El presidente Andrés Manuel López Obrador ha vaticinado un posible revés al Fondo de Pensiones para el Bienestar desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La advertencia que desde la oposición se ha hecho de presentar acciones de inconstitucionalidad tras la publicación de la reforma ha puesto sobre la mesa del Gobierno la posibilidad de que sea impugnada y se imposibilite su aplicación. El mandatario ha cargado nuevamente contra los ministros y los ha responsabilizado con antelación del futuro del fideicomiso. “Va a depender del Poder Judicial”, deslizó este martes el presidente mexicano en su conferencia matutina. El proyecto, que reforma seis leyes secundarias y aún espera su aprobación en el Senado, echa mano de las cuentas inactivas de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) de los trabajadores mayores de 70 años que no las reclamen para crear un fondo que inicialmente contempla 40.000 millones de pesos. El objetivo, de acuerdo al mandatario y al partido Morena, es crear un fideicomiso público que financie las pensiones con los ahorros de los trabajadores de la tercera edad.
López Obrador celebró la aprobación de la reforma la noche de este lunes en la Cámara de Diputados. La propuesta, aunque tiene la firma velada del mandatario, fue presentada por el coordinador de Morena, Ignacio Mier, junto con su compañera de bancada, Ivonne Cisneros. El proyecto espera pasar el último filtro legislativo, sin embargo, los números están del lado de Morena y sus aliados. Por tratarse de una reforma legal únicamente se requiere de mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los legisladores y la bancada mayoritaria cuenta con ella.
La oposición ha apostado una vez más por recurrir a la vía judicial ante la imposibilidad de frenar las reformas del oficialismo desde el Congreso. Ya alistan la caballería para que una vez que las nuevas disposiciones sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se presenten los recursos de inconstitucionalidad ante la Corte por “el robo” de los ahorros de trabajadores, toda vez que se decomisarán sin previa autorización. López Obrador ha reconocido que hay peligro y ha cargado nuevamente contra los ministros y, de paso, los ha responsabilizado con anticipación del posible revés al fondo de pensiones. “Si, hay ese riesgo de que declaren inconstitucional la ley, sin fundamento, porque la Suprema Corte y el Poder Judicial, con honrosas excepciones, están al servicio de las minorías”, lanzó el presidente quien ha revivido el capítulo de la reforma eléctrica que fue impugnada.
“Vamos a ver qué actitud asumen las ministras y los ministros. De todas maneras nosotros tenemos la obligación moral de hacerlo. Va a depender del Poder Judicial, no hay ningún fundamento para declarar inconstitucional la ley, solo la fobia de algunos ministros de la Corte en contra de lo que nosotros representamos pero sí se actúa legalmente no hay fundamento”, dijo el presidente mexicano.
López Obrador ha dedicado buena parte de su conferencia de este martes para explicar los alcances de la reforma. Ha sostenido que con ello se garantizan jubilaciones con el 100% del último sueldo a los trabajadores, aunque esta especificación no se lee en el proyecto. También ha dicho que la reforma comenzará a funcionar el próximo mes y que beneficia a cerca de 28 millones de trabajadores. “No se dejen engañar porque hay una campaña en contra, están diciendo que nosotros nos vamos a robar las pensiones”, respondió a los señalamientos de la oposición.
El mandatario ha reiterado que este fideicomiso será financiado con las cuentas no reclamadas de las Afores, así como de lo confiscado por el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles y de Mexicana de Aviación, la aerolínea comercial del Gobierno. Con esta reforma las Afores, así como los Institutos del Seguro Social (IMSS), de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infornavit), deberán transferir los recursos de las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada, vivienda y vejez cuando los trabajadores no activos cumplan 70 años y no hayan reclamado sus ahorros. En el caso del ISSSTE —donde cotizan los servidores públicos—, la transferencia se aplicará a partir de los 75 años.
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