
El gobierno de Donald Trump demandó el jueves a la ciudad de Boston y a sus dirigentes en un fresco intento por invalidar políticas que se consideran como una interferencia con la aplicación de las leyes de inmigración.
La demanda alega que las políticas de ciudad santuario de Boston son ilegales bajo la ley federal, y que la negativa de la ciudad a cooperar con las autoridades de inmigración ha resultado en la liberación de criminales peligrosos que deberían ser deportados.
“La ciudad de Boston y su alcaldesa han sido algunos de los peores infractores en Estados Unidos en relación con las políticas santuario; aplican explícitamente políticas diseñadas para socavar la aplicación de la ley y proteger a los extranjeros ilegales de la justicia”, afirmó la secretaria de Justicia federal Pam Bondi. “Si Boston no protege a sus ciudadanos del crimen cometido por extranjeros ilegales, este Departamento de Justicia lo hará”.
El gobierno federal ha presentado demandas similares contra otras ciudades, incluyendo Los Ángeles, Nueva York, Denver y Rochester, Nueva York. Demandó a cuatro ciudades de Nueva Jersey en mayo.
La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, quien fue nombrada parte acusadora en la más reciente demanda, señaló el jueves en un comunicado que Boston “defenderá vigorosamente nuestras leyes y los derechos constitucionales de las ciudades”.
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“No sorprende este ataque inconstitucional contra nuestra ciudad”, dijo Wu. “Boston es una comunidad próspera, el centro económico y cultural de Nueva Inglaterra, y la ciudad más segura del país —pero este gobierno está decidido a atacar a nuestra comunidad para promover su propia agenda autoritaria”.
No existe una definición estricta de ciudad santuario, pero el término generalmente describe lugares que limitan la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (o ICE, por sus siglas en inglés). El ICE aplica las leyes de inmigración a nivel nacional, pero solicita ayuda a autoridades estatales y locales para identificar a inmigrantes buscados para deportación y detenerlos hasta que son recogidos por agentes federales.