A pesar de estar diagnosticado con un carcinoma epidermoide en la lengua que le habría llevado a la muerte, Pedro Castillo Paniagua (Quirinito) hablaba perfectamente, según fuentes cercanas al caso. Las informaciones que han salido a relucir durante la investigación, indican que este peleaba mucho y que se resistía a ser atendido por el personal del recinto carcelario, indicando que no sería asistido por ninguna curandera. Por sugerencia del médico oncólogo César Núñez, este debía usar silla de ruedas, la que solo utilizaba exclusivamente para las audiencias junto a un tanque de oxígeno, supuestamente para hacer el cuadro más dramático. La Procuraduría General de la República continúa con interrogatorios y entrevistas a personas que tuvieron que ver con el caso del Castillo, quien tras variarle una prisión penitenciaria por domiciliaria, alegando enfermedad, habría muerto, pero el cuerpo no aparece. Ayer representantes del Ministerio Público entrevistó por casi nueve horas a Raquel Brito, directora del Centro Penitenciario de San Francisco de Macorís y su asistente María Gutiérrez. “En su momento el procurador dará declaraciones sobre las investigaciones que estamos realizando”, dijo anoche el investigador Domingo Cabrera, tras las entrevistas a las funcionarias junto a otros representantes de la Procuraduría. “No tengo ningún conocimiento sobre eso. Las autoridades correspondiente son las que darán las informaciones”, dijo Brito López a periodistas a su salida tras la entrevistas. El abogado Israel Rosario fue uno de los tres que subió a estrado para la solicitud de cambio de sistema penitenciario por domiciliario, quien confesó que asistió dos veces a audiencia y que fue contratado por el abogado Félix Portes, que también contrató a las otras dos abogadas de la defensa. Portes habría sido quien coordinó la defensa y pagó también a las abogadas Ivanna Rodríguez Hernández y Rocío Reyes Inoa. Hasta el momento han sido interrogadas 10 personas sobre el caso, incluidos los médicos que atendieron a Castillo Paniagua del supuesto padecimiento; abogados, médico legista, familiares y miembros del Ministerio Público y el sistema penitenciario. La Procuraduría dijo que tenía evidencias que le permitían afirmar que Quirinito está vivo. Por el caso ya fueron suspendidos los procuradores de corte de San Francisco de Macorís, Felipe Restituyo y José Calasanz, y el supervisor del Medio Libre de gestión penitenciaria, Franklin Ortega. El Consejo del Poder Judicial (CPJ) suspendió a los jueces de San Cristóbal y de San Francisco de Macorís, Willy de Jesús Núñez y Aleyda Jiménez.