La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha puesto fecha para una primera audiencia en la demanda de México contra Ecuador por el asalto a la Embajada en Quito. El máximo tribunal internacional atenderá el próximo 30 de abril y el 1 de mayo el pedido de medidas provisionales contra el Gobierno de Daniel Noboa. Se trata principalmente de la protección de la sede diplomática, y los bienes que se encuentran dentro, que quedaron abandonados tras la salida de la misión mexicana por el conflicto. México demandó a Ecuador el pasado 11 de abril, tras una violenta irrupción en su legación por parte de agentes ecuatorianos, que operaban bajo órdenes del presidente, y que se llevaron a la fuerza al exvicepresidente Jorge Glas.
El comunicado de La Haya señala que las audiencias serán públicas y podrá asistir, además de los involucrados, la prensa y la gente en general. El Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador busca “que el Gobierno del Ecuador adopte medidas apropiadas e inmediatas para brindar plena protección y seguridad a las instalaciones diplomáticas, sus bienes y archivos, evitando cualquier forma de intrusión en su contra”. Además quiere que se permita el desalojo de los diplomáticos mexicanos que han quedado en Ecuador, “que no se adopten medidas que puedan perjudicar los derechos de México respecto de cualquier decisión que la Corte dicte sobre el fondo” y que la Administración de Noboa “se abstenga de realizar cualquier acto o conducta que pueda agravar o ampliar la controversia”.
La polémica comenzó el pasado 5 de abril. México y Ecuador llevaban unas semanas tensas para entonces. El exvicepresidente Glas se había refugiado en la Embajada mexicana con la esperanza de poder zafarse del cerco de la justicia ecuatoriana, que le persigue por dos condenas, por asociación ilícita para delinquir y por cohecho, y una nueva investigación —calificado por el correísmo como una persecución judicial—. El antiguo número dos de Rafael Correa había solicitado asilo político, que no fue otorgado por México hasta pocas horas antes del asalto. En medio, López Obrador criticó la victoria de Noboa el año pasado, y en respuesta a esas palabras, Ecuador nombró persona non grata a la embajadora Raquel Serur.
La violencia de la irrupción de la sede diplomática, considerada un espacio sagrado en la política internacional, quedó registrada en las cámaras de seguridad del edificio y fueron posteriormente difundidas por López Obrador. En las imágenes se puede ver a los agentes maltratar a los funcionarios mexicanos, apuntarles con armas, y alzar por la fuerza a Glas. “Fue un acto autoritario, increíble, es malo a veces usar ejemplos, pero ni [Augusto] Pinochet, el temible Pinochet, y otros, se habían atrevido a eso”, dijo el mandatario mexicano entonces. La brutalidad del asalto generó el rechazo casi unánime de toda la región, incluso de aquellos que tomaron una actitud más cauta en un principio.
El Gobierno mexicano entonces escaló el asunto a la CIJ. Lo hizo acompañado de casi todos los países de América Latina, Estados Unidos, Canadá e incluso la Unión Europea. Entre las cosas que han pedido, además de la protección de su sede diplomática, que se suspenda a Ecuador como miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que, de encontrarlo culpable de violar los principios establecidos por la carta fundacional de Naciones Unidas, se le expulse del organismo.
“El sistema multilateral debe de estar a la altura y debemos exigir que la justicia internacional condene y sancione sin ambigüedades las graves violaciones ocurridas y se evite un precedente de impunidad”, pidió la canciller mexicana, Alicia Bárcena, en la presentación de la demanda. El presidente ecuatoriano ha intentado desde entonces rebajar las tensiones y quitar hierro a lo sucedido. Esta semana el mandatario sudamericano invitó a López Obrador “a comer ceviche o tacos y conversar” sobre lo sucedido. Aunque defendió la ofensiva que tuvieron sus agentes hacia la Embajada. “No me arrepiento de nada”, ha dicho.
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