Una comisión de instituciones del Gobierno acordó este jueves examinar el estatus jurídico de todos los vehículos que se encuentran dentro del Centro de Retención Vehicular Canódromo El Coco, para realizar una entrega expedita a los ciudadanos que demuestren con la documentación que  son sus legítimos propietarios.

El encuentro, realizado en la sede del Ministerio de Interior y Policía, estuvo encabezado por el ministro Jesús (Chu) Vásquez Martínez, y el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa.

De acuerdo a un comunicado de prensa, el encuentro se realizó con el objetivo de avanzar en los trabajos de elaboración de un plan para solucionar la problemática de la retención y devolución de vehículos en el Canódromo,. El lugar está bajo control de la Dirección General Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

Se trata de la segunda reunión que se produce entre las autoridades y el defensor del Pueblo tras investigaciones de denuncias de manejo y retenciones irregulares de vehículos en las referidas instalaciones. 

De igual forma, en un próximo encuentro, los órganos administrativos estarán designando distintos grupos de trabajo para cada centro de retención, con la finalidad de apoyar a la Contraloría General de la República en el levantamiento general de los vehículos y sus condiciones.

Participantes

Además del ministro de Interior y Policía y del  defensor del Pueblo, durante el encuentro estuvieron presentes Luis Valdez, director de Impuestos Internos; el mayor general Eduardo Alberto Then, director general de la Policía Nacional; Rafael Arias, director del Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre (Intrant); general Ramón Antonio Guzmán Peralta, director de la Digessett, y Catalino Correa, contralor General de la República.

La agresión en el Canódromo

La decisión de entregar los vehículos retenidos en el Centro de Retención Vehicular Canódromo El Coco, ubicado en la avenida Monumental del Distrito Nacional, ocurre semanas después de que la encargada del lugar y varios agentes de la Digesett la emprendieran a golpes contra el defensor del Pueblo, su equipo y miembros de la prensa, cuando el funcionario acudió al lugar.

Pablo Ulloa fue al Canódromo ante las constantes denuncias que recibía de alegadas irregularidades que se registran en el lugar con los vehículos que son retenidos. 

Entre las anomalías, identificadas por el funcionario, está el cobro de peaje a quienes acudían a buscar sus vehículos, robo de piezas, daños a los coches, entre otras.

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