El rifirrafe entre el canciller (e.) Luis Gilberto Murillo y el exsecretario general de la entidad, José Antonio Salazar, que partió de las decisiones sobre la millonaria licitación de pasaportes, está subiendo de tono.
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Murillo salió a advertir que Salazar actuó de manera inconsulta a la hora de adjudicar el contrato de suministro de pasaportes. Y Salazar le acaba de responder que él no sabe del tema porque es ingeniero de minas. Pero le lanzó otro dardo.
Luis Gilberto Murillo, embajador y canciller encargado.
Aseguró que está inhabilitado para ocupar cargos públicos por haber sido condenado por peculado por destinación diferente.
EL TIEMPO indagó que Murillo celebró el contrato N° 104 del 5 de septiembre de 1994 con un particular, para la reparación locativa de la Escuela “Pascual de Andagoya”, por cinco millones de pesos, destinando de manera diferente los recursos imputados al programa denominado “saneamiento ambiental en zonas mineras del Departamento del Chocó”, para invertirlos en el sector educación.
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La pena impuesta fue de seis meses de prisión, interdicción de derechos y funciones públicas por el término de un año y multa de un (1) mil pesos.
Contra el fallo condenatorio aludido se interpuso recurso de casación, en la modalidad de discrecional. Sin embargo, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia lo inadmitió por falta de técnica, por medio de providencia del 17 de marzo de 1998, razón lo cual quedó ejecutoriada la sentencia condenatoria.
¿Lo inhabilita?
Esto fue lo que resolvió la Corte Constitucional sobre el caso de Murillo.
Corte Constitucional
Salazar citó que el artículo 122 de la Constitución prohíbe que una persona que haya sido condenada en cualquier tiempo ocupe un cargo público.
Esto señala el artículo 122: “Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior”.
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Este mismo episodio ya había salido a relucir cuando Murillo fue fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo. En esa ocasión el caso quedó jurídicamente resuelto.
Los temas de fondo
Reseña de la Corte Constitucional sobre el proceso de Murillo.
Corte Constitucional
Más allá de las acusaciones, la justicia tendrá que establecer si al momento de revocar la resolución que declaró desierta la primera licitación de pasaportes y adjudicarle el contrato por 599 mil millones de pesos a Thomas Greg, Salazar tenía o no facultades.
Desde el viernes de la semana pasada, EL TIEMPO reveló que el propio canciller Murillo le devolvió las facultades para hacerse cargo de la licitación y en eso sustenta su polémica decisión Salazar.
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Sin embargo, el presidente Petro lo calificó de traidor y dijo que el contrato es corrupto, por lo que ordenaba firmar su insubsistencia.
El presidente Gustavo Petro aseguró que firmará la insubsistencia de Salazar.
“El secretario general de la cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata. El contrato es corrupto y aquí está metida la capacidad de la empresa particular en todo los procesos de Thomas Greg & Sons y en la monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada“, señaló el presidente en redes.
(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO).
EL TIEMPO le consultó a la Cancillería si se iba a emitir un comunicado al respecto y aseguraron que se estaba evaluando el tema. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores le dijeron a EL TIEMPO que las declaraciones de Salazar distan de la realidad porque Murillo ha venido ocupando cargos públicos y de estar inhabilitado no hubiese podido hacerlo.
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