Queda un mes de campaña de un proceso electoral adelantado y tramposo que arrancó a voluntad del presidente López Obrador con el “destape” de las llamadas “corcholatas”— los aspirantes a la candidatura presidencial por Morena”— hace más de 3 años, poco tiempo después de que la oposición le arrebató la mayoría en la Cámara de Diputados en las elecciones intermedias de 2021. Desde entonces, el proceso ha estado marcado por violaciones sistemáticas a la legislación electoral, polarización de la vida pública del país y violencia política.
¿Qué podemos esperar para los próximos 30 días? Aquí algunos elementos en donde poner la atención:
- Agudización de la violencia política. De acuerdo con la mayor parte de las organizaciones de la sociedad civil que observan y miden el fenómeno de la violencia política, particularmente a nivel municipal, el mes previo al día de la votación suele ser el más violento. De acuerdo con datos de Laboratorio Electoral, el número de aspirantes asesinados en el proceso 2023-2024 que culminará con la votación del próximo 2 de junio es de 60 personas. Pero la violencia extrema no es la única preocupación. Como se ha señalado consistentemente durante los últimos años, la injerencia de grupos de crimen organizado en las elecciones no solo debe medirse en términos de asesinatos de aspirantes, sino del clima general de intimidación que su sola presencia implica. Hace solo unos días el instituto electoral del estado de zacatecas, uno de los estados más violentos del país, informaba sobre 200 aspirantes que en los últimos días habían decidido no participar en las elecciones “por distintas razones”, entre ellas “cuestiones personales, de salud, conflictos con sus partidos e inseguridad”. Reporteros y analistas zacatecanos coinciden en que no hay precedente de algo así en el estado. Hay “algo” que está pasando en estas elecciones que jamás se había visto. El Instituto Nacional Electoral ha lanzado ya una investigación al respecto. En Michoacán, otro de los estados más violentos del país, el instituto electoral local ha reportado también 190 renuncias, más que en 2021. Al anunciarlo, el presidente del instituto dijo que no tenían forma de saber cuántas de estas renuncias tenían que ver con inseguridad.
- Violaciones a la legislación electoral. El presidente López Obrador no es, por supuesto, el único mandatario que ha violado la legislación electoral o que ha sido sujeto de medidas cautelares por parte del Instituto Nacional Electoral por haber roto las reglas de no intervención y equidad. Tan solo los últimos dos presidentes de México, Felipe Calderón (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI), tuvieron 12 y 17, respectivamente. Sin embargo, el presidente López Obrador ha roto cualquier récord en ese sentido. Solo en los primeros dos años de su gobierno había acumulado 15 medidas y conforme se ha acercado el proceso electoral su menosprecio por las normas más básicas de equidad en la contienda democrática lo ha llevado a acumular 43 medidas cautelares, a recibir amonestaciones públicas por incumplir con las propias medidas cautelares y encima a quejarse amargamente de que el INE y el Tribunal “lo quieren censurar”.
El presidente opina sobre las elecciones y empuja a su candidata Claudia Sheinbaum y a su llamado Plan C sin pudor alguno una mañanera sí y otra también. Seguiremos viendo cómo lo hace cotidianamente.
- Instituto Nacional Electoral y Tribunal Electoral debilitados, presionados y con pugnas internas. El INE y el Tribunal Electoral están divididos en dos bloques que, tanto privada como públicamente, se acusan de responder a intereses de los bloques políticos antagónicos. La naturaleza de las acusaciones es ya motivo de preocupación: los árbitros de la contienda y su imparcialidad se ponen en tela de juicio y eso abona a la incertidumbre del proceso y abre puertas poco saludables para la especulación por parte de los distintos actores políticos. El sistema en su conjunto enfrenta este proceso electoral mermado financieramente e incompleto por decisión del presidente López Obrador. Fue la mayoría de Morena y sus aliados los que le redujeron el presupuesto a sus órganos fundamentales y que bloquearon los nombramientos de los 8 magistrados faltantes del Tribunal federal y de 41 magistrados electorales estatales. Divididos y debilitados enfrentan una elección complicada y un escenario post electoral que incluirá su buena dosis de conflicto e impugnaciones. En poco tiempo podremos evaluar su capacidad para resolver la elección satisfactoriamente. A todos conviene que así sea.
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