El jurista argentino Alberto Binder, presidente del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INECIP), exhortó a la República Dominicana a profundizar las reformas en el sistema de justicia penal, incluyendo la implementación del sistema de jurados, la planificación estratégica del Ministerio Público y la profesionalización de jueces y defensores.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista realizada por la jueza Carol Modesto, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo, en el marco de una conversación sobre los desafíos del proceso penal acusatorio en América Latina, indica una nota de prensa.
Binder, reconocido asesor de reformas judiciales en la región, aseguró que el país tiene una oportunidad histórica de avanzar hacia una justicia más democrática, transparente y eficiente.
“Si no avanzamos hacia un sistema de jurados, la relación con la sociedad seguirá siendo frágil”, afirmó, al tiempo que recordó que República Dominicana estuvo cerca de aprobar este modelo en el pasado.
Entre los temas abordados, el experto señaló como prioritarios:
- Sistema de jurados: Considerado esencial para fortalecer la legitimidad democrática del sistema penal.
- Prisión preventiva: La calificó como “la institución maldita del derecho procesal” y abogó por su uso estrictamente excepcional, proponiendo alternativas como supervisión electrónica y fianzas sociales.
- Acceso a la justicia: Subrayó la necesidad de fortalecer las jurisdicciones civil, laboral y de pequeñas causas para descongestionar la justicia penal.
- Ministerio Público: Propuso una reorganización basada en planificación estratégica de casos, en colaboración con la policía, para evitar investigaciones rutinarias y priorizar los delitos de mayor impacto.
Binder también hizo un llamado directo a los jueces del país:
“Jueces verdaderamente profesionales, independientes y abiertos a la sociedad. Ese es el perfil que necesita el sistema acusatorio“, expresó.
El jurista concluyó su intervención invitando a República Dominicana a liderar una nueva etapa de reformas judiciales en América Latina, basada en la participación ciudadana y la eficiencia institucional.
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