Jueces, policías y ex funcionarios: estos son los 52 procesados por el caso Metástasis en Ecuador

El caso Metástasis ha revelado cómo el narcotráfico y la corrupción se instalaron en el sistema judicial. La red de favores ilegales estaba liderado por el narco asesinado Leandro Norero y sus socios. Esta investigación derivó en el caso Purga, donde se reflejó cómo el manoseo de la justicia en una de las cortes provinciales más importantes del país.

El 14 de diciembre de 2023, la Fiscalía del Ecuador junto a la Policía realizaron un megaoperativo donde detuvieron a 31 de 39 vinculados al caso. Con el paso de los días, el Ministerio Público procesó a otros implicados y, actualmente, hay 52 investigados por el caso Metástasis. La mayoría son jueces, fiscales, agentes del servicio de cárcel y de la policía, así como abogados en libre ejercicio y funcionarios judiciales. Una de las detenidas, Mayra Salazar, que se desempeñaba como relacionista pública de la Corte Provincial del Guayas se ha convertido en pieza clave del caso pues de su teléfono se han extraído las conversaciones que permitieron abrir el caso Purga. Ahora se espera que su testimonio anticipado dé más luces sobre el oscuro entramado delincuencial.

El caso Metástasis surge a partir del asesinato del narco Leandro Norero, quien guardaba prisión en la Cárcel de Latacunga. Norero fue desmembrado por orden de alias Pipo, líder de Los Lobos, según el relato de Salazar. Con el capo muerto, las autoridades explotaron 15 dispositivos de comunicación que encontraron en su celda. Gracias a las conversaciones, la Fiscalía logró unir los puntos de la red. Esos chats, en su mayoría, son públicos pues el Ministerio Público los cargó en su web.

La Fiscalía ha calificado con el grado de autores del crimen de delincuencia organizada a los principales operadores de Leandro Norero, entre ellos hay procesados por otros delitos, sentenciados por corrupción, un exfutbolista y un abogado en libre ejercicio.

Xavier Jordán: Ha sido calificado por la Fiscalía como un miembro clave de la cúpula criminal, colaborando estrechamente con los coordinadores de la organización delictiva para poner a disposición todos los recursos materiales y humanos necesarios para llevar a cabo el plan criminal de Leandro Norero. Jordán apareció en la opinión pública luego de que el entonces legislador Fernando Villavicencio publicará la “foto de los tetones”, como se conoce a la fotografía donde se observa a Jordán junto al ex asambleísta Ronny Alega. Villavicencio, que fue asesinado en agosto de 2023, ya advertía sobre los vínculos de Jordán y Norero. El procesado utilizaba sus empresas para legitimar el movimiento de dinero ilícito, el cual estaba siendo investigado en el marco del proceso por lavado de activos. Además, la Fiscalía lo señala como un participante en la instigación de delitos contra diversas personas, incluyendo a funcionarios públicos y al propio Fernando Villavicencio. Jordán ha iniciado procesos legales desde los Estados Unidos en contra de los medios de comunicación que han publicado sobre sus acciones ilegales.

Christian Romero: Abogado en libre ejercicio. Según el Ministerio Público, desempeñó un papel crucial como planificador y gestor dentro de la organización delictiva. Su participación tenía como objetivo cometer delitos contra la tutela judicial efectiva y la eficiencia de la administración pública, incluyendo fraudes procesales, oferta de tráfico de influencias y cohechos. Además, se le acusa de intervenir directamente en procesos judiciales como defensor de Leandro Norero, con el propósito de conferir legitimidad a resoluciones previamente acordadas con funcionarios judiciales y sus colaboradores, a cambio de pagos de sobornos. La Fiscalía lo identifica con el alias de Globalpax y ha sido defensor de Jacobo Abdalá Bucaram Pulley, hijo del expresidente Abdalá Bucaram.

Fabián Campozano: Era el responsable operativo del aspecto económico-financiero de la organización, encargado de la comercialización y envío de sustancias sujetas a fiscalización, cuyos beneficios se destinaban a sufragar los gastos legales de Leandro Norero y sus familiares, así como los sobornos a funcionarios judiciales, policiales y abogados privados, de acuerdo a lo publicado por la Fiscalía. A pesar de su vinculación con actividades ilícitas, su nombre se recuerda por su breve carrera futbolística. Según la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Campozano se desempeñó como volante, formando parte de las reservas del Barcelona SC hasta 2012, y posteriormente formó parte de equipos de Segunda Categoría sin llegar a ascender a las ligas mayores.

Carlos Zambrano: El juez Zambrano, explicó la Fiscalía, colaboró con la organización desde el ámbito administrativo, aprovechando su posición como presidente de la Corte Provincial de Manabí para crear condiciones favorables que beneficiaran a jueces afines en los sorteos. Además, se le acusa de gestionar peticiones realizadas por Leandro Norero a Helive Ángulo, con el propósito de proteger a personas vinculadas con la organización delictiva, incluyendo al asesinado alcalde de Manta, Agustín Intriago. Adicionalmente, Zambrano habría intervenido en el proceso que resultó en la liberación de Daniel Salcedo y del ex vicepresidente Jorge Glas, manipulando el sorteo para que el juez Banny Molina fuera designado en el caso. Molina fue sentenciado por prevaricato luego de liberar a Jorge Glas.

Daniel Salcedo: Era el planificador de estrategias ilegítimas dirigidas a asegurar la liberación de Leandro Norero mediante el ofrecimiento de sobornos a operadores de justicia. Este sistema corrupto estaba firmemente arraigado, con funcionarios judiciales como Mayra Salazar, Richard G., Ronald G., y otros, que respondían a los intereses de Salcedo para manipular el sistema de justicia, según la acusación de la Fiscalía. Además de su implicación en corrupción judicial, Salcedo orquestaba delitos contra la administración pública en empresas estratégicas como Petroecuador, la Corporación Nacional de Electricidad, Corporación Eléctrica del Ecuador y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Su modus operandi implicaba la compra de influencia en espacios públicos para facilitar la adjudicación de contratos y recuperar las inversiones realizadas. Fue condenado por la venta irregular de medicinas y estuvo vinculado a escándalos de corrupción en dos hospitales de Guayaquil durante la pandemia. A pesar de los cargos en su contra, un juez en Manabí lo liberó, argumentando que la prisión preventiva había caducado en los procesos abiertos en su contra. Sin embargo, fue capturado en Panamá por la Interpol en enero de 2024.

Fernando García: Cabo Primero de Policía. La Fiscalía ha señalado que desempeñaba un papel colaborativo directamente ligado a Leandro Norero. Su función consistía en realizar actividades operativas en beneficio de la organización criminal, como simular operativos policiales para resguardar los bienes muebles ubicados dentro de una propiedad incautada perteneciente a Norero.

Víctor Hugo Alcívar: Agente fiscal. Tenía un papel crucial al filtrar información sobre los operativos realizados por la Fiscalía encargada del impulso de la acción penal. Su función de facilitador contribuyó a evitar que los brazos armados de Leandro Norero fueran puestos bajo la jurisdicción de la autoridad competente, ya que estos miembros estaban previamente informados sobre las acciones de combate contra el crimen por parte del Estado. Alcívar ocupaba el cargo de fiscal de la Unidad de Flagrancias de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. En 2013, fue destituido tras abstenerse de formular cargos contra un delincuente y solicitar la liberación inmediata del procesado. Sin embargo, siete años después, Alcívar interpuso una acción de protección y fue restituido en su cargo. En 2022, mientras se encontraba a bordo de un vehículo, Alcívar sufrió un atentado en el que su acompañante perdió la vida a causa de un tiroteo.

Jairo Vargas: Facilitaba la entrega de sobornos, particularmente al juez Emerson Curipallo, a cambio de la liberación de alias “Cuyuyuy” y “Madrid”, quienes eran brazos armados de Leandro Norero.

Aunque no han sido considerados por la Fiscalía como autores, estos personajes también tenían un papel importante en la estructura del narco Norero.

Helive Ángulo: Dirigía y planificaba sobornos a funcionarios judiciales de la Corte Nacional de Justicia y de las cortes provinciales de Justicia de Manabí, Cotopaxi y Guayas, así como del Consejo de la Judicatura de Santo Domingo de los Tsáchilas. Además, orquestaba varios fraudes procesales para justificar los activos ilícitos de Leandro Norero Tigua. También se le atribuye la planificación del atentado contra la fiscal titular del caso por lavado de activos que involucraba a Norero. Entre otras actividades, coordinaba la compra de votos en la Corte Nacional para liberar a Israel Norero, hermano de Leandro.

Alexander N.: Era el principal artífice de la coordinación de la red de influencias con el poder judicial. Se encargaba directamente de la oferta, pago y negociación de sobornos a cambio de beneficios judiciales para Leandro Norero y sus familiares en varios procesos penales, incluyendo los de lavado de activos, tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas.

Desde exasambleístas hasta generales de policía en servicio pasivo. Estas son las acusaciones de la Fiscalía contra figuras reconocidas en la opinión pública, funcionarios de nivel medio y agentes penitenciarios.

Ronny Xavier Aleaga: Militante correísta y legislador por ese movimiento durante la Asamblea Nacional que fue cesada. La Fiscalía ha sostenido que Aleaga tenía como objetivo principal silenciar a la persona que representaba la principal fuente de revelación de sus actividades delictivas: el excandidato presidencial y exasambleísta, Fernando Villavicencio, quien públicamente denunció los hilos de la mafia manejados por Xavier Jordán y Leandro Norero. Además, como legislador de la Provincia del Guayas, abusó de sus facultades fiscalizadoras al solicitar información sobre posibles investigaciones previas que la Fiscalía habría iniciado contra Xavier Jordán. Aleaga ha reconocido formar parte de los Latin Kings, agrupación que participó en la legalización de las pandillas durante el gobierno de Rafael Correa.

Pablo Ramírez: General de la Policía Nacional en el momento de los acontecimientos y exdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (Snai). Tenía la responsabilidad de supervisar el traslado de personas privadas de la libertad a distintos centros de rehabilitación social en el país. Según la Fiscalía, su implicación se centró en facilitar favores penitenciarios administrativos a Leandro Norero Tigua. Ramírez, quien ahora se encuentra en servicio pasivo de la Policía, también ocupó el cargo de director de la Policía Antinarcóticos. Su renuncia fue aceptada por el presidente Daniel Noboa el 4 de diciembre de 2023, y fue uno de los cuatro generales que dejaron la cúpula policial en ese momento.

Wilman Terán: Fue juez de la Corte Nacional de Justicia en el momento de los hechos y en fue Presidente del Consejo de la Judicatura hasta que fue arrestado por el caso Metástasis. Según la Fiscalía, Terán influía en las decisiones de los magistrados nacionales en caso de presentarse un habeas corpus a favor del hermano de Leandro Norero. Su colaboración habría sido facilitada a través de la intervención de Alex P. Fue el funcionario judicial de más alto rango detenido en el megaoperativo.

Álex P.: Era el subcoordinador jurídico de la Corte Nacional en el momento en que ocurrieron los hechos. Cuando lo detuvieron, en diciembre pasado, ocupaba el cargo de director provincial del Consejo de la Judicatura de Chimborazo, designado por Wilman Terán. En su posición anterior, contaba con influencias en la Corte Nacional de Justicia, y según la Fiscalía, habría asesorado a Helive Ángulo. sobre la compra de decisiones de los jueces encargados de conocer un habeas corpus a favor de los familiares de Leandro Norero. Además de sus funciones relacionadas con la asesoría legal, Álex P. mantenía vínculos con Christian Romero, quien es considerado una persona de confianza del actual Presidente del Consejo de la Judicatura.

Mayra Salazar: Se desempeñó como relacionista pública de la Corte Provincial del Guayas. Fue detenida el 14 de diciembre pasado y, tras revisar su celular, se revelaron conversaciones con políticos, funcionarios, jueces, criminales y otros, lo que llevó a la Fiscalía a iniciar una nueva investigación conocida como el caso Purga. Los chats de Salazar, revelados por la Fiscalía, muestran cómo sobornaba a jueces, obtenía beneficios para criminales, realizaba campañas, solicitaba hackear medios de comunicación, concertaba citas con damas de compañía e incluso planificaba rituales de santería. Antes de ocupar su cargo en la Corte Provincial del Guayas, Salazar trabajó como relacionista pública en el canal 10, conocido como TC Televisión, que fue incautado durante el gobierno anterior. Este mismo canal fue tomado por un grupo de criminales el 9 de enero pasado mientras transmitía en vivo. Las conversaciones de Salazar revelaron alcances ilegales y salpicaron a figuras conocidas, desde personalidades de televisión hasta jueces, políticos y servidores públicos. Además, aparece en los chats del narcotraficante asesinado Leandro Norero y, por la naturaleza de las conversaciones, habría tenido algún tipo de relación de pareja con él. Según la Fiscalía, su papel de colaboración se centraba en el ámbito administrativo, creando escenarios propicios para los fines de impunidad y libertad buscados por la organización criminal, como identificar jueces dispuestos a recibir dinero o favores indebidos a cambio de emitir fallos favorables.

Christian S.: Ocupaba el cargo de secretario judicial de Ronald G., y estaba encargado de coordinar y preparar los arraigos junto con el abogado Alexander N., en vista de la audiencia de revisión de medidas de los procesados en el caso de lavado de activos contra Leandro Norero.

Daniela B.: Trabajaba como funcionaria del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, utilizaba su cargo para manejar información judicial de manera discrecional y en beneficio del brazo armado de Leandro Norero, conocidos como alias “Cuyuyui” y “Madrid”.

Dany M.: Guía penitenciario. Habría colaborado con la organización al introducir artículos prohibidos para Leandro Norero Tigua mientras este se encontraba privado de la libertad, a cambio de beneficios económicos.

Katherine Pilar G.: Trabajaba como guía penitenciaria en el Centro de Rehabilitación Social de Latacunga, donde estaba preso Norero. A través del alias Rayo, recibió más de USD 10.000, los cuales fueron abonados por instrucciones de Leandro Norero a la cuenta personal de la procesada. Todo esto tenía como objetivo obtener privilegios y comodidades mientras el líder del grupo criminal se encontraba privado de la libertad.

Carlos Xavier M.: Colaboraba en garantizar la seguridad y comodidad de Leandro Norero dentro de la cárcel. Facilitaba el ingreso de artículos prohibidos a la prisión, como cadenas de oro, carpas e incluso comida. Para llevar a cabo estas acciones, Norero depositaba dinero en la cuenta de su pareja, Katherine Pilar G. Además, alertaba sobre visitas y monitoreos realizados por la Dirección General de Inteligencia, manteniendo así a Leandro Norero informado y alerta.

El entramado de Norero no habría funcionado sin la corrupción de los jueces y fiscales señalados por la Fiscalía. En el caso Metástasis, 13 de los 52 implicados eran magistrados o agentes de la Fiscalía.

Jhoan Mafertán: juez de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Guayas, junto con Adolfo G., integró el tribunal encargado de la apelación a la prisión preventiva de Israel Norero, hermano del capo asesinado. También está acusado en el caso Purga. En 2015, fue suspendido junto con otros cuatro jueces por revocar una sentencia condenatoria de 18 años de prisión emitida por un Tribunal Penal en un caso de sicariato. Además, formó parte del tribunal que liberó a los socios de Álex Saab, señalado como testaferro del dictador Nicolás Maduro, en Ecuador.

Emerson Curipallo: juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales y de Tránsito de Santo Domingo, estaba a cargo de los procesos judiciales de alias “Cuyuyui” y “Madrid”, brazos armados de Leandro Norero. Su colaboración se manifestó al conceder la libertad de ambos mediante acciones legales planificadas por Christian Romero, abogado de la organización criminal, quien afirmaba tener control total sobre el sistema de justicia en la provincia de Santo Domingo. Curipallo también es conocido por su decisión de fallar a favor de la libertad de Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa y Lenín Moreno, en un caso que resolvió en menos de 48 horas. Emitió una sentencia detallada de más de 20 páginas y emitió la boleta de excarcelación, permitiendo que Glas saliera de la cárcel la misma noche. Además, ha fallado a favor de otros 15 presos en casos relacionados con narcotráfico, sicariato y violación.

Ángel Harry Lindao: quien era juez de la Unidad Multicompetente del cantón La Concordia en el momento de los hechos, conoció la acción de protección presentada por la organización criminal con el objetivo de levantar las medidas cautelares reales sobre los bienes de Leandro Norero en relación al proceso penal por lavado de activos. Posteriormente, fue destituido por haber incurrido en una infracción gravísima de manifiesta negligencia. Esta decisión se tomó después de que concediera una acción de protección a Leandro Norero, ordenando a Inmobiliar devolver la mansión que había sido incautada al narcotraficante, lo que generó controversia. Además, restituyó a los cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana que habían sido censurados por la Asamblea Nacional. Dos de esos vocales son Walter Gómez y Victoria Desintonio, que luego fueron elegidos como legisladores en la Asamblea cesada gracias al apoyo del correísmo.

Santiago Z.: Juez de la Sala Penal de la Corte Provincial de Cotopaxi. Habría colaborado aprovechando su posición en la Función Judicial al formar parte del Tribunal que conoció el habeas corpus a favor de la hermana de Leandro Norero.

José Luis S.: Juez de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Cotopaxi, junto con el juez Santiago Z., formó parte del Tribunal del habeas corpus de la hermana de Leandro Norero.

Richard G.: Ocupaba el cargo de juez de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Guayas, habría colaborado aprovechando su posición en la Función Judicial al formar parte del Tribunal que conoció el recurso de apelación de la prisión preventiva del hermano de Leandro Norero. Se sospecha que intentaba vender resoluciones judiciales para beneficiar a Leandro Norero y su familia. Incluso, uno de los abogados de la cúpula de la organización, Alexander N., afirmaba contar con el voto seguro del mencionado juez.

Glenda O.: Jueza de la Unidad Judicial de Samborondón, aparentemente ingresó en la estructura de colaboración debido a que el proceso por el delito de tráfico ilegal de armas, que surgió del allanamiento a la casa de Leandro Norero dentro del caso de lavado de activos, recayó en su jurisdicción. Esto le habría permitido condicionar su decisión de sustituir la medida de prisión preventiva que pesaba contra Leandro Norero a cambio de beneficios económicos.

Ronald G.: En su calidad de juez de Garantías Penales de Guayas conoció la sustanciación del caso principal de lavado de activos de Leandro Norero y sus familiares. Se sospecha que su participación habría consistido en emitir resoluciones judiciales en beneficio de los procesados a cambio de sobornos entregados por Leandro Norero. Según las investigaciones, este funcionario habría pretendido recibir altas sumas de dinero a cambio de un sobreseimiento en el caso mencionado.

María José A.: Agente fiscal de la Fiscalía Especializada en delincuencia organizada transnacional e internacional (Fedoti) en Samborondón, habría utilizado sus facultades legales de manera indebida en beneficio de los objetivos de la organización criminal. Como titular de la acción penal pública iniciada por el delito de tráfico ilegal de armas contra Leandro Norero, se sospecha que facilitó el cambio del tipo penal por el delito de tenencia ilegal de armas a cambio de beneficios económicos.

Jhon C.: Agente fiscal de Fedoti en Guayaquil, supuestamente se habría encargado de asesorar directamente a Leandro Norero para preparar estrategias de defensa y dilatar la audiencia de formulación de cargos en el caso de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.

María Yanina V.: Tenía un papel crucial en esta dinámica delictiva al ser el brazo jurídico al que acudían los líderes de la organización para obtener asesoramiento y buscar apoyo en diversos procesos judiciales contra Leandro Norero y su círculo cercano. En este sentido, alias “Novita” se presentó en el despacho de la Fiscalía Provincial con la intención de desarrollar una estrategia de defensa en la causa de lavado de activos a cargo de la agente fiscal, Lidia Sarabia. Sarabia ahora es una testigo protegido pues Norero y sus socios trataban de atentar contra ella. Así como Mayra Salazar, Sarabia también dará su testimonio anticipado.

La mafia de Norero infiltró todos los estamentos que eran necesarios para recibir beneficios ilegales. Al menos nueve policías colaboran con él así como un séquito de abogados en libre ejercicio.

Lenin M.: Coronel de la Policía Nacional. Habría colaborado de forma reiterada y diversa: desde la filtración de información hasta proporcionar seguridad en la vivienda incautada de Leandro Norero, pasando por captar a más personal de su institución, a cambio de beneficios económicos.

Edinn I.: Cabo Segundo de Policía. Su colaboración habría estado directamente ligada a Leandro Norero y consistía en llevar a cabo actividades operativas a favor de la organización, como simular operativos policiales para proteger los bienes muebles en la propiedad incautada.

Héctor P.: Agente investigador de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dilat), encargado de la investigación dentro del proceso de lavado de activos contra Leandro Norero y su familia. Habría participado en la planificación de la manipulación de elementos de convicción junto con Helive Ángulo.

Cristian Ch.: Agente investigador de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dilat), integrante del equipo policial encargado de la investigación dentro del proceso de lavado de activos contra Leandro Norero y su familia. Su función era similar a la de Héctor P., participando en la planificación de la manipulación de elementos de convicción junto con Helive Ángulo.

Ángel L.: Agente investigador de la Dinased. Se encargaba de proporcionar información reservada sobre los diferentes operativos a los brazos armados de la organización criminal para evitar el control de la fuerza pública.

Gabriel G.: Servidor policial. Se centraba en impedir que sus compañeros policías pudieran acceder a la información almacenada en el teléfono incautado a Leandro Norero durante el proceso por lavado de activos.

Armando R.: Mayor de la Policía Nacional. Habría colaborado al desvirtuar el delito de lavado de activos en el caso principal de Leandro Norero y sus familiares, utilizando sus negocios como la compra y venta de automóviles.

Ángel Eduardo L.: Expolicía, encargado de seguir a la agente fiscal Lidia Sarabia, quien estaba a cargo del expediente de lavado de activos en el que Leandro Norero se encontraba detenido.

Doris Soraya O.: Oficial de la DILAT encargada de la investigación en el proceso de lavado de activos contra Leandro Norero y su familia. Supuestamente habría participado en la manipulación de elementos de convicción junto con los procesados Héctor David P. y Cristian Reinaldo Ch.

Armando F.: Abogado en ejercicio libre. Se habría desempeñado como testaferro de los bienes de Leandro Norero Tigua y proporcionaba asesoramiento legal en temas tributarios y empresariales para cometer fraudes procesales en la justificación de bienes incautados por el delito de lavado de activos.

Kevin P.: Abogado en ejercicio libre. Facilitaba la compra de la justicia y los fraudes procesales planeados para obtener libertad e impunidad a favor de miembros de la banda criminal.

Sofía G.: Abogada en ejercicio libre. Colaboraba con la organización a través de su relación con Mayra S., quien contrataba sus servicios para facilitar la entrega de sobornos a los jueces Santiago Z. y José Luis S., encargados de conocer la acción de habeas corpus a favor de la hermana de Leandro Norero.

César A.: Abogado en ejercicio libre. Recibió el pago destinado a los jueces Santiago Z. y José Luis S. a través de su cuenta bancaria.

Rommel David T.: Abogado en ejercicio libre con conexiones directas con Cristian R. Ambos se reunieron frente al Centro de Atención Ciudadana de Latacunga para colaborar en el acercamiento a los jueces de Cotopaxi que integrarían el Tribunal encargado de conocer un hábeas corpus presentado por la hermana de Leandro Norero. El objetivo de este encuentro habría sido asegurar un dictamen favorable.

Marcel Adrián Loaiza: Conocido como “El Joyero”, era el operador financiero de la cúpula criminal. Su colaboración incluía la planificación de fraudes procesales, como el cambio de evidencia incautada en allanamientos realizados en el proceso de lavado de activos de Leandro Norero, como la sustitución de relojes de alta gama y lingotes de oro por réplicas. También facilitaba joyas destinadas a la fiscal María José A., quien reformuló el tipo penal de tráfico de armas a tenencia y porte de armas en contra de Leandro Norero.

Claudia Milena Garzón: Desempeñaba un papel importante en la obtención de numerosas comodidades penitenciarias pretendidas por Leandro Norero, ya que, mediante su gestión como miembro de la Comisión para el Diálogo Penitenciario y la Pacificación, direccionaba tratos privilegiados dentro del Centro de Rehabilitación de Cotopaxi en beneficio del líder del grupo organizado.

Myrian Alejandra D.: Su función se centró en obtener comodidades durante la privación de la libertad de Leandro Norero, aprovechando su designación como miembro de la Comisión para el Diálogo Penitenciario y la Pacificación para recibir beneficios económicos del líder del grupo organizado.

Braulio M.: Actuó como intermediario de Leandro Norero para gestionar la entrega y recepción del dinero destinado a comprar la “justicia”.

Elio Ernesto A.: Participó en su papel de colaborador desde la esfera del beneficio personal en el Centro de Privación de la Libertad donde estaba recluido Leandro Norero. Facilitó la compra de varios “chanchos” que el líder de la organización criminal pretendía ingresar al CRS de Cotopaxi para celebrar el Día del Recluso. Para ello, recibió una transferencia de USD 2.000.

Juan Pablo D.: Facilitó depósitos para obtener comodidades para Norero dentro del Centro de Rehabilitación Social, ya que a través de él se realizó un depósito de USD 1.200 a la procesada y guía penitenciaria Katherine G.

Eduardo Alejandro R.: Socio y accionista de Yilmar C. a través de la empresa de seguridad denominada Centro de Investigación y Protección – CEINPRO CIA. LTDA. Su posición le permitió colaborar en el financiamiento que el líder del grupo criminal requería para adquirir comodidades en el Centro de Rehabilitación donde se encontraba recluido. El dinero era depositado en la cuenta de Katherine G.

El caso Purga surge como consecuencia de las investigaciones derivadas del caso Metástasis, donde la Fiscalía General del Estado identificó presuntos actos de delincuencia organizada que involucraban a varios actores del poder político y judicial en la provincia de Guayas. Esto incluye al exasambleísta del Partido Social Cristiano, Pablo Bolívar Muentes, quien supuestamente tenía influencia sobre la administración de justicia en la provincia, y a Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, quien habría sido beneficiada por una estrategia de manipulación mediática liderada por la publicista Mayra Salazar, financiada por Muentes. Se sospecha que este entramado buscaba favorecer intereses individuales, incluso relacionados con el narcotráfico, en detrimento de los intereses del Estado, pervirtiendo así tanto el poder legislativo como el judicial y buscando favorecer a criminales como el alias “Fito”.