“No queremos ser una cifra más en la lista de víctimas olvidadas”, se lee en una carta conocida este lunes. La firman diez víctimas del atentado en el Centro Comercial Andino, ocurrido exactamente siete años atrás y que causó la muerte de tres mujeres y dejó heridas a ocho más. Con el título “Exigencia de justicia, verdad y reparación”, las víctimas le exigen al Gobierno y a la Fiscalía que su caso no quede en la impunidad ni en el olvido. “Durante todos estos años, y a pesar de docenas de cartas y solicitudes a todas las entidades gubernamentales, es inaudito, no pasa nada”, se lee en la misiva.
El abogado de las víctimas, Francisco Bernate, señala vía telefónica que el reclamo va más allá de un resultado en los estrados. El penalista afirma que entiende que es un caso complejo en lo judicial, y por eso pretenden que el Estado atienda a las víctimas, más allá de los avances en los estrados. “Siguen pasando los años y no hay un avance. La Fiscalía, en la medida de lo posible, ha puesto lo mejor de sí. Más allá de mirar si hay personas en la cárcel, las víctimas tienen situaciones difíciles que deben ser atendidas, como su derecho a la salud”, explicó.
El documento está dirigido al presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez, la fiscal general Luz Adriana Camargo; el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán; el ministro de Justicia, Néstor Osuna; el defensor del Pueblo, Carlos Camargo; y entidades como la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Unidad de Víctimas.
El atentado enlutó la celebración del día del padre de 2017. A las 5 de la tarde del sábado anterior, un día de alta afluencia de familias al comercio, estalló una bomba en un baño de mujeres del centro comercial, uno de los más exclusivos de Bogotá. Murieron Lady Paola Jaime, de 31 años, Ana María Gutiérrez, de 41, y Julie Huynh, una joven de 23 años nativa de Francia que hacía un voluntariado en Bogotá.
El atentado, meses después de firmado un esperanzador Acuerdo con la guerrilla de las FARC y cuando ese grupo ya estaba terminando su dejación de armas, sacudió a la ciudad y produjo un rechazo unánime. La Fiscalía rápidamente vinculó el ataque terrorista con el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), una pequeña organización de izquierda que había aparecido pocos meses antes con pequeñas explosiones y difusión de panfletos. Las autoridades capturaron a ocho personas, a las que señalaron de ser las responsables. Cuatro de ellos están libres desde 2020 porque la Fiscalía nunca los llevó a juicio y, aunque siguen vinculados a la investigación, siempre han defendido su inocencia.
De todos los vinculados, la más famosa es Violeta Arango Ramírez. La Fiscalía le ha imputado los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo agravado, homicidio agravado, tentativa de homicidio y rebelión; también la ha señalado de ser miembro del ELN y del MRP, al que entiende como el ala urbana de esa guerrilla. Fue capturada cinco años después del atentado, en abril del 2022, en un campamento guerrillero en el sur de Bolívar. Según el expediente, Violeta fue una de las cabezas que planeó el atentado al Andino. Supuestamente, ella fue quien buscó y estudió los planos del centro comercial unos días antes del sábado en que estalló una carga explosiva en el baño de mujeres.
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Apenas siete meses después, Arango quedó en libertad, luego de que el Gobierno de Gustavo Petro la nombrara gestora de paz del ELN, como parte del entonces naciente proceso de negociación. Bernate, el abogado de las víctimas, advierte que la justicia no tiene certeza de que exista una relación entre el ELN y el atentado en Bogotá. “Lo que está probado es la participación del Movimiento Revolucionario del Pueblo. Esperamos que se pueda esclarecer la verdad en el escenario de las negociaciones con el Gobierno, pero lo más importante es que allí haya un espacio para que las víctimas sean escuchadas”, le dijo a EL PAÍS.
Justamente, uno de los elementos centrales de la agenda de negociaciones con el ELN es la necesidad de que la sociedad civil tenga una participación activa en los diálogos. Pero hasta ahora, tras un año y medio de negociaciones, ese reclamo general no ha definido un espacio particular para las víctimas y sus reclamos de verdad y justicia, uno de los rasgos más notorios y aplaudidos del Acuerdo con las FARC. En ese sentido, Bernate espera que en algún momento Arango pueda dialogar con las víctimas del atentado.
Además de los reclamos a las entidades oficiales y a los anteriores gobiernos, nacional de Iván Duque y distrital de Claudia López, las víctimas también hacen un llamado al establecimiento comercial para que asuma su responsabilidad. Pilar Molano, quien sobrevivió al atentado pero perdió una pierna en él, señaló que la gerencia del centro comercial también se declaró víctima en el proceso, pero ha desatendido sus demandas de inclusión. “El 31 de mayo regresé al centro comercial para hacer unas compras. Pedí una silla de ruedas eléctrica porque iba sola y no tenía quién me llevara en una convencional, pero el centro comercial me dijo que las retiraron. Tuve que irme”.
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