La reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro finalmente avanza en el Senado de la República. Después de casi dos meses de parálisis, la semana que termina la plenaria aprobó 58 de los 94 artículos del proyecto de ley que busca transformar de raíz el sistema de jubilaciones de los colombianos. Se espera que el lunes se aprueben los artículos restantes, con el apoyo de 9 de los 13 senadores del Partido Liberal y de 7 de los 10 senadores del Partido de la U, además de todos los votos de la coalición de Gobierno, incluidos el Pacto Histórico, el partido Alianza Verde, el partido Comunes, el partido En Marcha y algunos apoyos del derechista Partido Conservador y del cristiano Mira.
Aunque el tiempo es justo para que también sea aprobado por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y la plenaria de esa corporación antes del 20 de junio, los requisitos para que se convierta en ley, el Gobierno parece haber logrado un consenso en el Senado y goza de mayorías en la Cámara. Si nada extraordinario ocurre, para mediados del año logrará aprobar la primera de sus tres grandes reformas sociales. Así lo confirmó el ministro del interior, Luis Fernando Velasco, en diálogo con periodistas al terminar el debate en el Congreso: “Esta semana se superó la parte central, el núcleo central de la reforma. Quedan algunos artículos que aspiramos a sacarlos adelante el lunes y entregar este proyecto a la Cámara de Representantes”.
Al hablar del núcleo, el antiguo congresista liberal se refiere a tres elementos claves que ya fueron aprobados por el Senado: el sistema de pilares, la renta solidaria para casi tres millones de adultos mayores que hoy no tienen ningún ingreso y el ingreso por el que todas las personas deberán cotizar en la estatal Colpensiones, lo que los expertos han llamado el umbral de cotización.
El sistema de pilares, que está en el artículo 3 de la reforma, busca eliminar la competencia que hay en la actualidad entre dos sistemas, uno manejado por el fondo público y otro por fondos privados de ahorro individual. Esto resolvería un desequilibrio por una competencia desigual entre dos esquemas con lógicas, incentivos y cifras diferentes. “Los fondos privados, que reciben mayoritariamente los recursos de las cotizaciones, no están pensionando, y el régimen público es quien está asumiendo el pago de las pensiones, pero sin los ingresos suficientes por cotizaciones”, se lee en un documento del Ministerio del Trabajo publicado este viernes.
Con lo aprobado hasta el momento, el sistema tendrá un único sistema, administrado por Colpensiones, y tres pilares: el solidario, el semicontributivo y el contributivo. El viceministro de trabajo, Iván Jaramillo, explica que en el pilar solidario estarán los colombianos en edad de pensionarse que estén en estado de vulnerabilidad. Con él, “van a recibir una transferencia económica no condicionada de 223.000 pesos”, explica. Así, se mejoraría la cobertura en protección a la vejez, que hoy ronda el 24% de las personas en edad de jubilación, y se reduciría la pobreza extrema. Justamente, la cifra de 223.000 pesos de la llamada renta solidaria es el valor de la línea de pobreza por persona en Colombia, calculada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Se proyecta que a este pilar ingresarán, desde el inicio, 2,7 millones de adultos mayores.
El segundo pilar, el semicontributivo, está dirigido a quienes han cotizado al sistema, pero no lograron los requisitos necesarios para recibir una pensión de jubilación; es decir, hombres desde los 65 años y mujeres desde los 60 que no hayan cotizado las semanas necesarias. Estas personas recibirán una renta vitalicia, calculada a partir de sus ahorros más intereses del 3% anual, y un subsidio estatal del 20% en el caso de los hombres y del 30% en el caso de las mujeres. Con la puesta en marcha de estos dos pilares se espera que en el primer año de aplicar la reforma, la cobertura salte al 53.73% de las personas en edad de jubilarse (4.662.000 personas aproximadamente) y que para 2052 llegue al 87% (más de 13.700.000 personas).
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El Senado también aprobó la creación del tercer pilar, el contributivo, el que atañe a quienes sí pudieron cotizar lo suficiente y que ahora no deberán elegir entre un fondo público y unos privados, sino que aportarán al primero obligatoriamente hasta cierto nivel de ingreso, y lo restante lo llevarán a los privados. La regla más importante de él, y la que ha generado mayor debate, es el umbral hasta el cual se deberá cotizar en el fondo público. Después de varios días de negociaciones, el Gobierno acordó con senadores liberales y de La U que ese corte se hará en 2,3 salarios mínimos, más o menos 2.900.000 pesos en 2024, cuando el proyecto planteaba inicialmente un límite en 3 salarios, y muchos críticos han propuesto que sea 1 o 1,5 salarios. Con esta medida, se garantiza un aumento del recaudo del fondo público y se reducen los subsidios estatales a las pensiones altas, sin eliminar a los fondos privados su negocio financiero, aunque para los críticos se reducen tanto sus ingresos y sus afiliados que pueden ser insostenibles.
En otro de los puntos más álgidos, el del futuro de los 405 billones de pesos del ahorro pensional que hay hoy en los fondos privados, les mantiene esa administración, así los afiliados deban ahora solo aportar al fondo público. El dinero se trasladará solamente cuando las personas se pensionen. “Se frena la caída del ahorro que hoy existe en el Fondo de Ahorro Individual debido a los traslados masivos de los fondos privados hacia Colpensiones”, dice un documento publicado este viernes por el Ministerio de Trabajo.
Pese a esos avances, aún quedan puntos pendientes. El más importante es quién administrará los ahorros de los colombianos, una preocupación para muchos por los riesgos macroeconómicos y fiscales de un mal manejo, así como por la tentación que pueda tener algún Ejecutivo de gastarlos. Un grupo de senadores de distintos partidos le propuso al Gobierno que quien maneje el dinero sea el Banco de la República, una entidad independiente, y no Colpensiones, que depende del presidente. Se espera que este cambio salga adelante el lunes, pues fue una de las condiciones de los senadores liberales para acompañar el proyecto del presidente Petro. También falta por definir la reducción de las semanas de cotización para las mujeres que tienen hijos. El proyecto original busca que por cada hijo se reduzcan 50 semanas, hasta tres hijos, para un total de 150 semanas menos de cotización para las madres, una medida que busca reconocer su trabajo de cuidado de ellos y aplicar la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
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