El consumo de productos ultraprocesados y dietas altas en grasas saturadas, azúcares y sodio va cada vez más en aumento y, con ello, los riesgos asociados a padecer sobrepeso y obesidad a nivel mundial, una realidad que no escapa a la República Dominicana, donde siete de cada diez adultos reportan una de estas dos afecciones, conforme a datos del Ministerio de Salud Pública.
En ese contexto, el Etiquetado Frontal de Advertencia Nutricional -un sello colocado delante de los productos envasados para indicar, con octágonos negros, si los alimentos contienen estos y otros componentes en exceso- podría convertirse en una política pública clave para la prevención de estas enfermedades, sin añadir costos significativos a las industrias que incidan en el ganancia final del producto.
Para el asesor regional en Nutrición de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Fabio Da Silva Gómes, el etiquetado frontal -cuya resolución se encuentra aún bajo revisión y discusión entre el sector salud y el sector industrial- representa una forma más clara y directa de informar a la población sobre qué es lo que realmente están consumiendo.
Esto mejora su comprensión sobre el producto, más allá de las tablas nutricionales que, muchas veces, resultan “indescifrables”.
“Lo que sabemos, desde los años 70, es que los consumidores no toman más de dos o tres segundos para tomar una decisión cuando se trata de compras que hacen de manera repetida. Tenemos que tener una herramienta que nos facilite tomar esa decisión”, ponderó.
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En esto coincide la oficial superior de Políticas de Seguridad Alimentaria y Nutrición de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Daniela Godoy.
“Hemos visto una disminución, en los últimos años, de la prevalencia de hambre, pero vamos viendo un aumento del sobrepeso y la obesidad, que son problemas multicausales que requieren una serie de políticas públicas para poder abordarlo”, apuntó.
Añadió que estas políticas deben incentivar, tanto al consumo de alimentos más saludables, como a que las industrias alimenticias reformulen sus productos para que sean de mayor provecho para la salud.
“Son políticas públicas basadas en la evidencia”Oficial superior de Políticas de Seguridad Alimentaria y Nutrición de la FAO.
Regulación y costos
Da Silva destacó que una de las ventajas de este tipo de etiquetado frontal es que, si bien existen costos iniciales de adaptación, estos suelen ser mínimos y a menudo implican cambios simples, como actualizar las placas de impresión para las etiquetas.
“El costo es tan bajo, que no se genera ningún incremento de ganancia de alimentos a los productos”, agregó, tras recordar que esto solo aplicaría a aquellos envases cuyo contenido sobrepasa los parámetros de sodio, azúcares o grasas, por lo que no todos los productos llevarían la etiqueta.
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Gremios como la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) han expresado su preocupación ante la propuesta de resolución que el Ministerio de Salud Pública trata de impulsar desde diciembre del año pasado, abogando a que una medida como esta debe tomarse asegurando el cumplimiento del etiquetado básico y sin discriminar a la producción nacional frente a las importaciones.
Da Silva reconoció que no existe un solo sistema armonizado que clasifique qué tipo de etiqueta o cuáles advertencias debe llevar un determinado producto en América Latina y el Caribe.
Sin embargo, indicó que las empresas ya están habituadas a cumplir con la legislación de cada país al momento de pillar o vender productos hacia el exterior, por lo que esta medida tampoco tendría un impacto negativo ni para las importaciones ni para las exportaciones dominicanas.
Por el contrario: entiende que, de aprobarse la resolución para la colocación del etiquetado, la República Dominicana no solo reafirmaría su compromiso con garantizar la salud pública, sino que se convertiría en la primera nación de Centroamérica y el Caribe que tendría un sistema de etiquetado que pudiera marcar una pauta a seguir para otras naciones que evalúan proyectos en curso.
Patricia Grullón, quien dirige el programa de Nutrición del Ministerio de Salud Pública, indicó que la propuesta que está en discusión incluiría etiquetas que adviertan sobre exceso de sodio, azúcares añadidos, grasas trans, grasas totales y edulcorantes.
“Actualmente, estamos en proceso de sistematizar y analizar todas las observaciones que recibió el país, tanto nacionales como internacionales, para en mesas técnicas discutir la pertinencia de las observaciones recibidas”, manifestó.
Explicó que, de aprobarse la resolución, esta sería aplicada tanto a los productos locales como a los productos importados.
Resultados
Godoy indicó que, tanto en los países de América Latina que han colocado el etiquetado –como Chile, México, Argentina o Perú–, como en otras naciones alrededor del mundo, se observan resultados como:
- Aumento de la información sobre cómo se componen los alimentos
- Mejora su conocimiento en todos los grupos de edad, incluyendo niños y pacientes mayores con comorbilidades como hipertensión o diabetes
- Disminuye la compra y el consumo de alimentos ultraprocesados
- No disminuye los salarios ni los ingresos de las empresas
“Son políticas públicas basadas en la evidencia”, concluyó.
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