Aunque el Gobierno ha instalado mesas de negociación con las dos grandes sombrillas de disidencias de las extintas FARC, en muchos territorios del país los frentes de esos mismos grupos parecen ajenos a la idea de paz. Fe de ello dan los habitantes de Miravalle, Caquetá, uno de los lugares en los que exguerrilleros firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 se han asentado. El frente Iván Díaz, afiliado al llamado Estado Mayor Central (EMC), ha acusado a esos firmantes de paz de ser cómplices de la Segunda Marquetalia, la otra gran disidencia. En una comunicación pública, los armados instan a los exfarc y a sus familias a abandonar un lugar que declaran “zona de conflicto”, todo lo contrario al lugar de reconciliación y reincorporación para el que se creó.
En 2018, durante la implementación del Acuerdo de Paz, se crearon 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), zonas en las que podrían hacer su vida civil, en comunidad, antiguos miembros de las entonces ya desaparecidas FARC. Lo han hecho con el apoyo de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, una de las entidades estatales fundamentales para implementar el Acuerdo de Paz. Pero ya seis han resultado en desplazamientos masivos tras amenazas de estructuras ilegales. Miravalle sería el séptimo. Lo sería, además, por una estructura que está representada en la negociación de paz. Si bien el EMC se ha dividido por cuenta de los avances en la mesa con el Gobierno, el frente Iván Díaz está afiliado a la facción dirigida por alias Calarcá, y que continúa en el diálogo. En contraste con los grupos que operan en el Cauca o Nariño, se trata de uno de los grupos que formalmente están cobijados por un cese al fuego con el Estado. Pese a ello, con su carta ataca a quienes han apostado por la paz desde hace ya casi una década.
La misiva agudiza la disputa entre las dos grandes sombrillas de la disidencia, que mantienen una fuerte puja incluso ahora que la Segunda Marquetalia formaliza su participación en la política de paz total con la instalación de una mesa de negociación en Caracas, Venezuela. A la carta en la que el grupo del EMC declara el espacio de reincorporación, ubicado en el municipio de San Vicente del Caguán, como zona de “confrontaciones armadas”, respondió rápidamente la columna móvil Teófilo Forero, de la Segunda Marquetalia. En una extensa comunicación, el autodenominado ejército bolivariano contradice al frente Iván Díaz y hace responsable al EMC de la escalada de violencia en la zona de Reserva Campesina Pato-Balsillas, una de las retaguardias tradicionales de las FARC, y del aumento en la siembra de artefactos explosivos en la región. Además, señala al EMC de agudizar la deforestación en áreas protegidas. En el Caquetá solo operan dos grupos ilegales, del EMC y la Segunda Marquetalia, que mantienen una fuerte rivalidad por hacerse del control de la simbólica zona.
Alejandra Miller, directora de la Agencia para la Reincorporación, explica a EL PAÍS que el Estado ya ha reaccionado a la amenaza, en articulación con el Ejército, la Misión de Observación de la ONU y con los delegados en la mesa de negociación. “Hemos convocado, junto al Ministerio del Interior, a un Puesto de Mando Unificado por la Vida [las instancias de respuesta rápida del Gobierno para enfrentar escaldas de violencia] que se realizará a finales de esta semana en el ETCR, con el fin de recavar información que nos permita trabajar en soluciones concretas”, expresa. “Quiero resaltar que rechazo las amenazas hacia la vida de los firmantes del acuerdo de paz. Hoy en Miravalle, pero en cualquier espacio donde habiten, de manera individual o colectiva; son personas que se comprometieron con la construcción de la paz y no se les pueden involucrar en los nuevos conflictos”, sostiene.
Miravalle ha tomado especial relevancia en la implementación del Acuerdo de Paz por un exitoso proyecto de turismo ambiental, con experiencia de rafting a lo largo de ríos que por décadas fueron imposibles de visitar. La iniciativa, uno de los símbolos de los avances de la paz en un país asolado por décadas de conflicto, ha sido impulsada por exguerrilleros y con los años se convirtió en un punto clave en un departamento usualmente aislado de los circuitos turísticos.
Los firmantes de Miravalle han tenido que enfrentarse al estigma desde que alias El Paisa, por años cabeza de la columna Teófilo Forero y luego uno de los líderes del asentamiento, regresara a las armas en 2019, con la Segunda Marquetalia. En los últimos dos años se ha presentado una seguidilla de asesinatos, el más reciente el de Rigoberto Mendoza Ospina, presidente de una junta de acción comunal e importante líder social. Sobre su cuerpo apareció un panfleto alusivo al Frente Rodrigo Cadete, del EMC. Meses antes, Rodolfo Corcho, quien dirigía el ETCR, sufrió un atentado que lo obligó a huir.
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El presidente Gustavo Petro, quien ha señalado que el Estado no está cumpliendo con sus compromisos en el Acuerdo de Paz, no se ha pronunciado al respecto. El próximo 11 de julio se dirigirá al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en Nueva York, para referirse al asunto y denunciar la crisis para los más de 400 firmantes asesinados.
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