Por primera vez, un tribunal argentino condenó a prisión perpetua a diez represores de la última dictadura militar por la persecución y violación a los derechos humanos de personas trans prisioneras en el centro clandestino de detención “Pozo de Banfield”, en la provincia de Buenos Aires, entre 1976 y 1983. Se trata de la causa “Las Brigadas”, el juicio de lesa humanidad más grande de la región y el primero que, en casi 40 años de proceso de justicia, incluyó a las mujeres trans dentro del colectivo de personas que fueron “foco de ataque” durante el terrorismo de Estado.
En un extenso veredicto que incluyó los delitos cometidos a un total de 605 víctimas, el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 1 de La Plata, en la capital de la Provincia de Buenos Aires, los juzgó culpables de privación ilegítima de la libertad, abuso sexual agravado, tormentos y reducción a la servidumbre a ocho mujeres trans, considerados delitos imprescriptibles por ser “crímenes de lesa humanidad en el marco de un genocidio”.
Este importante fallo llega dos días después de que el Gobierno nacional difundiera un video en el que negaba la existencia de un plan sistemático de exterminio entre 1976 y 1983 al ponderar el accionar dictatorial como una respuesta a grupos guerrilleros en la que “cayó gente inocente de los dos lados”. Ya en su campaña electoral, Javier Milei había expresado, parafraseando al dictador Emilio Massera, que en la década de los setenta en Argentina lo que hubo fue “una guerra” en la que las fuerzas del Estado cometieron “excesos”. La reivindicación del terrorismo de Estado fue repudiada masivamente en las calles por el pueblo argentino el domingo, en el marco de una nueva conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
“Nos trataban como un trozo de carne”
“Justicia hubiese sido que nunca nos pasara esto, pero pienso que igual es un hecho histórico para todas mis compañeras que murieron en el camino”, expresó Julieta González, una de las sobrevivientes, al finalizar la lectura del veredicto en el palacio de justicia. “Tuvimos que esperar 47 años para esto y sinceramente las heridas que uno tiene no las borra nadie. A mí los 14 días que me secuestraron en el Pozo de Banfield y me violaron, que nos trataban como si fuéramos un trozo de carne me arruinó la vida”, la siguió Valeria del Mar Ramírez, la primera de ellas en declarar en este juicio de lesa humanidad.
Frente a este tribunal declararon también, entre noviembre de 2022 y abril de 2023, las sobrevivientes trans Carla Fabiana Gutiérrez y Paola Leonor Alagastino, desde Italia donde están exiliadas desde la década de los ochenta, Analia Velázquez y Marcela Viegas Pedro. Todas ellas, junto a más compañeras ya fallecidas, fueron secuestradas durante la dictadura argentina en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio Pozo de Banfield, en la provincia de Buenos Aires, donde fueron víctimas de la privación de su libertad, violaciones y torturas sexuales y psicológicas. Más de 40 años debieron pasar para que se conozcan sus testimonios, que habían quedado en los márgenes de la memoria de este país.
La de esta tarde se suma a las más de 300 sentencias que fueron dictadas en el marco de este proceso que comenzó en 1985 y continúa, pese a los intentos de obstaculizarlo, hasta la actualidad. Durante estos años, más de 1.200 personas fueron condenadas en juicios de lesa humanidad que son un símbolo a nivel internacional.
“La respuesta al negacionismo son todos los juicios que se llevaron adelante desde el fin de la impunidad con condenas ejemplificadoras y entre los cuales el de hoy es muy emblemático”, expresó el ex titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, él mismo apropiado durante la dictadura y luego restituido por las Abuelas de Plaza de Mayo. “Más allá de las provocaciones del Gobierno nacional, del video publicado, lo que importa y de lo que se hablará dentro de 40 años será de estas sentencias”, agregó.
El veredicto fue emitido por los jueces Ricardo Basílico, quien preside el TOF 1, Esteban Rodríguez Eggers y Walter Antonio Venditti en el marco del proceso que unificó los crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno, ubicados en la Provincia de Buenos Aires, que integraron un mismo circuito represivo. Son tres de los 230 centros que funcionaron en territorio bonaerense durante el terrorismo de Estado. Durante el juicio, que comenzó su debate oral el 27 de octubre de 2020, declararon más de 500 personas y se consideraron los casos correspondientes a 605 víctimas.
En 2022, el juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la Instrucción de las causas de lesa humanidad en La Plata, procesó -entre otros delitos- por perseguir, detener y torturar a al menos ocho mujeres trans en el Pozo de Banfield entre 1976 y 1983 a Juan Miguel Wolk, considerado jefe de este centro clandestino y quien luego se hizo pasar por muerto y se fugó de su prisión domiciliaria; al ex ministro bonaerense Jaime Lamont Smart; y a los exmilitares Federico Antonio Minicucci, Guillermo Alberto Domínguez, Jorge Antonio Bergés, Roberto Armando Balmaceda, Carlos María Romero Pavón, Jorge Héctor Di Pasquale, Luis Horacio Castillo y Alberto Julio Candioti. Todos ellos fueron condenados esta tarde a prisión perpetua a excepción de Candioti, que recibió la pena de 25 años de prisión.
Por primera vez se abordaron los casos de mujeres trans secuestradas en el marco de este plan criminal “como parte de una violencia sistemática aunque también invisibilizada”. Así lo consideró el Ministerio Público Fiscal, que entendió fundamental “tener en cuenta lo vivido por ellas porque este proceso nunca las había tenido presentes”.
Fue por pedido e investigación de la fiscalía, compuesta por los fiscales generales Hernán Schapiro y Gonzalo Miranda y los auxiliares fiscales Ana Oberlin y Juan Martín Nogueira, quienes en su alegato final expresaron que las mujeres trans “fueron sometidas a la maquinaria del terrorismo de Estado al igual que las otras personas victimizadas” y sus derechos avasallados por “toda clase de vejaciones”. Los letrados consideraron que estas mujeres formaron parte de “las personas consideradas enemigas” por la dictadura, justamente porque “no se ajustaban al modelo sexo-genérico que el terrorismo de Estado buscó garantizar y eso implicó que adicionalmente sufrieran no sólo las violencias generales de las personas que estaban en el Pozo de Banfield, sino también violencias diferenciales, en razón justamente de sus identidades de género”.
En el Pozo de Banfield, que ahora funciona como Espacio para la Memoria, estuvieron secuestradas al menos 440 personas, de las cuales 170 fueron asesinadas o desaparecidas, según los datos recabados por los organismos provinciales. Se comprobó también que funcionó como maternidad clandestina, donde nacieron al menos ocho bebés entre 1976 y 1977 y seis de ellos recuperaron su identidad durante la democracia. Algunos de ellos presenciaron la lectura del veredicto este mediodía en el tribunal de La Plata.
Durante el juicio, una de las sobrevivientes trans declaró haber presenciado un parto en el baño de este centro clandestino. “Sentí gritar a una mujer y una militar vino corriendo y le decía ‘tirate acá que ya viene’. Sentí llorar a un bebé y después (la militar) le decía a la mujer: ‘Limpiá toda la mugre que es tuya, la hiciste vos’. Después vi que al bebé lo tenía un militar. No supe si era nene o nena, después me enteré que había sido una nena”, recordó Valeria del Mar Ramírez.
“Tenía vergüenza”
En noviembre de 2022 fue la primera mujer trans en declarar sobre la detención que sufrió a finales de 1976 y otra a principios de 1977. “Tenía vergüenza, tenía miedo de que no me creyeran. Es muy fuerte todo lo que me hicieron y las vejaciones, por eso no lo declaré (antes)”, expresó durante su testimonio. Sobre lo que le tocó vivir durante su detención en el Pozo de Banfield, que la obligó incluso a “disfrazarse de hombre” por algunas décadas, aseguró que se trató “de un infierno”.
“Ellos querían sexo y si no había sexo, eran palos”, dijo Paola Alagastino, detenida cuando tenía 17 años. “Para comer teníamos que pedirles que por favor nos dieran las sobras y teníamos que pagarles con sexo”, agregó Fabiana Gutierrez, que tenía apenas 14 años cuando la secuestraron por primera vez en el este centro clandestino, que aseguró que para ellas “no era el Pozo de Banfield, era el pozo del terror”.
Las huellas, en todos los casos, se repiten: uno de ellos, quizás el más presente, es el recuerdo de los gritos de “jóvenes a los que los golpeaban y torturaban”. “Continuamente se sentía la muerte, se oían los gritos de las personas a las que les daban picana. Hombres, mujeres y chicos que lloraban y pedían ‘mamá, no me dejes’”, recordó Analia Velázquez, quien tenía poco más de 20 años cuando la apresaron ilegalmente. “Era un calvario. A mí misma me ponían una venda, me tiraban en una cama, me ataban y me ponían 220 (electricidad)”, declaró Marcela Viegas Pedro, que por entonces recién cumplía sus 15 años.
Los militares que manejaban aquel sitio clandestino obligaban a las mujeres trans prisioneras a realizar servicio doméstico y trabajo forzado como picar ladrillos durante días “sin siquiera saber para qué eran”. Eran las encargadas de lavar los Ford Falcón “llenos de sangre” que llegaban o de limpiar las habitaciones “luego de una sesión de tortura”. En el veredicto, el tribunal culpó a los represores por reducirlas a la servidumbre.
Mientras los represores seguían la sentencia por videollamada bajo arresto domiciliario, cientos de personas se dieron cita en la explanada del Tribunal Oral Federal N° 1 para responder al Gobierno que “la memoria ya está completa”: es la que en estas cuatro décadas de democracia se gestó a partir de los valientes testimonios de quienes sobrevivieron y narraron el terror.
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