A pesar de que Argentina se encarece al trote todos los días y el país está sometido a la voluntad de un Gobierno que marca la agenda a gritos y golpes, este fin de semana es uno de los mejores para estar en Buenos Aires. El otoño acaba de llegar a la capital y estos días comienza la Feria del Libro mientras se clausura el Festival Internacional de Cine de Buenos Aires (Bafici). El certamen terminará este domingo tras la proyección de 280 películas —incluidos 30 estrenos de la competencia local— y la Feria del Libro vive su primera maratón de actos. El horizonte, sin embargo, es sombrío. Mientras el presidente Javier Milei se pelea con actores fallecidos, insulta a escritores y periodistas consagrados e inventa motes para cantantes populares que osan desafiarlo, el Gobierno amenaza con desguazar los principales motores de la cultura argentina. Un Bafici que termina con sus salas llenas y una Feria que promete 1.500 actividades durante tres semanas se han convertido estos días en el campo de batalla para defender una cultura que sus grandes exponentes consideran en peligro.
El panorama lo resumió el pasado jueves el escritor Alejandro Vaccaro, presidente de la fundación encargada de la organización de la Feria del Libro, durante su inauguración. “Concurrir a la feria este año representa un acto de rebeldía y de resistencia. Este espacio será el eje central alrededor del cual girará el repudio de todas las fuerzas culturales a las políticas devastadoras que propone este Gobierno”, dijo Vaccaro en su discurso de apertura, en el que denunció que “las medidas que se han tratado de implementar son ataques al corazón de la cultura”.
A principios de febrero, cuando llevaba apenas dos meses en el poder, Milei sufrió su primera derrota política cuando el Congreso rechazó su gran ley de refundación del Estado. Las atribuciones legislativas especiales para el Ejecutivo y la privatización de 40 empresas estatales centraron el debate, pero entre los más de 600 artículos de la ley también se preveían grandes reformas culturales: la eliminación del Fondo Nacional de las Artes, que promueve concursos y otorga becas a artistas; la disolución del Instituto Nacional del Teatro; una reducción drástica de los fondos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), y la derogación de la Ley de Defensa de la Actividad Librera, que regula los precios de venta para dar un balón de oxígeno a cientos de editoriales y librerías independientes contra las grandes empresas del sector. Tras un primer fracaso, el Gobierno aceptó reducir su lista de atribuciones y la cantidad de empresas a privatizar, y el Congreso volverá a debatir la ley a partir de este lunes. El texto todavía no se ha publicado con los últimos acuerdos políticos, pero el mundo de la cultura ya se ha empezado a tambalear.
El INCAA, un instituto que subsidia la producción de películas, crea concursos, fomenta la proyección de cine argentino en decenas de salas propias en todo el país y mantiene su propio servicio de streaming, echó el cierre el pasado lunes por un decreto del Gobierno. Milei ordenó la suspensión de actividades en sus oficinas y “prescindir temporalmente de los servicios” de sus 645 empleados mientras las nuevas autoridades reforman la estructura del instituto público, que hoy depende del superministerio bautizado de Capital Humano, que concentra las áreas de Educación, Trabajo, Cultura y Desarrollo Social, y que ya ha vivido conflictos por la gestión de recursos de, por ejemplo, los comedores populares que alimentan los barrios desfavorecidos por todo el país.
El golpe se ha sentido especialmente en salas de cine como la mítica Gaumont, fundada en 1912 en el mismo lugar donde sigue hasta hoy, la plaza del Congreso, y que desde 2013 depende del INCAA. El cine Gaumont proyecta películas nacionales con entradas que hasta la semana pasada valían menos de 50 céntimos de euro, pero su cartelera ha sido suspendida. Como una de las sedes principales del Festival de Cine de Buenos Aires, el Gaumont continúa abierto esta semana, pero el rumor que corre durante las proyecciones del Bafici es que el cine no volverá a abrir después de este fin de semana. La situación es agitada desde mediados de marzo, cuando la Secretaría de Cultura lanzó los primeros recortes y advirtió de que “se terminaban los años en los que se financiaban festivales de cine con el hambre de miles de chicos”. Horas después, la policía reprimió una protesta en las puertas del Gaumont. Los trabajadores de la industria del cine se han movilizado, pero la narrativa del Gobierno de que el Estado debe dejar de financiar el cine “con el dinero de la comida de los niños pobres” ha calado entre sus votantes.
La situación de la industria editorial es distinta. La Cámara Argentina del Libro, una asociación gremial que concentra más de 500 editoriales, distribuidoras y librerías, calcula que la caída en las ventas de libros a principios de año fue de cerca del 30% después de la devaluación que implementó Milei en diciembre y disparó los precios para dejar la inflación solo de ese mes en un 25%. El rechazo a las reformas legislativas ha sido unánime en el sector, pero eso no resuelve el gran golpe de la crisis económica: en un país donde la inflación interanual llegó al 287,9% el mes pasado, el coste de los libros también aumenta mes a mes. Comprar, por ejemplo, un libro de editoriales como Random House o Anagrama supone al menos el 10% de un salario mínimo, que hoy ronda los 200 euros.
Milei no ha disparado contra la industria editorial con la furia con que lo ha hecho contra el cine, pero retiró el apoyo a la Feria del Libro. Según denunció su organizador, Alejandro Vaccaro, el Gobierno le comunicó que no quería afrontar la “erogación” de los 320.000 euros que significaría el patrocinio. Milei, sin embargo, participará en el evento. El presidente tiene previsto presentar su libro Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica, y ha solicitado a la organización utilizar no un salón, sino la pista central del predio de la Sociedad Rural, donde todos los años se desarrolla la feria. El sitio, un microestadio al aire libre con capacidad para unas 3.000 personas, no está habilitado para la feria, y Vaccaro ha querido recordarle al presidente que el pedido también le genera “erogaciones extraordinarias” que la organización “no puede afrontar”. “Todo lo atinente a su seguridad correrá por su exclusiva cuenta o, lo que es peor, será un gasto extra para el Tesoro nacional”, ironizó Vaccaro durante el lanzamiento del evento.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región.
Suscríbete para seguir leyendo
Lee sin límites
_