Por Raúl Germán Bautista.- Hoy lunes 22 de septiembre, a partir de las 9:00 de la mañana, el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional evacuará la sentencia contra Jairo González y otros implicados en una estafa multimillonaria que involucra más de 15 millones de dólares, 34 millones de pesos dominicanos y más de 3 millones en criptomonedas en perjuicio de más de 400 personas.
Este caso fue sacado a la luz pública por N Investiga, de Nuria Piera, luego de recibir varias quejas de los clientes de González.
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El Ministerio Público ha solicitado para Jairo Joel González Durán, principal acusado, 20 años de prisión, el pago de 400 salarios mínimos, una multa adicional, la inhabilitación permanente para ejercer funciones vinculadas al sistema financiero y el decomiso de los bienes adquiridos con los fondos ilícitos.
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Respecto a Kelmin Santos Rodríguez y Leandro González Espinal, el órgano acusador solicita una condena de 10 años de prisión, el pago de 200 salarios mínimos y la inhabilitación permanente para operar en el mercado financiero. En el caso de Moisés Darío González Rodríguez y William Mejía Martínez, se pide una condena de 5 años, el pago de 200 salarios mínimos y la inhabilitación por diez años.
Entre los bienes que el Ministerio Público solicita decomisar se encuentran apartamentos ubicados en el Distrito Nacional y Playa Nueva Romana, unidades funcionales en el condominio Náutica Business Center y vehículos de lujo como un Lamborghini Urus 2019, un Audi Q8 2020, una Lincoln Navigator 2021 y una Chevrolet Tahoe 2017.
Además, se solicitó que los acusados Jairo Joel González Durán, Kelmin Santos Rodríguez, Moisés Darío González Rodríguez y William Mejía Martínez asuman el pago de las costas del proceso penal. En el caso de Leandro González Espinal, se pidió que le sean compensadas las costas por estar representado por un defensor público.
Los imputados enfrentan cargos por violación a los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal de la República Dominicana; el artículo 351, numeral 4, de la Ley 249-17 sobre el Mercado de Valores; el artículo 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y los artículos 3 y 9 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
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