El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció la noche del domingo en cadena nacional que presentará una iniciativa de ley del Ministerio Público (MP) con el objetivo de destituir a la fiscal general, Consuelo Porras, señalada nacional e internacionalmente de “socavar la democracia” en ese país e intentar un “golpe de Estado” para evitar en enero pasado la toma de posesión del mandatario.
Desde que el presidente quedó electo en agosto de 2023, ha intentado varios caminos para remover a Porras del cargo. La citó en dos ocasiones. La primera no asistió y la segunda vez se retiró pocos minutos después, por lo que el procurador general de la Nación la denunció y presentó una solicitud de antejuicio en su contra por “incumplimiento de deberes”.
Después, el secretario general de la Presidencia solicitó una opinión consultiva sobre la “honorabilidad” de Porras ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para que esta decida si es apta para continuar en el cargo, pero ambas acciones del Gobierno no han tenido respuesta. Ahora Arévalo utiliza otro recurso que es del reformar la ley del Ministerio Público.
“El oscuro ciclo de Consuelo Porras debe terminar ya (…). No puedo tolerar que esta injusticia continúe. He decidido presentar al Congreso de la República una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público, la cual abrirá el camino para que la fiscal general rinda (…) y sea removida de su cargo en el marco de la ley”, dijo Arévalo en cadena nacional transmitida por la noche. “En Guatemala el Ministerio Público denuncia y encarcela a quienes denuncia la corrupción, mientras perdona y exculpa a quienes roban al pueblo su permanencia en el puesto genera temor”, agregó.
Horas antes del anuncio el MP publicó un comunicado en sus redes sociales para informar de que presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para que esta “ordene” al presidente que se abstenga de adoptar medidas políticas, nacionales e internacionales. “Estas acciones ilegitimas y arbitrarias denotan una clara intención de alterar la seguridad democrática del país y una grave amenaza para el Estado de Derecho”, señala el pronunciamiento del Ministerio Público.
Consuelo Porras ha sido sancionada en dos ocasiones por Estados Unidos e incluida en la lista de actores “corruptos y antidemocráticos”. Además, tiene prohibición de entrar a más de 20 países que se sumaron a las medidas dictadas por los estadounidenses en 2021 y 2022. La fiscal general ha dicho varias veces que no renunciará al cargo y que se mantendrá en su puesto hasta que finalice en mayo de 2026.
La decisión de modificar la ley del MP y destituir a Porras queda ahora en manos del Congreso en el que Arévalo no tiene mayoría pues sus 23 diputados de 160 que conforman el Legislativo no pueden figurar como bancada sino como independientes. Y, aunque sus votos cuentan, han demostrado en lo que va del año que no han logrado consolidar una alianza fuerte con los partidos de oposición.
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