El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena ha decidido este martes retirar su proyecto sobre recuperar algunos de los fideicomisos extinguidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador. “En días recientes he recibido comentarios por escrito de algunos de mis compañeros, mismos que me veo obligado a estudiar, por lo tanto, retiraría el proyecto para estudiarlos a la brevedad posible y poder presentar el proyecto nuevamente. Este asunto quedaría retirado”, ha explicado el integrante del alto tribunal mexicano. El proyecto lleva ya más de tres años en la Suprema Corte sin que se haya resuelto.
La discusión viene de lejos. En octubre de 2020, en plena pandemia por covid-19, el Congreso mexicano aprobó la extinción de 109 fideicomisos. La eliminación de estos fondos de dinero público gestionados por una entidad privada que financian actividades de investigación, cultura o ayuda humanitaria, era una vieja promesa de campaña de López Obrador, quien aseguraba que era un presupuesto sin control y plagado de irregularidades. La mayoría de Morena en el Senado le permitió desaparecerlos entre la férrea defensa de los fondos por parte de los diputados del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Fueron los legisladores opositores los que presentaron una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte.
Ese proyecto quedó a cargo de Gutiérrez Ortiz Mena, quien según Reforma, proponía anular la extinción del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), del Fondo contra el Cambio Climático, del Fondo para Atención a Víctimas y de los fideicomisos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). En el otro lado, el proyecto de la SCJN sí avalaba la desaparición del fondo para defensores de derechos humanos y periodistas, para deportistas de alto rendimiento, el de cooperación internacional para el desarrollo, el de fondos de la Financiera Rural, de apoyo a trabajadores migratorios, y en materias de hidrocarburos, electricidad, ferroviaria y aduanera.
En total, en los fideicomisos había más de 68.000 millones de pesos (unos 3.500 millones de dólares) que debían ser transferidos a la Secretaría de Hacienda. Este marzo se hizo efectiva esa liquidación para 102 de los 109 fondos. En caso de que la Suprema Corte ordenada recuperarlos, habría que esperar a los efectos, porque las cuentas de la mayoría de fideicomisos quedaron a cero.
Gutiérrez Ortiz Mena, quien debía defender este martes su proyecto para que fuera votado por el pleno, ha aplazado la discusión, previsiblemente porque no contaba con los apoyos suficientes. El proyecto necesita ocho de los 11 votos de los ministros para ser aprobado. Este es un tema sensible para la Administración de López Obrador, que mantiene una pugna abierta con el poder judicial federal, en particular, con la presidenta de la SCJN, Norma Piña, a quien acusa de ir en contra de su Gobierno y de permitir la “corrupción” dentro de la justicia mexicana. Todavía no hay nueva fecha para la discusión, pero las pistas apuntan a que sea después de las elecciones del 2 de junio. Otros proyectos polémicos, como la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa, también se están aplazando para después de la gran cita electoral de México.
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