileña, pero este fue favorecido con un auto de No ha lugar en junio de 2019. El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, entonces, acogió una objeción de la defensa que solicitó que no sean leídos los párrafos de la acusación que lo refieren.

“Lo que está haciendo el Ministerio Público denota negligencia y falta de responsabilidad porque está leyendo una acusación que se presentó en el 2018 y ha llovido bastante en la evolución del proceso y hoy, lo que se acusa, la teoría fáctica, no es la misma”, alegó uno de los abogados de la defensa del imputado Conrado Pittaluga.

A estos alegatos, el magistrado Camacho respondió en la audiencia: “¿Qué la acusación debió cambiar porque se depositó en el 2018? ¿O sea que si la audiencia preliminar dura un mes debería la acusación más o menos qué?, ¿perder un párrafo?”.

“¿Un párrafo por mes será una proporción adecuada para la lógica de la defensa o 10 párrafos por año? Y entonces eso nos permitiría ahora decir, bueno como han pasado del 2018 al 2020, dos años, 24 meses, un párrafo por mes, ahora esta discusión sería interesante porque lo único que tendríamos que hacer es ver, de los 48 párrafos que en esa lógica tendríamos que eliminar, entonces nos sentaríamos incluso en una mesa redonda bonita y definiríamos cuáles excluimos y cuáles dejamos, pero yo creo que no es así”, agregó.

Por los US$92 millones que la empresa brasileña Odebrecht admitió que pagó de sobornos en el país entre 2001-2014 para la adjudicación de obras públicas son procesados, además del abogado Pittaluga, el empresario Ángel Rondón Rijo y los exfuncionarios Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista García, Tommy Galán Grullón y Roberto Rodríguez.

El Ministerio Público sostiene, en su acusación, que a Odebrecht le fueron adjudicadas 16 obras cuyos contratos y aprobación de financiamiento fueron obtenidos mediante el pago de sobornos a legisladores y funcionarios en el país.

Reafirma que Rondón era el representante de la empresa brasileña en la República Dominicana, un “hombre de extraordinarias relaciones e influencias sobre altos funcionarios de los gobiernos de turno y los legisladores”, y el “principal eslabón en la cadena de sobornos estructurada”.

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