Asesinado a tiros el coronel Élmer Fernández, director de la cárcel La Modelo de Bogotá

Colombia llevaba varios años sin asesinatos que conmocionaran a la sociedad. Hasta este jueves. El director de la cárcel La Modelo de Bogotá, el coronel en retiro Élmer Fernández, ha sido asesinado cuando se movilizaba en su vehículo, cerca a la intersección de la calle 80 con carrera 30, en el norte de la ciudad. La noticia ha sido confirmada inicialmente por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien informó que la Policía ha activado un plan candado en la capital para capturar pronto a los responsables del homicidio. También dijo que se han reforzado las medidas de seguridad para que los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), responsables de las prisiones en Colombia, puedan cumplir su labor con garantías. El coronel Fernández, quien perteneció a la Policía hasta el año 2017, había recibido amenazas en las últimas semanas, desde que llegó a manejar una de sus dos grandes cárceles de la capital. Lo hizo poco después de que el Gobierno hubiera decretado una emergencia carcelaria debido a un plan para asesinar a los guardianes del INPEC.

En el momento del atentado, Fernández, de 58 años, se movilizaba en un carro gris de marca Nissan, modelo Kicks y placas del municipio de Madrid (Cundinamarca). El vehículo no tenía blindaje ―según el director del INPEC, coronel Daniel Gutiérrez, por falta de recursos—. El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general José Daniel Gualdrón, relató que el coronel salió alrededor de las cuatro de la tarde junto con el subdirector del penal, a quien dejó en su residencia. Desde allí, se dirigió a su casa, cuando dos sicarios en una moto se acercaron al carro y lo asesinaron con un único disparo que entró por el vidrio de la ventanilla del pasajero. Fernández murió en el lugar de los hechos, pocos minutos antes de las seis de la tarde.

El crimen ocurrió en la localidad de Barrios Unidos, de clase media, cerca de un sector de venta de muebles. El carro quedó girado, perpendicular al sentido del tráfico, en la calzada más oriental de la carrera 30, una de las principales avenidas que atraviesan a Bogotá de norte a sur. Pocos metros más adelante, hacia el norte, está el puente de la calle 80, otra avenida que cruza la ciudad, en su caso de oriente a occidente. Tras el asesinato, el tránsito vehicular por la avenida 30, también llamada Ciudad de Quito, fue suspendido. Por el momento no hay más información sobre el delito ni datos de sus responsables.

Después del crimen, el ministro de Justicia se reunió con el general William Salamanca, director general de la Policía, y a varios otros altos mandos de la fuerza pública. Tras el encuentro, afirmó que tienen “indicios certeros” que permitirán la captura y judicialización de los responsables del asesinato. “Las investigaciones policiales en estas pocas horas que han transcurrido desde que ocurrió el homicidio van muy adelantadas”, aseguró. También informó que habló con el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para cambiar y mejorar con urgencia los esquemas de seguridad de los funcionarios del INPEC cuya integridad corra más riesgo.

De igual manera, el ministro Osuna dijo que el sistema carcelario en Colombia está “controlado” y que ataques como el de este jueves obedecen a retaliaciones: “Suceden cosas como estas de hoy, que todos sabemos que son retaliaciones precisamente por la contundencia y la efectividad de las actuaciones que está teniendo la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el propio sistema carcelario”.

Algunas hipótesis apuntan a dos posibles instigadores del crimen: un hombre conocido como Pedro Pluma y otro como Pipe Tuluá. El alias del primero aparece en un panfleto que recibió el coronel Fernández hace una semana. “De parte de Pedro Pluma para el director que si se vuelve a meter de requisa para el patio le mato la familia. Para que vea que yo si tengo poder y si me trasladan le mato la familia” [sic]. La nota termina con la fecha del 9 de mayo pasado. Esa misma noche alguien hizo tres disparos contra una pared externa de la cárcel, según reportó entonces la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).

Por su parte, Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, es señalado de liderar una banda que se hace llamar Muerte a Guardianes Opresores (MAGO), responsable de varias intimidaciones contra funcionarios del INPEC. En febrero pasado, desde prisión, orquestó un fin de semana de violencia y caos en Tuluá (Valle del Cauca) como represalia por la captura de su hermano, Mauricio Marín Silva, alias Nacho. Pipe Tuluá estaba recluido en la cárcel Picaleña en Ibagué (Tolima), y fue trasladado a La Picota, en Bogotá. La decisión iba justo en contra de la principal exigencia de los miembros de MAGO a las autoridades: que no los trasladen de cárcel.

El coronel Fernández había asumido la dirección de la Modelo, una de las dos principales cárceles de Bogotá, el pasado 4 de abril. Según el presidente Gustavo Petro, entre sus funciones al frente del penal estaban las de impartir disciplina y hacer requisas aleatorias. En ellas era frecuente que los guardianes se incautaran de teléfonos móviles que usaban varios reclusos para extorsionar o amenazar desde la cárcel. El fallecido director también había ordenado cambiar de patio a algunos presos para tratar de desarticular bandas que delinquían en la prisión.

El riesgo que corren los funcionarios del INPEC no se limita solo a Bogotá. En febrero pasado fueron hallados varios panfletos con los que la banda MAGO amenazaba a los guardianes del instituto en la cárcel de Armenia (Quindío). Las intimidaciones se sumaban a otras acciones violentas contra funcionarios de la entidad, como entre las que hubo asesinatos en Cartagena y en Cúcuta, y atentados contra otros en Medellín, La Plata (Huila) y Jamundí (Valle del Cauca).

En ese momento, el ministro Osuna explicó: “En la lucha contra la criminalidad que desde el Gobierno hemos emprendido ha habido unos golpes muy contundentes a cabecillas de estructuras criminales de alto impacto. Lamentablemente, eso ha traído como represalia por parte de algunas estructuras varios atentados contra funcionarios del INPEC”. La crisis por los atentados contra el INPEC llevó al Gobierno nacional a declarar en febrero pasado una emergencia carcelaria, la cuarta emitida en los últimos 20 años en Colombia.

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