El frente Comuneros Sur fue hasta este martes parte de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Mediante un comunicado difundido por la tarde, los miembros de ese bloque indican que, tras reunirse entre el 29 de abril y el 5 de mayo en las montañas de Nariño, cerca de la frontera con Ecuador, han optado por escindirse del comando central, liderado por alias Antonio García, y de la dirección nacional de la guerrilla. “Lo anterior conlleva a no aceptar el trato de agresión y el actual modelo de conducción desde el exilio político”, dice la carta.
En el comunicado, en el que se dan a conocer tres determinaciones del frente, se reitera también la voluntad de seguir adelante con el “proceso de negociación política” con el Gobierno de Gustavo Petro. Además, hace un llamado a la población del departamento de Nariño, donde opera el grupo, a participar en “las iniciativas de paz en los territorios” que tengan como objetivo llevar a los grupos armados ilegales a superar, a través del diálogo, el “conflicto armado, caduco y fratricida”. Además del frente Comuneros Sur, el comunicado va firmado por la Compañía Suburbana Jaime Toño Obando y las compañías Helder Santos, Guerreros Sindaguas y José Luis Cabrera, sus subestructuras. Y, llamativamente, también por la Compañía de tropas especiales comandante Jacob Acuña, que opera en el Sur de Bolívar.
La ruptura golpea de lleno en un punto nuclear de las negociaciones de paz entre el ELN y el Gobierno nacional, ya que, según los miembros de la delegación de la guerrilla, el Ejecutivo ha dado un impulso al frente disidente al mantener con él una mesa paralela. El jefe de la delegación de paz del ELN, alias Pablo Beltrán, explicaba en una entrevista con este diario en abril: “Llevamos ocho meses casi rogándoles que dejen de darle aliento a un grupo en el sur del país, en Nariño, y dejen de tratarlo como si fueran dos ELN: el que nosotros representamos y ese de allá, frente Comuneros del Sur […]. Le explicamos eso al Gobierno, pero no hicieron caso […]. Han promovido una desarticulación y nos han creado un problema”.
Esa postura de Petro de mantener dos mesas paralelas, una con la directiva nacional y otra con una fracción de la guerrilla, incluso ocasionó un corto circuito con dos de los negociadores del Gobierno, que, además, son muy cercanos al presidente: la jefa de la delegación, Vera Grabe, y el senador Iván Cepeda, que pidieron al mandatario a finales de abril evitar una ruptura en la guerrilla que pueda llevar al fracaso de la negociación. “Es claro que el Gobierno no puede adelantar un proceso de negociación en dos instancias con una misma organización; en este caso una mesa nacional de diálogos como la que hoy existe con el ELN, y otra en un proceso con un frente guerrillero. Tal circunstancia es jurídica y políticamente inviable”, dice el comunicado.
La decisión de la sección nariñense de la última guerrilla en armas de Colombia llega en un momento tenso en la negociación que el Gobierno sostiene con el comando central de esa agrupación insurgente. Apenas este lunes, el ELN informó de su decisión de retomar la práctica del secuestro extorsivo, que había abandonado en diciembre, según sus miembros, debido a la “poca voluntad” del Ejecutivo de avanzar en la creación de un fondo de donantes para garantizar una financiación alternativa. Según la delegación del Gobierno en la mesa de diálogos con la guerrilla, nunca ha habido un acuerdo para cambiar el cese de los secuestros por un fondo, y que no hay un plazo establecido para crearlo.
El retorno del ELN al secuestro ha significado también un impacto en la delegación de paz del Gobierno. Uno de sus miembros, el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), José Félix Lafaurie, quien representa al sector más derechista en los diálogos, ha deslizado la posibilidad de abandonar el grupo: “Si continúa el secuestro, no cuenten conmigo”, escribió en sus redes sociales. Además, la Conferencia Episcopal, que ha acompañado el proceso, y las Naciones Unidas lamentaron en conjunto la nueva postura de la guerrilla: “La privación de la libertad de personas no tiene justificación alguna y es un flagelo deplorable que atenta contra la dignidad humana y lastima la conciencia de toda la nación colombiana”.
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A la determinación del ELN también reaccionó el alto comisionado de Paz, Otty Patiño, quien consideró que la decisión de la guerrilla es una falta a los acuerdos que se habían alcanzado en el quinto y sexto ciclo de los diálogos de paz. También recomendó a la delegación del Gobierno esperar hasta el sexto congreso de la guerrilla, en el segundo semestre de este año, para conocer “si marchan a la paz o si siguen en contravía”. De igual manera, en un diálogo con Caracol Radio, dijo que pedirá al presidente Petro que emita un decreto con el que suspenda la prórroga del cese el fuego no solo con el ELN sino con todo frente guerrillero que incurra en la práctica del secuestro.
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