Hace un par de semanas, diez militares fueron condenados por violar sistemáticamente a un grupo de campesinas en los años ochenta, en el denominado caso Manta y Vilca. Ese atisbo de justicia para el que tuvieron que esperar 40 años corre peligro debido a un proyecto de ley aprobado este jueves por la Comisión Permanente del Congreso. Con quince votos a favor, doce en contra y ninguna abstención se aprobó en segunda votación el proyecto de ley N° 6951 que librará de proceso judicial y de una condena a todo aquel que haya cometido delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra antes de julio de 2002, fecha en que entró en vigencia en el Perú el Estatuto de Roma.
“No es una ley con nombre propio”, dijo el presidente del Congreso, Alejandro Soto, durante el debate de la primera votación a inicios de junio. Pero varios parlamentarios y analistas han señalado que favorece directamente al expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por crímenes contra los derechos humanos —de los cuales cumplió solo dieciséis por un cuestionado indulto humanitario—, quien todavía tiene pendiente un juicio, por el caso Pativilca, donde es acusado de ser el autor mediato de una masacre a seis agricultores en 1992. Cuestión por la que podría volver a prisión, y que ha dado un giro con el accionar de la Cámara, pero también con el cierre de la Sala que veía el caso hace unos días.
Los otros beneficiados son los altos mandos de las fuerzas armadas como el grupo paramilitar Colina, quienes consumaron las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, aduciendo que las víctimas, estudiantes universitarios, profesores y civiles, eran terroristas. No es casual que uno de los coautores de este proyecto de ley sea el almirante retirado, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, José Cueto. “Lo único que se está tratando de hacer es que nuestros policías y militares que lucharon contra el terrorismo en esa época (entre los 80 y el 2.000) sean tratados como cualquier ciudadano”, señaló a France 24.
Este proyecto de ley, al que solo le falta la revisión y la firma de la presidenta Dina Boluarte, también favorecerá, por ejemplo, a Telmo Hurtado, un comandante que en 1985 perpetró la masacre de Accomarca, donde se aniquilaron a 69 ayacuchanos, entre ellos una veintena de niños. Hurtado purga prisión desde el 2007 y su pena concluirá todavía en mayo de 2026, pero con el visto bueno de la Comisión Permanente del Congreso su liberación está por verse. La llamada Ley de Amnistía también beneficiaría a Daniel Urresti, exministro del Interior y exparlamentario, quien fue condenado a 12 años de cárcel en abril del 2023 por ser el coautor del asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988, cuando era capitán y servía al Ejército. Urresti estuvo cerca de convertirse en alcalde de Lima en las últimas elecciones.
A mediados de junio, un grupo de relatores de derechos humanos de la ONU emitió un comunicado conjunto donde alertó que de aprobarse este proyecto de ley se estaría “obstaculizando el acceso a la justicia y el derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas” y que, por tanto, el Estado peruano iría en contra de sus obligaciones en virtud del derecho internacional. “La imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad es una norma de ius cogens y de derecho internacional consuetudinario, de la cual no se admite derogación alguna y a la cual el Perú debe adherirse”, remarcaron expertos como el jurista Bernard Duhaime, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, y también la presidenta del grupo de trabajo de desapariciones forzadas o involuntarias, Aua Baldé, entre otros.
En la víspera de la segunda votación del Congreso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas provisionales contra los deudos de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta —por las que fue condenado Fujimori— y, además, le exigió al Estado peruano que “a través de sus tres poderes, tome las acciones necesarias para que (este proyecto de prescripción de crímenes de lesa humanidad) no se adopte, se deje sin efecto o no se otorgue vigencia”. A la luz de los hechos, la Cámara ha hecho caso omiso y ha actuado en desacato.
La Ley de Amnistía, desde luego, también beneficiará a mandos terroristas. Un aspecto que al parecer le ha importado poco a las bancadas que votaron a favor. “Se va a generar una ventana de impunidad y mucha gente se va a fugar. ¿Se van a fugar los militares ancianos que hoy están en la cárcel? No, se van a fugar los terroristas que también van a ser liberados […] Uno no debe pensar en una norma en a quién favorece o a quién perjudica. La norma debe ser ciega”, ha señalado la exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello.
De acuerdo al Ministerio Público, con esta propuesta se pretende dejar en libertad a procesados de aproximadamente 600 casos relacionados a graves violaciones a los derechos humanos. En un informe del portal Ojo Público se informa que solo en una de las fiscalías que lleva casos emblemáticos del conflicto armado interno entre los años ochenta y dos mil se perjudicarán 22 procesos en curso. De archivarse se verían afectadas 558 víctimas.
El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica ha explicado que después de esta aprobación existen los siguientes escenarios: que el Ejecutivo observe la Ley y la devuelva al Congreso; en caso el Congreso la apruebe por insistencia los jueces podrían tener la facultad de no aplicarla, argumentando inconstitucionalidad; la sociedad civil, junto a la Defensoría del Pueblo, podrían elevar una demanda ante el Tribunal Constitucional. Habrá que ver si la presidenta Dina Boluarte le pone la firma.
Siga toda la información de El PAÍS América en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.