El Tribunal Superior Administrativo ordenó la paralización de la demolición del parqueo de la calle José Reyes, en la Ciudad Colonial, que aprobó el Concejo de Regidores mediante resolución, hasta tanto el tribunal apoderado se pronuncie sobre la medida cautelar interpuesta sobre el desalojo de que fue objeto la Asociación de Comerciantes de la Calle El Conde (Asoconde) por parte de la Alcaldía.

Mediante la sentencia 0030-01-2021-SSMC-0055, el Tribunal declaró regular y válida la solicitud de medida cautelar que interpuso Asoconde contra la Alcaldía del Distrito Nacional y su titular Carolina Mejía acogiendo de manera parcial el pedimento.

Rechaza la solicitud de suspensión de los efectos del acto de desalojo efectuado por la Alcaldía y acoge la solicitud de paralización de demolición del parqueo.
Expresa que las partes (la Alcaldía y Asoconde) suscribieron un contrato de arrendamiento del parqueo, cuya vigencia está siendo discutida.

“Es necesario establecer que los efectos del desalojo que solicita el impetrante que este tribunal suspenda, es una cuestión que ya surtió sus efectos en totalidad y que si bien es cierto que los tribunales por mandato constitucional están llamados a controlar la legalidad de las actuaciones realizada por la Administración Pública, no menos cierto es que estamos frente a una solicitud de medida cautelar, la cual tiene por objeto asegurar la eficacia de una eventual sentencia, lo cual no ocurre en la especie por ser una actuación que ya ha surtido sus efectos”, indica la sentencia.

En el numeral 23, el Tribunal indica que no corresponde a ese juez restaurar lo referente al desalojo de sus oficinas, sino a los jueces de fondo, pero que si puede cautelar la presidencia del Tribunal la no demolición del parqueo mientras no sea conocido el recursos principal, es decir, el desalojo.

Luis Yépez Suncar, abogado de Asoconde, aclaró que el desalojo de la oficina administrativa de la entidad que representa el pasado 24 de junio por parte de la Alcaldía del Distrito Nacional fue ilegal, arbitraria e inconstitucional porque carecían de una sentencia, de una autorización de un juez de paz, y no se hicieron acompañar de la fuerza pública.

“Se manejaron y se comportaron como si fueran unos delincuentes porque la definición de delincuente es el que violenta la ley y se comportaron como tales porque estamos viviendo en un Estado social, democrático y de derecho en el que debe respetar las leyes de la República”, dijo.

Sostuvo que no se puede permitir que nadie violente los derechos de una entidad sea pública o privada ni el de ningún ciudadano porque pone a todos en una situación de desprotección.

Diario Libre buscó la opinión de la Alcaldía sobre la sentencia el pasado martes, pero se informó que no tenían conocimiento de esta. Yépez Suncar informó que sería ayer cuando se le notificaría a la Alcaldía la sentencia.

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