Con la indiferencia y permisividad de las autoridades, durante muchos años decenas de familias del Gran Santo Domingo y otras localidades, han construido viviendas y negocios en lugares vulnerables donde el peligro es permanente, no solo para sus ocupantes, sino también para las demás personas que circulan por sus alrededores.

En trayectos de ríos, en orillas de cañadas, colgado de un barranco, en medio de una calle y en otros lugares inhóspitos la gente vive expuesta en lugares donde la presencia de autoridad es ausente o no se interesan por aplicar la ley.

“Toda persona tiene derecho a una vivienda digna con servicios básicos esenciales. El Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho”, así lo establece la Constitución de la República en su artículo 59.

La migración histórica hacia las zonas rurales de las ciudades es un viejo fenómeno que se repite con el tiempo, la gente migra en busca de mejor vida, por cuestiones económicas, estudios, por oportunidades para su desarrollo y otras razones.

Las personas de menos o ningún poder adquisitivo, ensanchan las zonas de mayor vulnerabilidad y hacinamiento. ¿Por qué ocurre? Virginia Pastor, técnica del área de producción social del hábitat de Ciudad Alternativa, atribuye la situación a la dejadez del Estado en asumir el mandato constitucional.

Entiende que al Estado no asumir el compromiso, se deja crecer el problema: “El problema es del Estado, pero no quiere asumir que es un problema, deja construir donde sea y luego que ya tiene el problema, intenta buscar soluciones y las soluciones suelen ser parches aquí, muevo gente de aquí, pero no tengo una reglamentación y una ley de ordenamiento territorial que diga aquí no se puede construir”.

Abogó por un plan de ordenamiento territorial (proyecto que está en el Congreso) que establezca dónde se puede construir y dónde no, para ella es lo primero y básico, además de la planificación de la ciudad por parte de las autoridades competentes.

Leni Mesa, técnica de gestión de riesgo, también de Ciudad Alternativa, asegura que existe un marco legal para la gestión de riesgo, pero no un marco de referencia para el ordenamiento territorial. Aclaró que existe la Ley 147-02 para la gestión de riesgo, pero que no es tomada en cuenta en los aspectos de prevención y mitigación para que la gente y el Estado den respuestas oportunas.

“Existe la ley, pero no un plan que convierta en realidad lo que la ley bellamente establece, está la Defensa Civil que no tiene recursos para manejarse, igual la Cruz Roja, hay un plan en el municipio que no lo conoce nadie que, por ejemplo, en la temporada ciclónica hay que enseñárselo porque la mayoría no lo conoce, es como si no hay normativa y sí hay normativa, lo que no hay es procesos de seguimiento”, detalló. 

En cambio, Carmen Reynoso, de la misma entidad que Leni Mesa, dijo que hasta el momento lo que se ha estado haciendo en cuestión de gestión de riesgo son las formaciones de redes comunitarias que les dan el primer auxilio a la comunidad. Han estado formadas en cuanto a la gestión de riesgo, rescate y evacuación en las zonas vulnerables.

“El ayuntamiento, que se ha cohibido de cosas que son capaces de hacer o gestionar como la construcción en zonas vulnerables, el ayuntamiento debe garantizar que eso no suceda, porque al momento de establecerse un asentamiento humano, lo que hace es adecuar la zona legitimando el lugar de alto riesgo”.

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