El secretario de Seguridad de Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros, ha negado este jueves que la desaparición, el fin de semana, del obispo emérito de Chilpancingo, Salvador Rangel, en Cuernavaca, respondiera a un secuestro exprés, como informó la Fiscalía estatal el lunes. Almirante en retiro, Guarneros ha dicho que Rangel estuvo en realidad en un motel con otro hombre, que luego se retiró del lugar. Horas antes, medios locales recogían el contenido del formato de alta voluntaria de Rangel, del hospital al que llegó el lunes, a donde habría sido trasladado desde el hotel en cuestión. En el documento se dice que el obispo traía consigo pastillas tipo viagra y que había dado positivo a cocaína y benzodiacepinas.
Sorprende la evolución del caso Rangel, incluso para los estándares de un país como México, acostumbrado a la impunidad, en medio de la pugna política a cuenta de la campaña electoral. La guerra entre el Gobierno de Morelos, en manos ahora de Samuel Sotelo, gobernador interino, sustituto de Cuauhtémoc Blanco, y la Fiscalía estatal, dirigida por Uriel Carmona, florece en territorios insospechados, ninguno tanto como la desaparición, del viernes al lunes, del obispo emérito. Rangel ha sido un habitual de los medios estos años por su papel mediador entre los grupos del crimen organizado en el estado vecino de Guerrero.
Guarneros no se ha pisado la lengua, tampoco el gobernador interino Sotelo, que el martes dijo que “no había un solo elemento para determinar que [Rangel] haya sido privado de la libertad como tal”. Sotelo se refirió a las informaciones de los primeros días, algunas referidas por el abogado de Rangel, Pedro Martínez, sobre los retiros de dinero de su cuenta bancaria. “Los datos que se tienen objetivos es que hubo dos retiros, uno el sábado en la mañana y otro en la tarde noche, pero hasta ahí. No hay testigos, ni cámaras que muestren que fuera privado de la libertad”, ha dicho.
La extrañeza aumenta todavía más. A los datos del formato de alta del hospital, las drogas, el viagra, la vista al motel, Sotelo añadía la presunta reunión de Rangel en una pizzería del municipio de Emiliano Zapata, al sur de Cuernavaca, con un trabajador del mismo restaurante. La vaguedad de los datos, directamente filtrados o mencionados por los funcionarios, esbozan un relato en que Rangel, más que una víctima, parece un juerguista. Lo que en palabras de Carmona –la sospecha de que el obispo había sido drogado, como parte de su secuestro– apuntaba a un escenario muy concreto, en el relato del Ejecutivo estatal apunta a otro muy distinto.
Meras piezas de un puzzle difícil de armar ahora mismo, los datos divulgados muestran en realidad la cantidad agujeros informativos de esta historia. Prestos a señalar incongruencias de la Fiscalía, ni Sotelo ni Guarneros han informado de cuándo habría llegado el obispo al motel, el Real Ocotepec, en el norte de Cuernavaca, o cuánto tiempo habría pasado allí. Tampoco han dicho cuándo habría ido a la pizzería, en el sur de la zona metropolitana, a unos 40 minutos del hotel, ni cuánto tiempo habría permanecido allí. O quién dio la voz de alarma y mandó ambulancias al hotel, el lunes en la tarde. No se sabe prácticamente nada, pero, con lo poco que se sabe, uno y otro lado tratan de dibujar escenas distintas, casi opuestas.
EL PAÍS ha contactado vía mensaje de texto y llamada al abogado de Rangel, Pedro Martínez, pero no ha obtenido respuesta. Este diario ha hecho lo propio con el almirante Guarneros, con el mismo resultado. Lo mismo ha ocurrido con el teléfono personal de Rangel, apagado. El obispo tiene pendiente rendir su declaración ante la Fiscalía de Morelos para dar su versión de la historia. El religioso salió de su casa de Jiutepec, junto a Cuernavaca, el viernes. Lo hizo solo, en su camioneta. Su chofer y el dueño de la casa que renta, sus personas más cercanas, no supieron más de él hasta el lunes en la tarde cuando apareció en el hospital.
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