

El presidente Gustavo Petro lanzó acusaciones contra Estados Unidos y República Dominicana tras el hundimiento de una lancha rápida en aguas del Caribe, ocurrido el pasado 19 de septiembre.
Según el mandatario, el ataque pudo haber ocasionado la muerte de ciudadanos colombianos y, de confirmarse esa hipótesis, los responsables serían directamente funcionarios de ambos países.
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A través de su cuenta en la red social X, Petro escribió: “Si la lancha fue hundida en República Dominicana, entonces es posible que fueran colombianos. Esto significa que funcionarios de EE. UU. y República Dominicana serían culpables de asesinato de ciudadanos colombianos”.

El jefe de Estado pidió que “la investigación avance” y exhortó a las madres de jóvenes desaparecidos en esos días a denunciar ante las autoridades competentes. Además, cuestionó la legalidad del procedimiento al asegurar que “no hay norma en ningún derecho que permita tirar misiles a lanchas con jóvenes desarmados en el mar, cualquiera que sea su actividad”.
En un mensaje adicional, previo a su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas, Petro extendió su crítica al ámbito internacional: “Han caído misiles sobre jóvenes desarmados, entonces están asesinando jóvenes con misiles por orden de un presidente que es de los Estados Unidos (…) no es solo la descertificación personal a Petro, es el asesinato de más de 15 jóvenes”.
Según él, la ONU se ha convertido en cómplice de lo que está ocurriendo en el mar Caribe con los ataques estadounidenses.

El hundimiento de la lancha ocurrió a 80 millas náuticas de Isla Beata, en la provincia de Pedernales, República Dominicana. Allí, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con el Comando Sur de Estados Unidos y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur, interceptó la embarcación señalada como operada por “narcoterroristas”.
El operativo incluyó un ataque aéreo estadounidense que provocó la destrucción de parte de la carga y el hundimiento de la lancha. De acuerdo con Carlos Devers, vocero de la DNCD, fueron recuperados 377 paquetes de droga, mientras que otros 60 resultaron destruidos durante la explosión. En total, las autoridades reportaron cerca de 1.000 kilogramos de cocaína incautados.
El expresidente Donald Trump confirmó en su red social Truth Social que el ataque fue una orden directa suya. “Por orden mía, el secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una organización terrorista designada que se dedicaba al narcotráfico”, afirmó, acompañando su mensaje con un video del bombardeo.
La publicación generó polémica, pues sugiere que las operaciones militares ordenadas por su administración continúan teniendo efectos en la región, incluso tras dejar la Casa Blanca.

Las declaraciones de Petro ponen en entredicho la estrategia de “ataques letales” en altamar, defendida por Washington como parte de la lucha contra el narcotráfico, pero cuestionada por Colombia como una práctica que viola el derecho internacional y los derechos humanos.
El episodio se enmarca en un contexto de creciente militarización del Caribe, donde desde agosto EE. UU. mantiene un despliegue naval para frenar los cargamentos de droga procedentes de Venezuela. En lo que va de la operación, al menos tres embarcaciones han sido destruidas bajo circunstancias similares, generando preocupación por posibles ejecuciones extrajudiciales en el mar.
De confirmarse la presencia de colombianos entre los tripulantes, se presume que el caso podría escalar a instancias internacionales y abrir un fresco frente diplomático entre Bogotá, Washington y Santo Domingo.