El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha expresado este jueves su rechazo a la idea planteada por la oposición de derechas durante el trámite en el Congreso del proyecto de ley de Regla de Uso de la Fuerza (RUF) para las policías y el personal de las Fuerzas Armadas. La oposición buscaba reponer la participación de los tribunales militares en la investigación de los delitos cometidos por los uniformados durante el cumplimiento de sus funciones.
El mandatario ha hablado sobre el tema casi una semana después de que las comisiones unidas de Constitución y de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobaran un artículo que impulsaba el establecimiento de la justicia militar, norma que finalmente fue rechazada en la sala de la Cámara Baja por solo un voto de diferencia (72 votos a favor, 71 en contra y una abstención). “Lo que nosotros hemos dicho es que, en materia de competencia, que hoy día son de competencia civil, durante mi Gobierno no se van a restablecer los tribunales militares. La justicia militar es una justicia para tiempos de guerra, para casos muy específicos, y durante nuestro Gobierno, insisto, no se van a volver a tener tribunales militares revisando casos que corresponden y son de competencia de los tribunales civiles”, ha dicho Boric durante una entrevista a Radio Rancagua.
La postura del presidente ha sido complementada por las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien el viernes pasado —cuando la ley estaba en pleno debate en la cámara— reclamó que la incorporación de la justicia militar a la ley de RUF había sido incorporada “a último minuto” y advirtió que el Ejecutivo de izquierdas llegaría hasta el Tribunal Constitucional (TC) para frenarla.
Fuera del Gobierno han surgido voces contrarias a la participación de los tribunales militares. El fiscal nacional, Ángel Valencia, ha cuestionado que los parlamentarios intenten sacar las causas de la justicia civil. “Es una mala señal si esa decisión se fundamenta en desconfianza, en que se considere que no hay suficiente capacidad técnica, o muy mala señal si se fundara en que se estima que no es suficiente objetividad por parte de la institución o suficiente imparcialidad por parte de los tribunales de justicia”, ha manifestado el abogado este jueves en una entrevista a Radio Duna.
La discusión sobre el uso de la fuerza de las policías y de las Fuerzas Armadas en medio de la crisis de seguridad se aceleró tras el asesinato de tres carabineros en el municipio de Cañete, en la sureña región del Biobío, ocurrido el pasado 27 de abril. El impacto del crimen llevó los parlamentarios a acelerar el trámite de varios proyectos de ley que buscaban reforzar las labores de seguridad pública.
La discusión entre el oficialismo y la oposición
En Chile, los tribunales militares corresponden a una jurisdicción especial destinada a revisar los delitos especificados en el Código de Justicia Militar, en especial crímenes de guerra; las infracciones al Código Aeronáutico; o las infracciones a las leyes sobre reclutamiento y movilización. Durante décadas la norma no precisaba qué ocurría cuando un civil participaba en estos hechos. Una reforma aplicada en 2016 estableció que los tribunales militares no se harían parte de un proceso en el que esté involucrado un militar y un civil, y que esas causas debían ser revisadas por la justicia ordinaria. “En ningún caso, los civiles y los menores de edad, que revistan la calidad de víctimas o de imputados, estarán sujetos a la competencia de los tribunales militares. La competencia en estos casos siempre se radicará en los tribunales ordinarios con competencia en materia penal”, señala la normativa vigente.
En medio de la discusión por la RUF para los funcionarios policiales y de las Fuerzas Armadas, los diputados de Chile Vamos, de la derecha tradicional; y del Partido Republicano, de la extrema derecha, impulsaron un artículo que reponía la actuación de los tribunales militares en delitos cometidos por informados en cuatro escenarios: bajo el régimen de un estado de excepción constitucional; en el resguardo de la infraestructura crítica; en el cuidado de las zonas fronterizas; y en la vigilancia de los procesos electorales. Aquello no hacía diferenciación si el otro involucrado en los hechos investigados era un civil.
La izquierda oficialista criticó la propuesta de la oposición de derechas y recordó que la actuación de la justicia militar durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) fue clave en la persecución de los opositores debido a su secretismo y al papel de los propios militares en el juicio a sus pares. Entre los argumentos del bloque progresista también apareció el caso del conscripto Franco Vargas, que falleció el 27 de abril pasado mientras cumplía con su servicio militar en Putre, en el extremo norte del país sudamericano. La familia del soldado fallecido ha exigido que el hecho sea revisado por la justicia civil.
El tema también ha abierto una grieta en el centro político. Los diputados de Demócratas y Amarillos por Chile, formaciones surgidas a partir de la desaparecida coalición de centroizquierda Concertación, votaron a favor de la reposición de la justicia militar. La acción fue rechazada por la exdiputada democristiana y actual militante de Amarillos, Mariana Aylwin, quien recordó que su padre, el expresidente Patricio Aylwin (1918-2016), fue un firme opositor al sistema de justicia militar que rigió durante la dictadura. La también exministra de Educación ha compartido en su cuenta de X (antes Twitter) un texto firmado por su padre en 1987, que lleva como título Breves reflexiones sobre los tribunales militares.
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