Por Elso Milcíades Segura Martínez
La sociedad dominicana atraviesa en la actualidad un proceso caracterizado por el estancamiento, el deterioro y el retroceso en los logros sociales, económicos e institucionales alcanzados en períodos anteriores. Esta situación genera legítima preocupación, al tiempo que convoca a los sectores más comprometidos de la nación a la búsqueda de alternativas políticas capaces de propiciar una transformación profunda en los órdenes económico, social, cultural, ambiental y político.
Para lograr este propósito es imprescindible la implementación de un modelo de Estado cualitativamente distinto al Estado neoliberal que rige hoy los destinos de la nación dominicana. El neoliberalismo se fundamenta en una doctrina económica, que propugna la mínima intervención estatal en actividades productivas y sociales, priorizando el libre mercado, la privatización masiva de las empresas públicas a capitales privados, la desregulación y el individualismo como pilares del crecimiento económico.
Otros aspectos que caracterizan al neoliberalismo son: apertura al libre comercio y eliminación de barreras arancelarias, para beneficiar principalmente las grandes economías; disminución de regulaciones en materia de empleo, lo que conlleva precariedad laboral y debilitamiento de derechos adquiridos; transferencia de la responsabilidad del bienestar al individuo en áreas como pensiones, salud y educación; promoción del emprendurismo como estrategia frente al desempleo y la pobreza; consolidación de la oligarquía como sistema político, lo que conlleva la concentración del poder en una élite económica y empresarial reducida, con influencia directa sobre las instituciones estatales y sectores estratégicos de la nación; así como también una destacada vocación e inclinación hacia la corrupción administrativa .
El modelo de Estado neoliberal se consolidó en América Latina desde la década de 1980, con los gobiernos de Ronald Reagan en EEUU y Margaret Teacher en Inglaterra, bajo el influjo del Consenso de Washington y de organismos financieros internacionales, FMI y Banco Mundial, que lo impusieron como una receta (Harvey, 2007).
En la República Dominicana el neoliberalismo como doctrina económica y política se instauró durante el gobierno de Salvador Jorge Blanco (1982-1986), en cuyo mandato se firmó acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de los cuales se derivaron medidas de austeridad y reducción del gasto público, devaluación y liberalización del dólar, reforma fiscal y alzas de precios, incremento en los impuestos indirectos, aumento de precios en productos básicos y en la tarifa de servicios, lo que provocó protestas sociales conocidas como las huelgas del 1984.
Luego de Jorge Blanco todos los gobernantes que le sucedieron hasta el actual Luis Abinader, han aplicado medidas neoliberales con diferentes matices, lo que convierte a este modelo en la doctrina económica dominante en la República Dominicana.
Durante el segundo mandato de Joaquín Balaguer (1986-1996) este dio continuidad a los acuerdos con el fondo monetario internacional y el Banco Mundial iniciados por Jorge Blanco, privatización parcial de empresas del Estado, reducción de aranceles para importación, instalación de zonas francas industriales, clave del modelo de exportación neoliberal, destrucción de sindicatos de trabajadores, como SITRACODE, y el sindicato de la Compañía Dominicana de Teléfonos (CODETEL), para luego privatizarla. En este periodo de gobierno se acentuaron las accione privatizadora de otras empresas públicas, tales como la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), la Empresas de telecomunicaciones y servicios; también se permitió que el capital privado reemplazara al control estatal en puertos, transporte y zonas francas.
En el año 1996 asume el poder el presidente Leonel Fernández, acentuando todas esas medidas privatizadoras de las empresas del Estado que ya se había iniciado con Joaquín Balaguer bajo el eufemismo de Reforma y modernización del Estado y la capitalización de las empresas públicas. También cabe recordar que en su segundo mandato el presidente Fernández le concedió la explotación de la mina de oro Pueblo Viejo, Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, a la empresa minera canadiense Barrick Gold Corporation, sobre la base de un contrato indecente para los interese dominicanos, en la modalidad de fideicomiso.
En su tercer periodo de gobierno Leonel Fernández promulgó la Ley No. 139-11, que legalizó y amplió la operación de diferentes modalidades de juegos de azar en la República Dominicana, incluyendo las bancas de lotería, deportivas, y otros tipos de sorteos, que mantiene a la sociedad dominicana envilecida y anclada a la pobreza eterna.
En el año 2004 llega al gobierno el agrónomo Hipólito Mejía Domínguez, y le da continuidad a las privatizaciones ejecutadas por los gobernantes que le precedieron, y las pocas empresas estratégicas del Estado que había dejado Leonel Fernández sin privatizar, las terminó de rematar el denominado guapo de Gurabo, que no conforme con eliminar las empresas públicas privatizándolas, terminó provocando la peor crisis del sistema financiero del país hasta entonces conocida, con la quiebra del Banco Baninter.
Los gobiernos de Danilo Medina y Luis Abinader mantuvieron intactas todas las medidas privatizadoras ejecutadas por los anteriores presidentes, y se dedicaron a implementar otra figura eufemística, pero de matrícula neoliberal, los denominados fideicomisos y las alianzas público privadas, para la construcción y administración de obras civiles, como el Fideicomiso RD vial, diseñado para gestionar y operar peajes de autopistas y carreteras; el fideicomiso Profesor Juan Bosch, para construir 35,000 mil viviendas, el fideicomiso de la Barquita, entre otros, ejecutados durante los gobiernos de Danilo Medina.
Aunque en honor a la verdad, Danilo Medina implementó un conjunto de medidas administrativas, que iban en una línea contraria a la receta neoliberal, tales como: la “Revolución Educativa”, que destinó el 4% del PIB al sector educación, tras años de demanda social. Programas como la jornada escolar extendida, la construcción masiva de escuelas y alimentación escolar gratuita, lo cual representaron una ampliación del rol social del Estado, contrario a la austeridad típica del neoliberalismo.
A través del programa Visitas Sorpresa, el presidente se reunía directamente con productores rurales, otorgando créditos blandos, subsidios, apoyo técnico y financiamiento estatal. Estas medidas significaron una intervención directa del Estado para fortalecer al pequeño y mediano productor, lo que choca con la lógica neoliberal de dejar la asignación de recursos exclusivamente al mercado.
Impulso al sector eléctrico con subsidios y apoyo financiero directo a empresas distribuidoras (EDEs), en lugar de privatizarlas. Expansión de la generación estatal con Punta Catalina, una planta termoeléctrica construida y financiada con fondos públicos, pese a presiones de organismos internacionales y sectores privados que favorecían concesiones privadas. Esto puede leerse como un contrapeso a la privatización neoliberal de los 90 y años posteriores; así sucesivamente.
Durante el gobierno de Luis Abinader, que aún sigue vigente hasta el 2028, se ha seguido un vendaval de fideicomisos, entre los que destacan: el Fideicomiso Pro-Pedernales; el Fideicomiso de Fondo de Desarrollo de Infraestructuras (FDI), destinado a gestionar terrenos estatales (como los del Consejo Estatal del Azúcar); Fideicomiso para la Industria Aeronáutica y Espacial Nacional; Fideicomiso Fi-Tepp destinado a administrar y operar el Teleférico de Puerto Plata, entre otros.
Todas esas medidas privatizadoras de los recursos del Estado, adoptadas por nuestros gobernantes en los últimos 45 años, enmascarados en una supuesta reforma y modernización del Estado, han generado, como dice Stiglitz (2002), crecimiento desigual, debilitamiento de la cohesión social y reducción de la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales, como educación, salud, empleos, seguridad social y calidad de vida.
Frente a ese panorama sombrío, catastrófico, resulta apremiante la búsqueda de una alternativa política democrática, que nos liberes de las garras del neoliberalismo, como sería el Capitalismo de Estado, que nos permita recuperar la capacidad del Estado, para planificar el desarrollo, proteger el agro y los recursos naturales, y garantizar servicios esenciales bajo control público. Se trataría, en palabras de Harvey (2007), de disputar la “lógica del capital neoliberal” mediante un modelo que priorice la reproducción social sobre la mera acumulación privada.
En términos teóricos, el Capitalismo de Estado presenta las siguientes características fundamentales: el Estado dirige, regula y participa activamente en la producción, la inversión y la distribución de recursos; es el propietario de sectores estratégicos como energía, minería, transporte, finanzas, educación y salud, entre otros; coordinar el crecimiento y la estabilidad, a través de la implementación de planes nacionales, parciales o integrales; resguarda y protege la industria nacional sobre la base de aranceles y subsidios; procura la estabilidad política, la cohesión social y la autosuficiencia, más allá de la mera rentabilidad económica; procura el establecimiento de alianzas estratégicas entre el Estado y sectores de la burguesía nacional, diferenciándolos de la lógica oligárquica que concentra el poder en minorías cerradas.
Este modelo se sustenta en la defensa de la soberanía económica y el desarrollo nacional frente a las dinámicas del mercado global, orientándose a la protección de sectores estratégicos, como la educación, salud, energía, minería, transporte, finanzas, empleos, seguridad social, entre otros, cuya preservación se considera indispensable para garantizar la cohesión social, el desarrollo nacional y el interés general.
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