Ser fiscal general de Colombia es mucho más que un sueño para Luz Adriana Camargo. Inició su carrera hace 37 años como sustanciadora en Paloquemao, el complejo de juzgados penales en Bogotá, su disciplina la condujo a distintos cargos de relevancia —destacan sus etapas como magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y jefa de investigación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CIGIG)—, y se comprometió a ser una fiscal autónoma. Así lo dijo en su posesión, el 22 de marzo, en la Casa de Nariño, cuando dijo que planea ejecutar sus funciones “con orgullo e independencia”. Esa promesa ya fue puesta a prueba en uno de los casos más mediáticos que lleva la institución y Camargo ha salido airosa.
Dos días antes de que Camargo se juramentara en el cargo, la Fiscalía anunció que un fiscal presentó un escrito de acusación en contra de los tres policías involucrados en el interrogatorio a Marelbys Meza, la exniñera del hijo de Laura Sarabia, entonces jefa de gabinete y hoy directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE). Se trata del coronel Carlos Feria, jefe de la oficina de Protección Presidencial; el capitán Elkin Gómez; jefe de la Oficina de Polígrafos del Grupo de Estudios de Seguridad; y el intendente Jhon Sacristán. Los tres policías vienen siendo investigados desde 2023 por los delitos de abuso de la función pública, constreñimiento ilegal y peculado. A Sacristán, además, se le señala de acceso abusivo a sistema informático. Cuando estalló el escándalo, el Gobierno pagó un alto precio, que puede ser todavía mayor si la institución que lidera Camargo tiene éxito en sus intenciones.
Unos maletines con dinero se extraviaron en la residencia de Sarabia, quien lo reportó a las autoridades. Eso llevó a que su entonces empleada fuera trasladada a un edificio adscrito a la Presidencia para ser sometida a una prueba de polígrafo. La revelación de esos hechos fue el inicio de una avalancha de polémicas que incluye la interceptación ilegal de las comunicaciones de Meza y audios de Armando Benedetti, exembajador en Caracas, sugiriendo el ingreso de dineros no reportados a las cuentas de la campaña presidencial. El cataclismo político obligó al presidente a aceptar la renuncia de Sarabia, su mano derecha, y Benedetti. Tardó varios meses en reincorporarlos. A Sarabia primero la designó como cabeza del poderoso DAPRE y desde febrero como su nueva secretaria de Presidencia; a Benedetti ese mismo mes lo nombró como embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
En noviembre, un fiscal imputó cargos a Feria, Gómez y Sacristán ante un juez de control de garantías. Los tres se declararon inocentes. Que la Fiscalía proceda con la acusación indica que confía en que tiene pruebas suficientes para demostrar las irregularidades que endilga a los tres uniformados. El escrito de acusación señala que el coronel Feria, el de mayor rango y más cercano a Petro por su función en Presidencia, “habría dispuesto de un vehículo oficial para trasladar a Marelbys Meza desde su residencia en Soacha [un municipio adyacente a Bogotá], hasta el edificio Galán, donde funciona la Sala de Polígrafo de la Casa de Nariño” y que posteriormente, junto con Gómez y Sacristán, incurrió en atropellos “al vulnerar la autonomía de Meza y someterla a un trato injusto”.
Los abusos, según el documento, fueron evidentes. Tan pronto Meza llegó a la Oficina de Polígrafos, se le exigió que entregara su teléfono celular. Una vez respondió los interrogantes formulados, afirma la acusación, se le entregó de vuelta el dispositivo con el objetivo de que introdujera la clave de seguridad y después quitárselo a la fuerza. “Al parecer, la mujer desbloquea el equipo e inmediatamente el intendente se lo arrebató nuevamente y retuvo mientras extraía información”. El escrito advierte que los uniformados “hicieron preguntas que sugerían la responsabilidad de la exniñera en la pérdida del dinero”.
La sola acusación afecta la legitimidad del Gobierno, así la Fiscalía no investigue a Sarabia. Una eventual sentencia desfavorable a los uniformados sería todavía peor. El presidente, conocido por denunciar los excesos de la autoridad de sus antecesores cuando era opositor, vería cómo la justicia condena un caso cometido bajo su Administración y en el corazón del Ejecutivo.
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Este será uno de los primeros casos mediáticos que enfrente Camargo, quien deberá definir si la Fiscalía mantiene su conflicto frente a la Justicia Penal Militar, que solicita desde el 18 de marzo que el expediente del coronel Feria pase a ser de su competencia. La Fiscalía radicó el escrito de acusación, pese a que conocía de esta petición, por lo que la última palabra sobre quién adelantará el proceso quedará en manos de la Corte Constitucional.
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