Los partidos políticos en México siempre tienen forma de sorprendernos… para mal. Cuando pensamos que ya no pueden caer más bajo o perfeccionarse aún más en el arte de la trampa, de alguna forma consiguen superarse una y otra vez. Lo que está sucediendo en este proceso electoral en el tema de las acciones afirmativas para personas con discapacidad cae en esta categoría y debiera ser un escándalo nacional como en su momento fueron las llamadas Juanitas, mujeres postuladas por los partidos políticos para cumplir formalmente con las cuotas de género que establecía la ley para, tan pronto como ganaran la elección, renunciar a su curul para que su lugar fuera tomado por un varón, frecuentemente su esposo, hermano o hijo.
En esta ocasión la trampa llega en forma de certificado médico patito para cumplir con el formalismo requerido en la ley. De esta manera, un número todavía indeterminado de candidatas y candidatos, empujados por sus partidos políticos, han mentido a los institutos electorales de diversos estados para hacerse a la mala de candidaturas que no les corresponderían dado que no tienen ninguna discapacidad.
Parece increíble tenerlo que recordar en la segunda década del siglo XXI, pero va de nuevo: las acciones afirmativas en la legislación electoral fueron creadas con el propósito de servir para la inclusión de personas tradicionalmente relegadas a los márgenes de la toma de decisiones; para que su voz sea escuchada, su agenda visibilizada y sus intereses contemplados en la agenda pública. Las acciones afirmativas son una herramienta esencial para reducir la desigualdad y discriminación que enfrentan las personas con discapacidad. Es también una forma de que en las instancias de toma de decisiones: alcaldías, cabildos, y los congresos estatales y el federal, haya una representación auténtica y efectiva de ciudadanos que son parte de minorías vulnerables y discriminadas.
Es a través de la cínica violación de estos principios que candidatos y partidos están buscando engañar a la ciudadanía y aprovecharse de los vacíos y carencias de los organismos electorales para postular, por ejemplo, a una persona que busca la reelección a la alcaldía de Zamora en Michoacán y que argumenta —“certificado médico” en mano— que la miopía y el astigmatismo son una discapacidad, porque en su caso son “permanentes”. Con su postulación vía acción afirmativa su partido político, el PAN, “cumple” con la cuota que la normativa electoral estatal señala. De sobra está decir que el alcalde no usa ni lentes.
Organizaciones de la sociedad civil y activistas se han dado a la tarea de buscar a más candidatos usurpadores que, o no tienen discapacidad alguna o si es que la tienen su candidatura, a ojos de estas organizaciones, no debiera ser considerada en la cuota de acción afirmativa porque no son siquiera campañas accesibles para las personas con discapacidad a las que dicen representar.
En este asunto no hay partido que se salve: está Rosario Morales, candidata local por Morena en Ciudad de México, que dice tener una discapacidad visual sin que haya evidencia alguna al respecto; Manuel Dick, candidato de PRI-PAN-PRD, o Guillermo Peredo de Movimiento Ciudadano, que se han registrado por discapacidad auditiva pero cuyas campañas no son siquiera accesibles para personas con esa misma discapacidad; Luis Chávez también en Ciudad de México, que registró una “discapacidad motriz permanente” y en su primer spot de campaña aparece en diversas tomas caminando, subiendo y bajando escaleras, y cruzando puentes peatonales.
Hay activistas buscando casos por todo el país y denuncias de una esquina a otra de la geografía nacional. En varios de ellos los institutos electorales estatales ocultan datos tan simples como el número, nombre y tipo de discapacidades registradas.
Los organismos electorales estatales y el nacional dicen que no pueden más que confiar en que partidos y candidatos actúan de buena fe cuando entregan sus documentos de postulación. Su respuesta deja claro que hay un largo camino por recorrer para que a las personas con discapacidad les sean garantizados sus derechos político-electorales como a cualquier otro ciudadano mexicano. La justa y justificada indignación que despertó en la sociedad el caso de las Juanitas debe renacer con este nuevo caso de abuso partidista. Tenemos que cerrarle la puerta a la trampa y al engaño promovido desde el poder y financiado, además, con recursos públicos.
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