El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha citado este miércoles al comandante en jefe del Ejército, el general Javier Iturriaga, a un encuentro en el Palacio de La Moneda para conocer los detalles de la muerte del soldado conscripto Franco Vargas, de 19 años, que falleció el pasado 27 de abril durante el cumplimiento de su servicio militar en la localidad de Putre, en la región de Arica y Parinacota, a 2.160 kilómetros al norte de Santiago de Chile.
El mandatario de izquierdas ha hablado por primera vez del caso, el que ha causado conmoción en el país sudamericano y que ha complicado a la rama de las Fuerzas Armadas. “Por la memoria de Franco corresponde conocer toda la verdad, que se esclarezcan los detalles de los hechos y se asuman las responsabilidades que corresponda. Verdad y justicia”, ha dicho. Boric convocó al general Iturriaga y a la ministra de Defensa, Maya Fernández, para que asistan a la reunión en la sede del Gobierno chileno una vez finalizada su gira por la región de O’Higgins, el viernes.
El presidente ha dicho además que durante el próximo lunes recibirá a Rommy Vargas, la madre del conscripto fallecido. “Supe que estuvo también en diferentes instancias para que se conozca esto terrible que pasó y, si bien nada puede aplacar el dolor de la pérdida de un hijo, quiero que sepan que la vamos a apoyar y vamos a preocuparnos que se sepa toda la verdad”, ha manifestado.
El general Javier Iturriaga había anunciado el martes que un oficial comandante de sección, tres suboficiales comandantes de escuadra y dos suboficiales que participaron en la ejecución de la marcha de instrucción habían sido relevados de sus mandos. Ellos se sumaban a otros dos oficiales que habrían estado al mando del ejercicio militar, y que también fueron sacados de sus labores. “Mientras la investigación siga en curso se asume la presunción de inocencia. Mientras no se comprueben sus responsabilidades efectivas por parte del fiscal militar, de la fiscalía o de un nuevo ministro en visita si así la Corte Marcial lo decide”, dijo el jefe castrense.
El caso ha escalado a niveles políticos y ha tenido como principal blanco de la controversia al propio general Iturriaga. Algunos diputados del Frente Amplio (FA), la formación oficialista de izquierda a la que pertenece el presidente Boric, han pedido la renuncia del jefe militar. La portavoz del Ejecutivo, Camila Vallejo, ha explicado este miércoles que se esperará el avance de las investigaciones y que cualquier decisión sobre el futuro de Iturriaga dependerá del mandatario. “Siempre el presidente de la República está evaluando las personas que son de su confianza”, ha dicho la ministra.
La Corte Suprema designa a una jueza especial
Este miércoles, la Corte Suprema de Chile ha designado a la presidenta de la Corte Marcial, Jenny Book Reyes, como ministra en visita para revisar los hechos ocurridos en esa fatídica jornada, los que dejaron además a 45 militares con problemas de salud, dos de los cuales quedaron en estado de gravedad.
El máximo tribunal del país sudamericano ha nombrado a la jueza Book en una sesión extraordinaria, en la que se accedió a una solicitud de la Fiscalía Militar. La magistrada, que viajará durante esta misma jornada a la región de Arica y Parinacota, se enfocará en determinar las causas del incidente que terminó con el deceso del conscripto, que pertenecía a la Brigada Motorizada N 24° Huamachuco de la VI División Ejército. “Esta es una causa de justicia militar, por lo tanto, es un procedimiento penal antiguo, escrito y secreto. Por lo mismo, no podemos informar las diligencias a cabalidad o con mucha precisión”, ha dicho la ministra en visita.
De acuerdo a las versiones iniciales del Ejército, Vargas presentó problemas respiratorios durante un descanso en medio de una marcha de instrucción desde el Campo de Entrenamiento Pacollo hacia el Cuartel Militar de Putre. El soldado conscripto fue inicialmente estabilizado por los equipos de la enfermería del regimiento y luego fue enviado a un centro de salud local, en donde se confirmó su muerte. Las institución dijo además que otros 45 soldados conscriptos de la misma unidad sufrieron un cuadro infeccioso de origen respiratorio.
El relato oficial ha sido rechazado por los otros conscriptos del regimiento, quienes han denunciado múltiples situaciones de maltrato que habrían cometido sus superiores en medio de la instrucción militar. Estos testimonios contradictorios han llevado a la madre del soldado fallecido a exigir que el caso sea indagado por la justicia civil.
La muerte del joven soldado ha derivado en la apertura de al menos tres investigaciones paralelas, entre ellas una de la justicia civil. El pasado martes, el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, anunció que iniciará una indagatoria tras la presentación de una denuncia por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), un organismo estatal autónomo encargado de la protección de los derechos humanos en Chile, por el delito de apremios ilegítimos.
La Subsecretaría para las Fuerzas Armadas ha dicho que 114 conscriptos dejarán la brigada. Varios de ellos abandonarán su servicio militar por razones de salud, por causas económicas o por renuncia debido al impacto emocional provocado por la muerte de Vargas.
Este caso ha hecho revivir una de las más grandes tragedias ocurridas en el Ejército de Chile en tiempos de paz. En 2005, un suboficial y 44 conscriptos que hacían su servicio militar murieron tras obedecer las órdenes de sus superiores, quienes los enviaron a una marcha en la zona cordillerana de Antuco, en la sureña región del Biobío, con bajas temperaturas y un viento blanco. Cinco militares fueron procesados por su responsabilidad en las muertes.
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