Asesinado el segundo alcalde en menos de una semana en Ecuador. Habían transcurrido dos días desde el homicidio del alcalde José Sánchez, de Ponce Enriquez, una ciudad ubicada entre las montañas del Austro ecuatoriano, cuando un nuevo crimen ha sacudido a otra localidad del país. Esta vez se trata de Portovelo, en la provincia de El Oro. El regidor, Jorge Maldonado, fue asesinado la mañana del viernes en el centro de su ciudad. Ambos alcaldes fueron acribillados por sicarios. A los dos crímenes los separan 180 kilómetros, dos diferentes provincias, pero que comparten algo en común: sus ciudades se han construido sobre montañas que guardan millones de toneladas de oro, plata y cobre, que el crimen organizado ha transferido sus negocios hasta esas zonas, a través de la minería ilegal.
La política municipal se ha convertido en un trabajo mortal en Ecuador. Este es el tercer crimen a un alcalde que ha ocurrido en lo que va el 2024, y el cuarto en menos de un año. “Estos actos no son solo tragedias individuales, sino indicativos de una grave crisis de seguridad que pone en riesgo la vida de todos los líderes municipales”, escribió en X Patricio Maldonado, presidente de la Asociación de Municipalidades de Ecuador, AME. Es la única entidad que se ha pronunciado sobre los dos crímenes, el presidente Daniel Noboa y los funcionarios de su Gobierno han guardado silencio.
Son días complicados para el Ejecutivo que lidia con una crisis energética que mantiene a oscuras el país hasta por más de nueve horas cada día, y a pocos días de celebrar una consulta popular y referendo que convocó el mandatario. Son 11 preguntas de las cuales, nueve buscan hacer reformas legales y constitucionales que sirvan como herramientas para el control de la seguridad en el país. Pero a la papeleta no llegó ninguna pregunta sobre la minería ilegal, a pesar de que la Policía ha determinado que las bandas delictivas como Los Lobos, operan en ciudades con recursos mineros para lavar dinero y obtener minerales para después exportarlas irregularmente del país. Prácticamente, toda la zona sur de la sierra y oriente del país son vastos territorios mineros que carecen de control de las autoridades y donde el narco se ha incrustado a bala y sangre.
Ecuador está dividido en 221 municipios que están representados por un regidor y un cuerpo concejal que se conforman según la cantidad de población que tiene cada ciudad. Las autoridades asumieron sus cargos recién en mayo pasado, después de superar la campaña electoral más violenta que ha registrado el país sudamericano. Pero una vez en el cargo, las máximas autoridades de las ciudades siguieron siendo el objetivo del crimen organizado. La AME ha pedido al Gobierno que se realice un análisis de riesgo a los 221 alcaldes del país. Pero el proceso avanza a cuenta gotas, y hasta inicios de abril solo a 30 se les ha dado resguardo policial. “La integridad de nuestros alcaldes no es negociable. Demandamos soluciones ya, para que puedan seguir sirviendo a sus cantones sin temor por sus vidas”, señaló Maldonado. La última vez que el Gobierno respondió a este requerimiento fue después del crimen de Brigitte García, alcaldesa de San Vicente, cuando explicó que no cuenta con los recursos económicos para dar respuesta a todas las peticiones.
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