El sector privado en México pasa, de nuevo, por un momento de preocupación y tensión ante cambios legislativos. Primero, el Congreso aprobó una reforma que impide la paralización general de leyes y actos declarados inconstitucionales en juicios de amparo, un recurso al que comúnmente acuden las empresas para evitar una interrupción de sus operaciones mientras se lleva a cabo un proceso. Después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la Ley de Hidrocarburos que le permite a paraestatales entrar y operar instalaciones de competidores privados. Uno de los magistrados en la votación describió esta figura como una “expropiación indirecta”.
“Este es un momento de decisiones trascendentales que van a impactar a cualquier inversión que se haga en el futuro en México”, opina Julia González, socia de energía de la firma González Calvillo en la Ciudad de México. Mientras el Gobierno promueve desde la Secretaría de Economía el “momento mexicano” para atraer inversiones extranjeras que quieran salir de China, estas leyes generan incertidumbre en una parte del sector privado. Así lo dicen también representantes de empresas globales en el país.
“México vive un momento inmejorable para atraer inversiones productivas como consecuencia de la relocalización de cadenas productivas internacionales”, dijeron más de 60 empresas globales que operan en México como parte de la agrupación Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG). El año pasado cerró con cifras récord de entradas de inversión extrajera directa al país. “En este contexto, reformas como esta van en detrimento del objetivo de brindar condiciones óptimas para la atracción de nuevas inversiones y el establecimiento de nuevas empresas en el país, pues se debilitan las estructuras legales que les permiten defenderse ante actos que pudieran considerarse como violatorios de sus derechos”.
En su comunicado, las 60 empresas representadas por CEEG, incluyendo a AT&T, Pepsico, General Motors, Siemens, entre otras, se dijeron “preocupadas” por la Ley de Amparos. “Sus efectos van en detrimento del acceso de cualquier ciudadano a mecanismos legales que le permitan defenderse de posibles violaciones a sus derechos humanos o ante cualquier acto inconstitucional”, dice el comunicado de CEEG. Dicha reforma no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, por lo que todavía no entra en efecto. Algunos legisladores de oposición han dicho que recurrirán a la CSJN para revertirla.
Por su parte, el sector energético entró en una nueva etapa de incertidumbre a partir de que la SCJN avaló una reforma pasada en 2021 que le permite al Estado suspender de manera indefinida los permisos de privados y a las empresas del Estado, Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) de suplantar sus operaciones. ”En cualquier momento pueden llegar CFE y Pemex y van a poder operar tus instalaciones”, explica González, “esa figura es la que me parecía crítica y el mismo (ministro de la corte, Javier) Lainez dijo en la sesión de ayer que para él eso era una expropiación indirecta. De todas las modificaciones, esa es la que a mí me sorprende que la Corte no haya declarado inconstitucional”.
“Eso es lo que a mí me parece más grave y si yo fuera inversionista, eso sería lo que más me preocuparía de todo esto”, alertó González.
La fragilidad del Estado de Derecho fue el tema de conversación más sonado durante la Convención Bancaria que recientemente reunió a unos 1.500 ejecutivos del sector con funcionarios del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bajo esta administración, se han llevado a cabo controvertidas confrontaciones con empresas privadas, incluyendo la toma forzada de un tramo de las vías de ferrocarril de Grupo México, propiedad del milmillonario Germán Larrea; la expropiación de una planta de hidrógeno propiedad de la francesa Air Liquide y en beneficio de Pemex; y la amenaza a la mirena Vulcan en la península de Yucatán de que declará el área en que opera como “patrimonio natural protegido” para obligarlos a dejar sus operaciones.
“Las Empresas Globales hacemos un llamado respetuoso al Ejecutivo Federal para que, en ejercicio de sus facultades, analice el contenido de esta reforma a la Ley de Amparo en los términos en que fue aprobada por el Poder Legislativo y considere las opiniones vertidas por expertos y diversos sectores de la sociedad”, dice el comunicado del CEEG. “México necesita un sistema de justicia sólido y eficaz que brinde a sus ciudadanos instrumentos para garantizar sus derechos. Esta reforma va en sentido contrario de ello”, concluye.
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