Carlos Martínez, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, ha expuesto las razones por las que la reforma constitucional planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para el sistema de vivienda pública favorecerá sobre todo a los trabajadores, Lo ha dicho este jueves en el foro Vivienda Justa y Prosperidad Compartida organizado por el Espacio Cultural Infonavit, Urban Front y EL PAÍS. Martínez ha asegurado que uno de los pilares de esta reforma, que ha sido adoptada también por el Gobierno de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, es el sistema de renta que se pondrá en marcha para los trabajadores: “El Infonavit plantea poner un sistema de renta social que no exceda el 30% del salario”, aseguró, en una medida sin precedentes, que es parte de la transformación que ha anunciado en instituto en el futuro de la industria.
Además, Martínez asegura que la reforma planteada por el presidente —que de ser aprobada partiría de la modificación del artículo 123 de la Constitución— busca lograr que el Estado y las distintas instituciones gubernamentales se planteen la construcción de un millón de viviendas adicionales para las familias mexicanas. También, que sean los trabajadores quienes decidan si después de 10 años de rentar quieren comprar la vivienda.
Esto es parte de dos de los pilares más fuertes de la reforma, según el director del Infonavit, que transformarán la manera en la que ha funcionado la asignación de los recursos para la vivienda. “La reforma tiene dos objetivos principales, la primera es que el Infonavit pueda financiar la construcción de vivienda de forma directa, y el segundo, que pone un esquema de renta en México que lamentablemente no existe aún”, dijo Martínez. “El modelo de hipotecas de 30 años y tasa fija era un modelo donde hacía que los trabajadores no se fueran a huelga, por estar con una deuda permanente […] Encontramos deudas impagables, de cuatro o cinco veces el valor de la casa y que era imposible que las familias pagaran. Un modelo destinado al fracaso. En estos años nos ha tocado construir una visión diferente, primero, asegurar la tenencia, dar seguridad a los tenedores de vivienda. Y dar sistemas de crédito más flexibles y accesibles. Hay un modelo alternativo”, explicó.
El funcionario dijo que 16% de las personas en México rentan una propiedad, y ellas mismas no tienen esquemas que les permitan tener seguridad jurídica, en un contexto en el que las rentas ocurren de forma irregular y hay actos de discriminación. “Esto expone a las personas que no tienen acceso a la vivienda a la expulsión de los centros urbanos de la ciudad. Y eso tienen efectos. Las ciudades dejan de ser diversas con espacios seguros. Permite que las ciudades vayan convirtiéndose en algo distinto a lo que se pensaba”, dijo.
Sobre el millón de viviendas que buscan construir durante el próximo Gobierno que encabezará Sheinbaum, Martínez aseguró que no puede tratarse solo de un plan de construcción, sino de brindar a esos nuevos hogares de espacios en los que ya se cuente con escuelas, centros comunitarios, vías de comunicación, movilidad accesible, un espacio cerrado de construcción integral. Martínez criticó a los sexenios pasados por mantener proyectos de construcción de vivienda en los que primero se construían las casas y después se procuraba que llegaran los principales servicios.
También aclaró varios aspectos que habían sido elemento de polémica durante el anuncio de la reforma: aseguró que la autoproducción no era lo mismo con autoconstrucción, y que esa nueva forma de hacer las cosas busca integrar en las decisiones, de principio a fin, a los trabajadores, propietarios finales de su patrimonio. “Ha sido una estrategia nacional que nos ha puesto en marcha para que los programas vayan hacia las personas”, aseguró. Y dijo que los retos que encontrarán en el camino tratarán de cómo financiar las cooperativas de vivienda; buscar que las personas tengan acceso a financiamiento y recursos. “La reforma es necesaria, al agotarse un esquema de vivienda que estaba totalmente descontrolado, que era un urbanismo totalmente depredador que además estaba subsidiado por el Estado”, explicó.
Sobre las especulaciones sobre si el Instituto que representa cuenta con los recursos suficientes para ejecutar los cambios, Martínez dijo: “El Infonavit sí tiene los recursos suficientes debido a sus políticas salariales impulsadas por el Gobierno de López Obrador. Hay que terminar con un modelo destructivo que se fomentó desde el Estado mexicano”, y señaló que un 81% de la población está a favor de la reforma.
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