A dos años de haberse iniciado la pugna entre el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia Santiago, Gregorio Domínguez y 60 dueños de terrenos en el poblado turístico de Punta Rucia, Puerto Plata, que acusan al legislador de desalojo ilegal, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) decidió posponer el fallo en juicio de fondo para el 29 de septiembre a las 9:00 de la mañana.

El Segundo Tribunal Colegiado, presidido por el juez Francisco Jerez Mena, acogió el pedido de posposición incoado por el congresista, quien alegó estar afectado por un fuerte dolor de cabeza.

También el Ministerio Público pidió tiempo para preparar sus defensas conclusivas.

A su salida del juicio, el legislador por Santiago manifestó: “Aportamos todas las pruebas de que esos terrenos nos pertenecen y los invasores han creado toda esta falsa sin tener derecho de propiedad”. 

En ese sentido, los afectados por el desalojo aseguran que el congresista adquirió de forma irregular más de 200 mil metros de terrenos usando su poder.

El abogado representante de los desalojados, César Amadeo Peralta expresó que hay personas que creen que por conseguir títulos de manera fraudulenta tienen derecho a demoler casas.

“Al final de cuenta se encontrarán con la ley 396-19 (que regula el otorgamiento de la fuerza pública para llevar a cabo las medidas conservatorias y ejecutorias)”, indicó Peralta.

Antecedentes 

El diputado asegura haber estado en Santiago durante todo el día 27 de mayo del 2020, fecha en el que se produjo el desalojo en el que se le acusa haber participado.                         

Entre los testigos que comparecieron este viernes por ante el tribunal figuran su entonces asistente, Rosibel Martínez; su encargado de propaganda, Efrein Cortorreal; su chofer, Yoel Vargas; su jefe de campaña, José Luis Marine y el  reportero gráfico que cubrió su campaña, Luis Guzmán, entre otros allegados al acusado.                                                           

Los citados afirman que acompañaron a Domínguez durante un recorrido político en el que juramentaron seguidores y realizaron varias actividades proselitistas en el municipio Navarrete, provincia Santiago.     

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Infografía

Imagen de los demandantes con un cartel. (WILDER PAÉZ)

La acusación contra el diputado establece que habría violado los el artículo 25 de la Ley 396-19 que regula el otorgamiento de la fuerza pública, y el artículo 1 de la Ley 5869, sobre violación de la propiedad, en perjuicio de Lucila Nely Capellán Luna.                                       

El legislador se habría presentado junto a otras personas el 20 de mayo del 2020 a la comunidad Punta Rucia, Estero Hondo, Puerto Plata, donde Capellán edificaba una vivienda la cual fue demolida, aparte de desalojar a decenas de personas.

Los desalojados acudieron desde Puerto Plata a la Suprema Corte de Justicia en Santo Domingo con un cartelón en el que reclaman justicia.

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