El Departamento de Estado impuso hoy restricciones de visa a cien funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, “como medidas adicionales para promover la rendición de cuentas por los ataques a las libertades civiles”.
En una nota de prensa indica que los cien funcionarios participaron en los esfuerzos para reprimir a las organizaciones de la sociedad civil, cerrar espacios cívicos como el de la Universidad Centroamericana (UCA), y detener injustamente “a personas valientes que apoyan una sociedad civil libre”, incluyendo al obispo Rolando Álvarez, quien cumple hoy un año desde su traslado a Managua como preso político del régimen.
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“Seguiremos trabajando con la comunidad internacional para promover la rendición de cuentas de quienes amenazan la democracia en Nicaragua, y seguimos comprometidos con la promoción de las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense y el respeto de sus derechos humanos”, señala la nota.
La medida se toma de conformidad con la Proclamación Presidencial 10309, que suspende la entrada a los Estados Unidos como inmigrantes y no inmigrantes de personas “responsables de políticas o acciones que amenazan la democracia en Nicaragua”.
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El secretario Antony Blinken indicó que “estos funcionarios y sus habilitadores permitieron o facilitaron campañas violentas, detenciones injustas y restricciones a los derechos humanos y a las libertades fundamentales”.
