La carrera interna para renovar la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) ha arrancado en medio de un incendio. La debacle en las elecciones del 2 de junio está arrastrando al partido conservador a una grave crisis que escala en cada episodio. Su presidente, Marko Cortés, lleva meses atrincherado ante las numerosas críticas dentro del partido que le exigen responsabilidades. La última ha venido este martes del expresidente Felipe Calderón, que ha cargado con dureza en las redes sociales acusándole de ser el dirigente que “que más daño le ha hecho en la historia a ese partido”. El intercambio público de acusaciones ilustra la pendiente por la que se desliza el partido, que desde hace tres años forma parte de una cuestionada alianza opositora con el PRI y el PRD. En este contexto, un puñado de panistas han levantado la mano para postularse como los posibles sucesores de Marko Cortés, al que le acusan también de maniobrar para colocar a un colaborador afín en la nueva dirección.
Los senadores Damián Zepeda y Kenia López Rabadán, el diputado Jorge Romero y la exdiputada Adriana Dávila son los panistas que han dando un paso al frente y suenan para competir en la interna. Algunas voces dentro del partido han puesto sobre la mesa abrir incluso la elección a la ciudadanía, lo que implica una reforma estatutaria. El reglamento vigente establece dos posibles formatos de elección: abierto a la militancia o bien a través del Consejo Nacional, integrado por unos 300 liderazgos del panismo en todo el país. Una comisión, integrada por miembros afines a Cortés, tomará la decisión. En los pasillos del partido ya perfilan que sea entre septiembre y octubre cuando se emita la convocatoria.
Las voces críticas con la actual presidencia sospechan que, si el proceso interno se limita al Consejo Nacional, sus posibilidades sean más escasas. Zepeda y Dávila representan esta posición, aunque dicen estar dispuestos a competir incluso si finalmente la convocatoria no se abra a toda la militancia. Dávila afirma que reconoce la probada trayectoria y honorabilidad de los integrantes de la comisión encargada, pero considera que existe un conflicto de interés que “puede enturbiar el proceso”.
La polémica se centra sobre todo en tres legisladores que integran la comisión electoral: Teresa Aranda, María Beatriz Zavala e Ignacio Loya. Los tres son subordinados de Jorge Romero, coordinador de la bancada de diputados federales, y afín a Cortés. Los más críticos deslizan incluso que Romero, que maneja un perfil bajo, es la apuesta continuista de la actual presidencia.
Otra de las aspirantes, aunque todavía no formalmente, la senadora López Rabadán, una de las voceras de la campaña de Xóchitl Gálvez y cercana también a Cortés, descarta cualquier intento de simulación en el proceso. “Me parece que no hay posibilidad de tener dados cargados en esta etapa del partido dados los resultados electorales. Pero será la militancia la que hable”.
El crudo enfrentamiento entre Cortés y Calderón, que incluyó menciones a Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad de Calderón condenado por narcotráfico, ha servido de combustible a los críticos de la Administración panista sobre la necesidad urgente de renovar la dirigencia con un perfil totalmente diferente. “La nueva dirigencia tiene que hablar de reconciliación, de entendimiento y la recuperación del diálogo entre nosotros. Este cruce de acusaciones lo único que evidencia es que no hay dirección, ni liderazgo”, cierra Dávila.
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