Es el último recurso. Un botón rojo de desesperación. No saben de qué otra manera llamar la atención mediática, política y social. Y es entendible con tantos años acechados por la violencia, los grupos del crimen organizado y los territorios y vidas perdidas.
Han pasado 100 días desde que vimos la fotografía de 20 niños entre los 12 y 17 años encapuchados y con armas. El 25 de enero pasado, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y Pueblos Fundadores (CRAC) de Guerrero, engrosó las filas de su Policía comunitaria con el ingreso de una veintena de niños del pueblo de Ayahualtempa, a los que presentó formalmente ese día. 15 varones y cinco niñas, armados con rifles y los rostros cubiertos con paliacates, es la imagen que escandalizó a medios y redes por tratarse de menores de edad… valdría la pena decir que “escandalizó” momentáneamente a medios y redes.
Los que hemos dado seguimiento desde hace años a la violencia en el estado de Guerrero sabemos que estas fotografías se repiten, siempre crean este eco inmediato y de pronto se deja de escuchar. Junto a este silencio que llega también se apagan las voces de los pobladores, casi nadie habla desde lo individual, esto me lo explica un periodista local que solicitó anonimato por su propia seguridad, ya que él mismo ha sido víctima de la violencia en esa entidad y se encuentra bajo constante asedio de los grupos criminales.
Según me explica el reportero, la primera vez que esta comunidad presentó niños como policías comunitarios fue en 2019, todavía en el gobierno del priista Héctor Astudillo, quien primero calificó como irresponsables a las comunidades por reclutar niños, y después acudió a la comunidad, donde les ofreció incrementar la seguridad en la zona. Pero el apoyo de Astudillo duró solo un par de meses; a la fecha siguen siendo presa de grupos criminales, particularmente el conocido como ‘Los Ardillos’.
Los habitantes de esta región han argumentado que los niños no son expuestos a confrontación directa, sino que solo cumplen labores de vigilancia. En todo caso, el riesgo lo corren de cualquier forma al vivir ahí, pues el asedio del narco es permanente, y al armarlos y entrenarlos les dan, al menos, más posibilidades de defenderse. “Quienes critican esto es gente que nunca ha vivido en medio de la violencia”, dijeron a la BBC a principios de 2020, en una de las pocas declaraciones de los pobladores a los medios de comunicación.
También explicaron que cuando arman a niños y los presentan en imágenes que luego difunden, es cuando ocurren crímenes específicos que aumentan la necesidad de pedir auxilio. Hace casi 100 días, cuando presentaron a estos 20 menores, la motivación fue el secuestro de un matrimonio y sus hijos cuando reunían su ganado en Zacatepec, a hora y media de Ayahualtempa. La CRAC señaló a Los Ardillos como los responsables de este secuestro y lanzaron este nuevo llamado de auxilio, con la imagen de los menores armados; algunos de los cuales, incluso, son familiares de las personas desaparecidas, según el periodista que los ha cubierto.
¿Qué sucedió? La gobernadora Evelyn Salgado le ofreció a los pobladores unidades móviles de salud y prometió el envío de maestros a la escuela local, ninguna de las dos “soluciones” resolvía el problema de la inseguridad, los pobladores rechazaron la “ayuda” y la gobernadora no se presentó en la comunidad, los dejó solos. Tres semanas después de haber presentado a los niños, los cuerpos de las personas desaparecidas fueron hallados en la carretera Chilapa-Tlapa, mutilados y con signos de tortura.
100 días después los 20 niños siguen recibiendo capacitación para el uso de armas, por la falta de garantías de seguridad, esta vez no solo fue un acto mediático, fuera de las cámaras también continúan sus actividades de formación. Cuando tienen la oportunidad siguen en las escuelas, pero no dejan de lado este adiestramiento que, a pesar de su corta edad, ellos aceptan formar parte.
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