El 28 de octubre del presente año, desde Washington DC, se llevó a cabo el lanzamiento del prestigioso Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (EED-WJP). República Dominicana ha experimentado un avance significativo, lo que posiciona al país en un top escalafón y evidencia una trayectoria positiva en la garantía de los derechos fundamentales. Si bien aún no se ha alcanzado la meta final, se están estableciendo cimientos sólidos en el ámbito de la independecia judicial y la legalidad de l actuación pública.
Durante el V Congreso Internacional de Estrategia Legal, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina , anunció que la República Dominicana lidera el avance mundial en el EED-WJP, escalando 11 puestos (del 86 al 76) entre 143 países con una mejora del 2,1%. Este logro, impulsado por su gestión estratégica en digitalización, transparencia y eficiencia judicial, representa un reconocimiento imparcial al esfuerzo sostenido de jueces y servidores, fortaleciendo la confianza ciudadana y la institucionalidad del país. El EED-WJP constituye la principal fuente mundial de datos originales e independientes sobre el estado de derecho en 143 países y jurisdicciones.
Aunque el debilitamiento del estado de derecho se ha vuelto común en muchas jurisdicciones, esto no ha sido el caso para República Dominicana. El avance del país se produjo en un contexto global adverso. Solo por mencionar, para el 2025 el informe señaló que el 68 % de los países empeoraron su puntuación.
Para poner en perspectiva este logro, el país ha alcanzado su posición más alta jamás registrada, con un puntaje que sube de 0.49 a 0.50, reflejando progresos concretos en justicia penal, justicia civil y límites al poder gubernamental, consolidando el reconocimiento internacional a la solidez institucional dominicana.
Adicionalmente, organismos internacionales como el Banco Mundial y el BID respaldan activamente las reformas institucionales de la República Dominicana. En 2023, el Banco Mundial aprobó USD 40 millones para modernizar y digitalizar la administración pública, mientras que el BID impulsa su Estrategia País 2025-2028, centrada en fortalecer la transparencia, la eficiencia del gasto público y la rendición de cuentas, consolidando así la gobernanza y estabilidad institucional del país.
Esta trayectoria ascendente confirma que vamos por la dirección correcta.
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