La crisis ocasionada por la falta de cupos de calidad en el sistema escolar en algunas comunas del país —que viene justo después de un paro de 80 días en el SLEP de Atacama— ha traído de vuelta la discusión sobre los efectos perniciosos de la Ley de Inclusión Escolar, puntal de las reformas bacheletistas. Se ha promovido la idea de una contrarreforma desde algunos sectores, lo que hasta ahora solo es una manifestación general de rechazo al Gobierno. Éste último, por su parte, organiza banderazos de apoyo, igual de vagos e irrelevantes.
Es necesario revisar la Ley de Inclusión. Esta y otras normas establecieron limitaciones absurdas al dinamismo del sector particular subvencionado, eliminaron la selección académica que permitía la existencia de colegios públicos de alto rendimiento, reemplazaron el gasto privado por gasto público al prohibir el copago, cerrando la posibilidad de que los padres inviertan en la educación de sus hijos. Pusieron condiciones que resultaron insalvables para la creación de nuevos colegios subvencionados.
Pero ese no es el tema de esta columna.
El punto es que esta discusión es exactamente la misma que tenemos desde 2014. Se permitió que los entonces líderes estudiantiles, hoy autoridades, tomaran el control del debate educacional sin cuestionamiento. Y sus ideas parecen agotadas, pues ante las críticas no hay una respuesta coherente, a pesar de que ahora cuentan con la iniciativa que les otorga ser Gobierno. El mejor ejemplo viene de un exministro de Educación que motejó a la Ley de Inclusión de “mínimo civilizatorio”: ese parece ser el único argumento a su disposición cuando no hay evidencia alguna del efecto positivo de las reformas. La oposición, lamentablemente, también se aferra a esta agenda, y sin proponer una vía propia, se obstina a hablar de contrarreforma. Buen eslogan, pero no se observa el contenido. Más allá de rechazar la lógica de las reformas de Bachelet (cosa que comparto), ¿qué otra idea hay detrás? ¿Estamos condenados a hablar para siempre de lo mismo?
La oposición, por su actual posición de retador, debe salir a proponer algo distinto. En el caso de la educación, corresponde una acción copernicana: se debe cambiar el astro alrededor del cual gira la política educativa. Este no es el lucro, copago y selección, o la forma de administración estatal, como se nos ha querido hacer creer. Es el aprendizaje. Va una idea de tres ejes:
Dejar educar. El Estado parece tan obsesionado con controlar la educación que no deja que esta ocurra. Los colegios adolecen de falta de autonomía sumada a una significativa carga burocrática que impide a los directores públicos y privados liderar pedagógicamente. Estos deben tener atribuciones claras para sancionar y expulsar a los estudiantes que incurran en incumplimientos a la ley y al proyecto educativo. Debe permitirse a los directores del sistema estatal elegir a sus equipos y desvincular docentes mal evaluados, así como remunerar mejor a los que mejor enseñen.
Ayudar a educar. Si los establecimientos cumplen con las condiciones de operación exigidas por el Estado (reconocimiento oficial), los esfuerzos del Gobierno deben orientarse a evaluar si se logran los aprendizajes, lo que tiene al menos dos aristas. Primero, el aprendizaje ocurre en un contexto, donde prima la seguridad personal y la confianza para equivocarse, y donde las personas pueden establecer vínculos alrededor de un propósito común. Segundo, el aprendizaje necesita una comunidad educativa con un sentido de misión, proyecto o identidad, altas expectativas, metas claras, y evaluación constante y profesores capaces y empoderados. Para ello necesitamos directores con un sentido claro de autoridad, no un funcionario que les diga qué hacer. La violencia debe ser desterrada.
El sistema es uno solo. Debe romperse con la lógica atávica del oficialismo que ilustró la famosa frase de los patines: la forma de mejorar la educación pública no es afectar, limitar o desfavorecer la educación particular subvencionada. Ambas formas de educación merecen los mejores esfuerzos de las autoridades para llevar a cabo su misión de educar. La acción del Estado, con las diferencias que correspondan, deben buscar mejorar las condiciones financieras, administrativas y educativas de todas las escuelas, pues los niños son los mismos.
Faltan cosas, por cierto. Pero al menos empecemos a hablar de lo importante.
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