La reunión cordial que mantuvieron en el Vaticano el papa Francisco y Javier Milei fue más un fugaz alto al fuego que un nuevo comienzo en la tensa relación entre la Iglesia católica y el presidente de Argentina. La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) ha publicado un duro diagnóstico de los primeros cien días de Milei en el poder sólo una semana después de que el mandatario recibiese a la cúpula de la Iglesia católica en la Casa Rosada. Los obispos acusan al Gobierno de aplicar un ajuste fiscal que recae sobre las espaldas de los más vulnerables y de ser insensible a sus consecuencias. Además, opinan que la difícil situación que atraviesan millones de personas se agrava aún más por el clima de “altísima fractura social” que impera en este país golpeado por su enésima crisis económica.
“Nos preocupa que el shock de ajuste haya recaído sobre la cuenta de jubilaciones y pensiones contributivas (a valores reales: -38,1% interanual) que, por su magnitud, explica un tercio del recorte, registrándose una gravísima disminución de los ingresos de jubilaciones y de prestaciones de salud y de discapacidad”, señala la Comisión nacional de justicia y paz de la CEA en un comunicado. “Mientras los beneficios fiscales a favor de las grandes empresas siguen sin tocarse, se exhibe la disminución del déficit mediante el ajuste a trabajadores y los jubilados”, agrega el documento.
Los obispos advierten que la contracción de la actividad económica y, en especial, por la paralización de la obra pública decretada por Milei, ha provocado ya la destrucción de 60.000 puestos de trabajo. El freno a este sector pone en riesgo “el futuro inmediato de 1.400 empresas y 200.000 empleos”, según el informe. La industria automotriz está entre las más afectadas por el desplome generalizado del consumo y se han registrado hasta el momento unos 20.000 despidos, señalan.
El repaso de la situación económica se detiene también en la desfinanciación de los organismos públicos vinculados a la agricultura familiar de la que dependen muchos pequeños productores en todo el territorio argentino: “Han retirado los medios de transporte para recorrer las zonas de producción, anuncian el despido del personal que asiste en la producción agrícola y ganadera a cientos de familias en todo el país y el cierre de sus dependencias”.
La Comisión subraya que los recortes atentan contra derechos elementales como el acceso a la educación, la salud e incluso a la alimentación. “La situación en los comedores populares es apremiante por el aumento de personas que concurren y la falta de provisión de alimentos”, advierte el texto. Cerca de cinco millones de personas dependen de estos comedores para no pasar hambre, pero el Gobierno de Milei ha frenado la entrega de alimentos hasta auditar las cuentas de las organizaciones que los gestionan. El Gobierno se refiere a sus máximos referentes como “gerentes de la pobreza” y ha denunciado a uno de ellos ante la Justicia por presunta corrupción.
El cambio de modelo de asistencia social que plantea Milei aboga por aumentar las transferencias directas a las personas con menores ingresos en vez de respaldar la vasta red de comedores populares gratuitos. Sin embargo, las ayudas están muy por debajo del valor de la cesta de la compra en un país donde muchos alimentos tienen precios similares a los de Europa. Una pareja con dos hijos recibe hoy una ayuda de 69.000 pesos (casi 80 dólares a la cotización oficial) en concepto de alimentos, cuando, según los datos oficiales, una familia necesitó en febrero casi el quíntuple: 322.000 pesos (370 dólares).
En cada barriada pobre de Argentina hay al menos una iglesia católica, a menudo varias más, que coexisten con templos evangélicos. Esa fuerte raigambre permite al clero detectar con rapidez cualquier cambio en el humor social. Durante la campaña electoral, los curas villeros se levantaron contra los ataques de Milei al Papa, a quien había llamado “representante del Maligno en la Tierra”, “imbécil” y “zurdo asqueroso”. Tras cien días en el poder, los obispos constatan que parte de los sectores de bajos ingresos apoya la actual gestión, incluso aquellos “afectados de forma directa por la inflación y la recesión”, pero a su vez hay una gran polarización y agresividad social amplificada a través de internet. Como ejemplo se destacan las “reiteradas expresiones de alegría en las redes sociales frente a dramáticas situaciones de despidos”.
La cúpula de la iglesia católica argentina acusa al Gobierno de una “enorme insensibilidad social” en las medidas de ajuste y muestra una gran preocupación ante el avance de “la cultura del odio y del individualismo extremo”. Además, pide a Milei que evite gobernar por decreto y lo haga a través de leyes consensuadas por el Congreso. Respecto al Pacto de Mayo convocado el 1 de marzo, los obispos denuncian que tenga una agenda ya establecida y que esté condicionado a la aprobación de leyes en vez de ser un punto de partido para un diálogo que incluya a “todos los actores políticos, gremiales, económicos y sociales”.
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