El Congreso de la República ha hundido este miércoles la reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro. La Comisión Séptima del Senado archivó por mayoría absoluta, con nueve votos por el sí y cinco por el no, la ponencia negativa del proyecto de ley que buscaba transformar de raíz el sistema sanitario de Colombia. La caída de esta reforma es la derrota política más dura que ha sufrido Petro en lo que va de su Gobierno. La decisión de los parlamentarios se da un día después de que la Superintendencia de Salud interviniera por problemas financieros a la EPS Sanitas, la más grande del país, con 5,7 millones de afiliados. Mientras se desarrollaba la votación, el Gobierno intervino la Nueva EPS, con más de 11 millones de usuarios.
Desde que llegó al poder, en agosto de 2022, el presidente priorizó el trámite de la reforma a la salud, por encima de sus otras dos grandes reformas sociales: la laboral y la pensional. Petro ha insistido en la necesidad de cambiar el sistema de aseguramiento privado que funciona en Colombia desde 1991 por uno mayoritariamente público en el que el Estado garantice el acceso a la salud para los ciudadanos. El primer mandatario de izquierda en llegar a la presidencia de Colombia está convencido de que es urgente modificar el modelo actual para que la salud no sea un negocio en el que se enriquezcan empresas privadas, sino un derecho fundamental, como lo establece la Constitución. La reforma, en concreto, pretendía eliminar la intermediación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) para que el dinero pasara directamente del Estado a las clínicas y hospitales. Los recursos de la salud cada año son de 80 billones de pesos, cerca de 20.000.000 dólares.
La insistencia del presidente en la fallida reforma a la salud le generó una primera gran crisis en el gabinete, que devino en la salida de los ministros más moderados: Alejandro Gaviria, Cecilia López y José Antonio Ocampo, quienes no están de acuerdo con cambiar el sistema actual y hoy en día son algunos de los principales críticos de las decisiones del presidente. El trámite de la reforma también rompió la coalición legislativa que había logrado Petro en el primer semestre de Gobierno, cuando pudo aprobar la reforma tributaria y el plan de desarrollo. Las diferencias sobre la reforma sanitaria, además, generaron el fin de las buenas relaciones del Gobierno con el Partido Liberal, el Partido de la U y el Partido Conservador, que fueron determinantes en el hundimiento del proyecto.
Los nueve senadores que votaron el archivo a la reforma son Norma Hurtado, del Partido de la U; Lorena Ríos Cuéllar, de Colombia Justa Libres; Honorio Henríquez y Alirio Barrera, del Centro democrático; Nadia Blel Scaff y José Alfredo Marín, del Partido Conservador; Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal; Ana Paola Agudelo, de MIRA y Berenice Bedoya de ASI. Todos estos partidos, excepto el MIRA, recibieron dinero para la campaña al Congreso en 2022 del grupo Keralty, dueño de la EPS Sanitas, y del grupo Bolívar, propietario de Salud Bolívar EPS. Los aportes suman más de 365.000 dólares, un porcentaje pequeño del total que recibió cada partido. Por el ingreso de esos dineros, los congresistas presentaron impedimentos por posible conflicto de interés que finalmente fueron rechazados por la comisión.
Norma Hurtado, del partido de la U, fue la senadora que defendió la ponencia de archivo en nombre todos los senadores opositores: “Teníamos la ilusión de que la reforma uniera al país, pero no fue así, lastimosamente la reforma nos ha dividido entre buenos y malos”, se quejó la senadora por la persecución que han sufrido los senadores desde que firmaron la ponencia de archivo, hace unas semanas. “El sistema de salud actual ha salvado millones de vidas”, insistió. La senadora, además, explicó que están de acuerdo varias cosas de la reforma, como la atención primaria en salud y en llevar clínicas y hospitales a los territorios más apartados de Colombia, pero no con cambiar el sistema de fondo. Hurtado terminó su intervención con una crítica a la poca claridad que ha dado el Gobierno sobre los costos de la reforma: “El ministerio de Hacienda ha brillado por su ausencia, no hay aval ni concepto financiero”.
Por parte del Gobierno, intervinieron el senador Wilson Arias, del Polo Democrático, el senador Omar Restrepo, de Comunes y el senador Ferney Silva, del Pacto Histórico. Arias criticó la financiación de los partidos por el grupo Keralty y denunció que había una “toma ilegal del Estado por parte de una multinacional”. Explicó, además, las altas cifras de mortalidad infantil de Colombia, las más graves de la OCDE. Restrepo afirmó con vehemencia que el sistema actual no garantiza el derecho a la salud y proyectó un video en el que se ve el mal estado de varios hospitales y centros de salud de las regiones. Silva, por su parte, insistió en que los privados han administrado de muy mala manera los recursos públicos girados por el Estado a las EPS. E insistió en que el único objetivo de la reforma era buscar el mejorar el servicio y la cobertura para los más pobres. La representante a la cámara, Martha Alfonso, que fue ponente de la reforma, intervino en el debate, criticó la inminente decisión de los senadores y terminó con una frase de Jorge Luis Borges: “La derrota tiene una dignidad que la ruidosa victoria no merece”.
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El ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, intervino minutos antes de la votación para intentar defender por última vez la reforma a la salud. Jaramillo insistió en que ante el hundimiento del proyecto, el Gobierno va hacia un proceso constituyente. Sus palabras se refieren a la propuesta que hizo hace unas semanas el presidente de una Asamblea Nacional Constituyente. El último en tomar la palabra fue el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. El ministro responsable de las reformas dijo que respetan la democracia y el orden institucional, pero expresó su desacuerdo con los senadores. “Nadie en esta comisión ha dicho que no se necesita la reforma a la salud, no entiendo por qué quieren archivarla”. Al final, los deseos del presidente tendrán que esperar al menos un año más. Los argumentos del Gobierno no fueron suficientes para salvar la reforma, que llevaba más de quince meses en un arduo trámite legislativo. Nada impidió que la mayoría de la comisión hundiera el proyecto definitivamente. Ahora, si el Gobierno quiere transformar el sistema, tendrá que construir una nueva propuesta de reforma desde cero para presentarla a partir del 20 de julio, en la próxima legislatura. La palabra la tiene el presidente.
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