Ningún entrenador de fútbol desea dirigir un equipo que pasa por una mala racha y está enemistado con su afición. Pero así llegó Carlos Carrillo a la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Su antecesor, Olmedo López, salió del cargo con una denuncia penal presentada por el propio Gobierno al que pertenecía, después de que la prensa reveló irregularidades en la celebración de un contrato por 46.800 millones de pesos (12 millones de dólares) para adquirir 40 carrotanques que suministrarían agua en el departamento de La Guajira, el más pobre del país. Carrillo fue elegido por el presidente Gustavo Petro para enderezar el rumbo de la institución, una misión que el exconcejal de Bogotá por el izquierdista Polo Democrático ha señalado como difícil. Cada día se conocen nuevas anomalías, algunas expuestas por él mismo.
El 11 de marzo, en el corto evento en el que Petro tomó el juramento a Carrillo, le advirtió sobre los retos que se aproximaban. “Venimos de un episodio algo truculento que nos trae a estas circunstancias. Le toca a usted recoger la entidad, investigar a fondo”, dijo refiriéndose a lo ocurrido con López, un tradicional político antioqueño de izquierda, designado en el cargo por el mismo presidente. No han transcurrido dos semanas y ya Carrillo reconoció que la UNGRD realizó pagos “que no son necesariamente justificados” para contratar maquinaria destinada a atender deslizamientos, que tiene dudas sobre la compra de otros 40 carrotanques por 29.000 millones (7,2 millones de dólares) y que ninguno de los 80 carrotanques cuenta con las pólizas necesarias para operar.
En conversación con EL PAÍS, Carrillo explica que sus pesquisas en la entidad continúan y que no descarta nuevos hallazgos. “Es una entidad repleta de personas decentes y capaces, que han permitido que la institución mantenga su misionalidad, debo reconocerlo. Pero también hay una polémica de enormes proporciones, que considero que puede ser aún mayor. No puedo emitir juicios, no me corresponde por las funciones de mi cargo, pero parece claro que las irregularidades vienen de mucho tiempo atrás”, afirma.
Una particularidad que ha enfrentado en estos 10 días ha sido su pulso con Ana María Castaño, la secretaria general de la institución designada por López y quien se niega a dimitir alegando que tiene derecho a una estabilidad laboral reforzada debido a que está esperando un bebé. Castaño contó a Semana que presentó su carta de renuncia el 4 de marzo, después de que se confirmara la salida de López, pero que se retractó tres días más tarde, al enterarse del resultado positivo de una prueba de embarazo. W Radio reveló que desde febrero, López le permitió “la facultad de contratación y ordenación del gasto, sin límite de cuantía”, por lo que Castaño suma al poder usual de un secretario general, encargado de todo el funcionamiento administrativo de una entidad, el de manejar todos los contratos.
Por ello, para Carrillo, Castaño era “la mano derecha” del anterior director. Opina que, más allá de su salida, debería suspender el ejercicio de sus funciones. “Ni siquiera he podido nombrar a un secretario general de mi confianza porque la persona nombrada por Olmedo ha decidido quedarse atornillada al cargo. Eso no es, de ninguna manera, un buen indicio. En el momento de un cambio de dirección, lo primero que hace un directivo es presentar su renuncia protocolaria. Es un asunto de modales. Acá, al parecer, no”.
Más allá del mea culpa del Gobierno Nacional respecto de lo acontecido en la UNGRD, del que Carrillo es su cara más visible, existe el riesgo de que la alta cifra de dinero involucrado en estos escándalos no se recupere. El exconcejal le pone el pecho a esa realidad. “Si me pregunta, el escándalo del señor Olmedo López es responsabilidad del Gobierno. Por supuesto que lo es. Este es un Gobierno que está dispuesto a asumir las responsabilidades políticas”, afirma.
Asevera que la entidad viene con problemas desde antes de la gestión de López, un viejo miembro del Polo Democrático que ha sido cercano al senador conservador Carlos Trujillo. Carrillo vincula a su antecesor y compañero de partido con sectores políticos tradicionales con los que se hicieron alianzas “en un primer momento del Gobierno”, y reitera que líos hasta ahora desconocidos pueden salir a la luz. “El señor Olmedo López era un líder regional sin mayor visibilidad en el país. No era precisamente un peso pesado de la política. Mi intuición me dice que si hubo algún tipo de crimen, insisto, seguramente se cometió en asocio con grandes poderes, que actúan detrás de esos más pequeños poderes. No lo puedo determinar yo, le compete a las autoridades”.
El contrato de los carrotanques, que dio origen a la coyuntura presente, fue entregado por la UNGRD a Impoamericana Roger SAS, una sociedad basada en Cúcuta, Norte de Santander, especializada en el comercio de productos enlatados y cuyo capital suscrito de 726 millones de pesos (127.000 dólares) es muy inferior a la millonaria operación que se le encargó. Carrillo, en su corta estancia, encontró que a esa compañía se le asignó otro negocio, avaluado en 31.700 millones (7,9 millones de dólares), para adquirir 20 carros de bomberos.
Es incierto determinar a dónde irá a pasar el escándalo. Carrillo, por orden del presidente, cumple con la doble función de dirigir la UNGRD y auditar sus contratos. Prefiere ser cauto sobre cuándo podrá la institución funcionar sin inconvenientes. “Yo no me atrevería a dar un estimativo de tiempo. Esperemos que sea lo antes posible”.
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