En un acto de completa indiferencia con la realidad de las mujeres, el Gobierno del presidente Daniel Noboa ha asignado al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos la gestión de la política criminal. En un país en el que una mujer es asesinada cada 27 horas, con una crisis de seguridad sin precedentes y en el que las mujeres se han convertido en un blanco más del crimen organizado: el 56% de los feminicidios reportados en 2023 se produjeron en contextos criminales. La noticia ha tomado por sorpresa a mujeres y colectivos feministas, quienes han expresado su rechazo a esta decisión que relega a todas las mujeres y niñas del país.
En un primer momento, la idea del Gobierno no fue “eliminar” sino “transformar” el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos en el Ministerio de la Política Criminal y Derechos Humanos. Así lo anunció el 20 de mayo de 2024 Esteban Torres, el viceministro de Gobierno. La justificación era “cubrir con mayor espectro y darle más facultades” a esta cartera. “No dejará de proteger los derechos de las mujeres, sino que va a tener una atención más integral”, argumentó.
Los cuestionamientos de las feministas no tardaron en llegar. Consideraban que esa “transformación” implicaba mucho más que un cambio de nombre. El Ministerio de la Mujer en Ecuador renunciaba al motivo por el que fue creado: erradicar la violencia de género. Con ella se echaba abajo años de lucha por conseguir un gabinete enfocado en prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
Virginia Gómez de la Torre, directora de Fundación Desafío —organización que trabaja en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas—, señala que, con la decisión, las mujeres ecuatorianas —el 51% de la población— quedan relegadas a segundo plano, en especial en un país que cada año acumula entre 300 y 350 mujeres asesinadas por razones de género. Sin visos de mejorar las cifras y la vida de las mujeres.
“Cuando nos enteramos, quedamos estupefactas. Las mujeres no queremos que se nos encargue la política criminal y no queremos que nos quiten el ministerio. Si es así, es un ministerio que no ha durado nada”, cuestiona Gómez de la Torre. La cartera de la Mujer y Derechos Humanos en Ecuador ha cumplido poco más de dos años desde su creación en noviembre de 2022, cuando reemplazó a la entonces Secretaría de Derechos Humanos, entre cuyas competencias estaba crear políticas públicas para las mujeres del país. El nuevo Ministerio se originó mediante un decreto Ejecutivo, tras años de lucha del movimiento feminista ecuatoriano y después del asesinato de María Belén Bernal dentro de la Escuela Superior de Policía por su pareja, un policía en servicio activo.
Para la representante de ONU Mujeres en Ecuador, Ana Belén Badilla, la creación del Ministerio de la Mujer como una decisión del Ejecutivo y no de la Asamblea Nacional implicaba que esta cartera tenía un estatus legal relativamente débil, “pero simbólicamente y políticamente muy importante, porque fue la primera vez que se creó un Ministerio de la Mujer con ese rango”. Pero desde su fundación, esta cartera ha recibido recursos mínimos para resolver problemas mayores. “Lo que existe actualmente es aquella Secretaría de Derechos Humanos pero con otro nombre, porque mantiene la misma estructura”, reflexiona Badilla.
Un par de horas más tarde, después del anuncio de que transformaría esta cartera, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos reculó el anuncio del viceministro. “El nombre de la entidad se mantiene y se adicionará lo relativo a la rectoría de política criminal, por lo que trabaja en la prevención y erradicación de la violencia basada en género”, anunció en un comunicado. Según la institución, esta decisión responde a la Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral, que le otorga competencias de política criminal y derechos humanos.
Rocío Rosero Garcés, presidente de la Corporación Violencia Cero, califica de desacierto sumar un tema tan complejo como la política criminal a un gabinete débil, sin estructura ministerial y sin presupuesto. Para 2024, los recursos del Ministerio de la Mujer han disminuido en un 23% en comparación con el año anterior, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta reducción se ve reflejada en la ausencia de respuestas frente a la violencia machista: menos casas de primera acogida, menos centros violenta y menos atención para rescatar a quienes viven violencia física, psicológica y sexual.
Encargar al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos la política criminal significa delegar el principal problema que tiene el Ecuador a una entidad que desconoce de la materia y que no ha terminado de resolver los problemas que viven todos los días las mujeres en el país. Esto es particularmente serio cuando la política criminal implica temas relacionados con la prevención del delito, el crimen organizado y la política de las prisiones, enfatiza Badilla. “La política criminal tiene una serie de componentes que en otros países es manejada por los ministerios de justicia”, agrega la funcionaria de ONU mujeres. En el caso de Ecuador, esta cartera no existe, pues fue eliminada en 2018.
“Si la política criminal se le asigna al Ministerio de la Mujer, el mayor riesgo que tenemos es debilitar esa institución”, explica Badilla, porque “la mayoría de los recursos, tiempo, capacidades y programas de esta cartera serán absorbidos por la política criminal, que es un desafío importante”. Rosero Garcés añade que atribuir estas competencias demuestra la poca importancia que las autoridades dan a ambos temas de contar con un mecanismo especializado en la igualdad de las mujeres y otro que atienda la política criminal. “Es como poner en un saco roto una enorme carga”.
ONU Mujeres América Latina y el Caribe recibió con “preocupación” la noticia y pidió a las autoridades ecuatorianas a mantener el Ministerio de la Mujer “como un ente independiente, con mandato específico y recursos suficientes para cumplir con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y el ejercicio de derechos de las mujeres y niñas ecuatorianas”.
Rosero Garcés y Gómez de la Torre coinciden en que no hay transparencia ni desde el Gobierno ni desde el propio Ministerio de la Mujer. Rosero sostiene que desconocen si la actual cartera de Estado pasará a convertirse en un viceministerio o volverá a ser una subsecretaria. Las autoridades no han aclarado a las mujeres qué pasará, cuál será la nueva estructura del Ministerio, y quién se encargará de él. “Lo que está diciendo el Presidente a las mujeres, niñas y adolescentes ecuatorianas es: ‘Tu vida no me interesa. Yo, de tu vida no me hago cargo. Hazte cargo tú misma porque lo que yo voy a hacer es dar dinero para enfrentar la inseguridad”.
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