El Gobierno de Venezuela dejó de aceptar los vuelos que traen migrantes deportados desde los Estados Unidos y México, lo cual incrementa la presión en las fronteras para el presidente estadounidense Joe Biden.
Según el New York Post, las autoridades norteamericanas afirman que los vuelos hacia el país criollo pararon a finales de enero.
Una ola de crimines vinculados a venezolanos se desató durante los últimos meses en Estados Unidos.
Uno de los últimos casos es el de José Antonio Ibarra, de 26 años, sospechoso por el asesinato de la estudiante de enfermería de la Universidad de Georgia, Laken Riley, y que fue recibido en la nación norteamericana vía parole.
La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras informó que en los meses de octubre, noviembre y diciembre, el promedio mensual de personas enviadas de vuelta al país caribeño era de entre seis y siete mil.
Sin embargo, la cifra se redujo de forma significativa hasta las 2.727 personas, en el pasado mes de enero.
Las amenazas del gobierno de Nicolás Maduro se cumplieron, quienes aseguraron que detendrían los vuelos de repatriación si Estados Unidos imponía nuevamente las sanciones económicas al país.
El gobierno de Joe Biden terminó aplicando las sanciones tras la polémica desatada luego de la inhabilitación de la candidata presidencial opositora, María Corina Machado, y la situación que se vive por la Guayana Esequiba con Guyana.
El Gobierno mexicano también sufrió la negativa por parte de Venezuela, quienes apenas en diciembre habían reactivado las deportaciones directas hacia el país.
Los funcionarios aseguran que el cese de los vuelos no es una medida formal, y simplemente bloquean las salidas al no verificar la ciudadanía de los deportados.
Presuntamente, evaden la situación al afirma que no poseen el personal suficiente para realizar los procedimientos, mientras que otros argumentan e solo aceptarán a quienes se ofrezcan voluntariamente a regresar a su tierra.
Luego del acuerdo para la reanudación de los vuelos, el pasado octubre, apenas partieron 15 vuelos de unos 1.800 ciudadanos venezolanos, que son una cantidad mínima comparados con los casi 500 mil detenidos en la frontera sur de Estados Unidos en los últimos dos años.
