Cuál es el modelo de seguridad de Nayib Bukele y por qué se expande por América Latina

Desde entonces, el llamado ‘modelo Bukele’ -el nombre popularmente dado al conjunto de estrategias implementadas por el mandatario para enfrentar la violencia de las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, se ha vuelto muy famoso en la región. En parte, gracias a su reducción en los niveles de homicidios e inseguridad en El Salvador, antes considerado uno de los países más peligrosos del mundo. 

Incluso ya son varias las naciones que se han “inspirado” en su estado de excepción o en sus megacárceles para hacerle frente a la delincuencia en sus territorios.

Es el caso de Honduras, cuya presidenta Xiomara Castro instauró un régimen de excepción en diciembre de 2022 debido al aumento de los delitos de extorsión, secuestro y sicariato, aunque sin mayores resultados. 

También lo hizo el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa al instaurar en enero el estado de excepción y el “conflicto armado interno” tras la violencia desatada en las calles por la fuga de prisión de ‘Alias Fito’, el líder de la banda los Choneros. El ecuatoriano también presentó en enero un proyecto para construir dos megacárceles de máxima seguridad para recuperar el control de los centros penitenciarios.

La estrategia de Bukele ha sonado igualmente en las campañas presidenciales o locales de países como Guatemala, Costa Rica, Perú o Chile.

Tal es su éxito que Bukele es, de hecho, el presidente más popular de la región. Según el sondeo de la Sociedad de las Américas y el Consejo de las Américas, su popularidad asciende al 88 por ciento, seguido del mandatario dominicano, Luis Abinader, que no obstante se queda casi 20 puntos atrás del salvadoreño (69 por ciento de respaldo).

Y si bien cada vez son más los políticos que quieren inspirarse en El Salvador o los ciudadanos que piden estrategias de mano dura contra la criminalidad en sus países, en esos dos años, el modelo también ha sido foco de críticas por parte de la comunidad internacional y las organizaciones sociales, que denuncian detenciones arbitrarias y presuntas violaciones a los derechos humanos.

¿Cómo opera la estrategia de seguridad de Bukele y por qué se ha comenzado a expandir por América Latina? ¿Puede tener éxito en otras naciones? 

Así funciona el ‘modelo Bukele’

En 2015, El Salvador reportaba una tasa de homicidios de más de 100 por cada 100.000 habitantes. Según un informe de Insight Crime, una fundación dedicada al estudio de la seguridad en América Latina, esa nación centroamericana se había convertido en 2015 en la más violenta del hemisferio occidental gracias a las rivalidades y el accionar de las pandillas MS13 y Barrio 18, dedicadas al secuestro, la extorsión y la venta de drogas en el entorno local.

Y aunque cuando Bukele asumió la presidencia en 2019 la tasa de homicidios ya había logrado una importante reducción, al pasar a 38 por cada 100.000 habitantes, el país mantenía una de las tasas más altas del mundo. Lo que motivó a Bukele a poner en marcha el Plan Control Territorial, una estrategia de siete fases que incluye desde pasos para recuperar el control de los territorios hasta el aumento del componente represivo contra los pandilleros.

Pese a que su modelo de seguridad llevaba más de dos años en marcha para 2022, la violencia desatada a finales de marzo, que se saldó con 87 muertos en solo tres días, llevó a Bukele a pedir al Congreso la implementación de un régimen de excepción para combatir a los grupos criminales.

La medida, que inicialmente operaría por 30 días, se convirtió en la principal herramienta de su plan de seguridad y hoy alcanza 24 prórrogas en el Congreso. La última de ellas, por otros 30 días, estará vigente hasta el 10 de abril.

Con el estado de excepción, en el que se ha detenido a 78.000 personas, El Salvador suspendió varias garantías constitucionales. Se permitieron así detenciones sin orden judicial, la intervención de las comunicaciones y hasta se amplió de 72 horas a 15 días el plazo para llevar a los detenidos ante un juez.

Pero, el gobierno también hizo varias reformas al Código Penal con la intención de aumentar las penas contra los capturados, creó juicios colectivos que permiten juzgar en una misma sentencia hasta a 900 presos e implementó los denominados ‘jueces sin rostro’.

El plan contra las pandillas incluye, además, los denominados cercos militares: bloqueos a ciudades enteras para capturar delincuentes, y hasta la construcción de un mega Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una cárcel inaugurada en enero de 2023 con capacidad para 40.000 personas.

¿Ha funcionado el plan de Bukele para la seguridad?

Dos años después, la estrategia del mandatario parece haber tenido éxito. La medida prácticamente ha borrado la violencia de las pandillas de las comunidades, lo que fortaleció la popularidad de Bukele y facilitó su cuestionada reelección en febrero.

En 2023, la tasa de homicidios cerró en 2,4 por cada 100.000 habitantes, con un promedio diario de muertes de 0,4, según los datos de la Policía Nacional Civil, y el gobierno espera que la tasa sea aún más baja en 2024. Y las pandillas, que antes controlaban el 80 por ciento del territorio, hoy no tienen poder en El Salvador.

“Ya no existen esas fronteras imaginarias, y la población ya no tiene que rendirle ningún tipo de tributo, ni pago de extorsiones a nadie para poder moverse y poder salir de su casa”, explicó el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, al canal 10 de televisión.

La percepción de inseguridad también disminuyó considerablemente en el país. Mientras entre 2014 y 2019 hasta un 80 por ciento de los salvadoreños decían que la delincuencia era su mayor preocupación, según el Instituto Universitario de Opinión Pública; para finales de 2023 solo el 2,6 por ciento de los salvadoreños indicó que la delincuencia era su gran inquietud.

“Ahora uno se siente más confiado al viajar en los autobuses, ya no se ven pandilleros pidiendo dinero a los pasajeros”, dijo a la AFP un profesor salvadoreño de 40 años. “Hoy hay tranquilidad, ya no tenemos extorsiones, el peligro ha pasado”, dice por su parte la dueña de una tienda mayorista.

Hoy hay tranquilidad, ya no tenemos extorsiones, el peligro ha pasado

Pero, las ONG aseguran que el costo humanitario de la estrategia ha sido alto. Socorro Jurídico Humanitario (SJH) o Cristosal denuncian al menos 240 muertes en custodia estatal, junto con 6.000 denuncias de atropellos, detenciones arbitrarias o torturas.

“Hay una disminución de la criminalidad que se atribuye a las pandillas. La ciudadanía percibe un mayor grado de seguridad. Pero al mismo tiempo, hay una serie de personas que fueron detenidas sin imputárseles un delito o sin comprobárseles alguna participación”, le dijo a EL TIEMPO Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana El Salvador.

En su informe de 2023, Amnistía Internacional también denunció que el estado de excepción “conllevó violaciones masivas de derechos humanos y el debilitamiento del Estado de derecho”. La organización calcula que en El Salvador el 1,7 por ciento de las personas mayores de 18 años se encuentran detenidas, posicionando a esa nación como una de las de mayor tasa de población penal en el mundo.

¿Su modelo es aplicable en otros países?

Lo cierto es que en una región como América Latina, que según la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito tiene la mayor proporción de homicidios relacionados con el crimen organizado y concentra ocho de los diez países con las tasas de homicidios más altas en el mundo, la popularidad de la estrategia de ‘mano dura’ de Bukele se expande como espuma.

“Cuando tiene que ver con seguridad ciudadana, la narrativa autoritaria pega. En el discurso político, el tema de la mano dura, el aumento de pena, la represión, el ataque al crimen y demás es llamativo para la ciudadanía porque ciertamente hay una angustia terrible. Los niveles de homicidios, de feminicidios, de extorsiones, en el caso centroamericano, son enormes”, explica a EL TIEMPO Ana María Méndez, directora para Centroamérica de Wola, sobre las razones que han llevado a la estrategia de Bukele a ser tan popular.

Otros analistas como Renato Rivera, del Observatorio de Crimen Organizado, aseguran que la militarización de la lucha contra el crimen organizado no es nueva en América Latina, sino que hoy en día está representada por un jefe de Estado puntual como lo es el salvadoreño.

“Lo que vemos es un ciclo de recurrir históricamente a las Fuerzas Armadas ante los problemas de inseguridad. Esto goza de muchísima aceptación y legitimidad popular, por lo que se apela al populismo y se ve a las Fuerzas Armadas como la única salida para responder al crimen organizado”, menciona.

Pero los expertos aseguran que el llamado ‘modelo Bukele’ no tiene espacio para el éxito en otros lugares de la región. “Aunque estuvieran dispuestos a hacer los mismos compromisos que ha hecho el gobierno de Bukele —calles más seguras empleando métodos diametralmente opuestos a la democracia— quizá no conseguirían los mismos resultados. Las condiciones que hicieron posible el éxito de Bukele y su notoriedad política son únicas de El Salvador y no son exportables”, afirmó al respecto el investigador y experto en estudios latinoamericanos Will Freeman en una columna del New York Times.

En primer lugar, explica Freeman, las pandillas de El Salvador difieren en gran medida de las organizaciones criminales sólidas que operan en otros países de la región como México o Colombia. Las maras, dice el analista, contaban con armamento y finanzas mucho más limitadas y, a diferencia de los grupos de narco, no se convirtieron en actores importantes del comercio de drogas a nivel global.

Las organizaciones criminales tienen más dinero, tienen más conexiones internacionales y están mucho mejor armadas

“La historia no sería tan sencilla en otras partes de América Latina, donde las organizaciones criminales tienen más dinero, tienen más conexiones internacionales y están mucho mejor armadas de lo que estaban las pandillas de El Salvador”, asegura.

En ello concuerda la directora de Wola para Centroamérica, que asegura que “los grupos del crimen organizado que operan en Ecuador, por ejemplo, no son los mismos grupos que las maras y pandillas o en el caso mexicano, la presencia del narcotráfico es tan grande y toda la capacidad instalada que tienen estas grandes redes del crimen organizado transnacional no podrían ser atacadas con el miedo, el terror y el uso de la fuerza como lo ha hecho Bukele”.

El internacionalista Álvaro Díaz también destaca en un análisis de Geopol21 que características como el tamaño poblacional de El Salvador versus otros países de la región y hasta las condiciones geográficas de la nación centroamericana han favorecido la implementación de estrategias de control territorial de Bukele, aunque no ocurriría igual en otros lugares. Así, mientras la violencia en El Salvador se concentra en núcleos urbanos, en otros como Colombia o México la localización de grupos armados se da sobre todo en zonas rurales o de difícil acceso.

“El Salvador es un país cinco veces más pequeño que su vecino, y no digamos ya que otros Estados del tamaño de México, Colombia o Argentina. Su orografía, además, no es tan compleja como la de Perú ni su territorio alberga selvas tan densas y de tan difícil control. Su densidad de población también ha influido en el éxito del modelo”, agrega.

A pesar de su éxito en la reducción de la delincuencia, el modelo de Bukele tiene un costo muy importante

En su análisis para The New York Times, Freeman asegura “si otros Bukeles en potencia intentan copiar lo que él ha hecho, es más probable que solo imiten el lado sombrío del modelo de El Salvador y no sus logros”. ¿Las razones? Que los gobiernos se verían afectados por el contraataque de los grupos armados que intentan frenar y hasta el hecho de que podrían terminar afectando la transparencia, la democracia y el poder de las instituciones.

“A pesar de su éxito en la reducción de la delincuencia, el modelo de Bukele tiene un costo muy importante. Los imitadores deben tener cuidado: seguir el modelo de El Salvador no solo no funcionará, sino que, en el camino, intentar hacerlo podría causar daños perdurables a la democracia”, concluye Freeman.

En ese sentido, la directora de Wola Centroamérica asegura que el continente sí debe revisar y actualizar su actual modelo de seguridad, que no siempre da frutos para los ciudadanos, “pero siempre sobre la base de los derechos humanos”.

ANGIE NATALY RUIZ HURTADO – REDACCIÓN INTERNACIONAL – EL TIEMPO