Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han vuelto a pisar el Congreso federal. La última vez que acudieron fue cuando los legisladores los designaron como jueces constitucionales. Este jueves, en un hecho extraordinario, han regresado al recinto legislativo, esta vez para defender su investidura y la de más de 1.600 jueces y magistrados federales. Encabezados por la presidenta de la Corte, Norma Piña, los ministros han pedido diálogo, tiempo y una implementación gradual de la reforma al Poder Judicial enviada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que en su punto crucial y más polémico propone cesar a todos los juzgadores federales en funciones y sustituirlos por otros elegidos por la ciudadanía en las urnas a partir de 2025. “El paso veloz ante modificaciones estructurales solo puede dar entrada a problemas mayores”, ha afirmado Piña, que ha recordado que todas las anteriores modificaciones al Poder Judicial han requerido “amplitud temporal y gradualidad”: “En la reforma judicial que hoy nos convoca no debe pesar más la celeridad que la idoneidad”, ha pedido.
En la Cámara de Diputados, la mayoría de ministros ha defendido el sistema actual de elección de jueces, basado en un avance escalonado dentro de la carrera judicial, y ha advertido de los peligros que una votación popular puede tener para la calidad de la impartición de justicia y la independencia de las sentencias. Además, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena ha alertado del riesgo de que “una reforma mal hecha afectará a la economía nacional”. Pero prácticamente todos han aceptado la reforma ya como una realidad ineludible, después del resultado de las elecciones del 2 de junio que dio al bloque oficialista, formado por Morena y sus aliados del PVEM y PT, la mayoría necesaria para aprobar enmiendas constitucionales sin cortapisas.
La presidenta de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal ha aprovechado el espacio para intentar abrir una negociación sobre la iniciativa, un escenario que desde hace tiempo parece cerrado, tras las reiteradas afirmaciones de López Obrador de que el Poder Judicial requiere de una reforma profunda y luego de que Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, ha abrazado la iniciativa en todas sus letras. “Estamos abiertos a entablar un diálogo real y responsable, pero para dialogar se requiere voluntad de reflexión”, ha dicho Piña. “Resolvamos nuestras diferencias en el ancho camino del entendimiento, diluyendo así la idea de una decisión tomada”.
En una sesión convocada para escuchar las preocupaciones de los jueces del Alto Tribunal, el oficialismo envió la artillería pesada. Arturo Zaldívar, exministro y expresidente del Supremo, que se ha vuelto ariete de sus antiguos colegas, acudió a defender la reforma y de paso criticar a la institución judicial. Acusó a la Suprema Corte de interferir “descaradamente” en la pasada elección, en referencia a la reunión que sostuvo Piña con el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, y añadió que la “legitimidad social” del Poder Judicial “nunca ha estado en peor situación que ahora”. El senador Ricardo Monreal, que se perfila como jefe de los diputados de Morena en la próxima legislatura, ha sugerido que el “mandato popular” de los mexicanos que votaron al oficialismo en las pasadas elecciones obliga al Congreso a cristalizar la elección de jueces por voto popular. “Advertimos al país que venimos acompañados de una gran legitimidad. El pueblo nos otorgó el poder reformador de la Constitución”, ha indicado.
Implementación gradual
Algunos ministros han abrazado el realismo de la posición en la que se encuentran. “Ya no es momento para negacionismos ni para críticas generales”, ha dicho Juan González Alcántara. Este ministro y su colega Jorge Pardo han defendido el sistema de carrera judicial, pero han dicho que, si el voto popular es un hecho inevitable, al menos se implemente de manera escalonada: esto es, que los nuevos jueces sean elegidos por voto en la medida en que vayan quedando vacantes los lugares en la judicatura —por renuncia, muerte o retiro–, a fin de atenuar el impacto negativo de la reforma.
González Alcántara ha propuesto que el voto en las urnas sea más un mecanismo para evaluar el desempeño de los actuales jueces y determinar si merecen continuar en su cargo. “¿Queremos una campaña judicial que nos venda promesas a futuro, o preferimos otra que nos permita evaluar el desempeño pretérito?”, ha planteado. “Si ha de mantenerse el voto popular, considero que este debería fungir como un medio para evaluar el desempeño y decidir sobre la permanencia de las personas juzgadoras, pero no para reemplazar los concursos de la carrera judicial, que permiten acceder al cargo mediante el mérito, la honradez y el profesionalismo”, ha defendido.
El ministro Pardo, que tiene más de cuatro décadas en la judicatura, ha advertido de que la sustitución de un plumazo de los más de 1.600 juzgadores en funciones provocaría un desajuste en el funcionamiento de los tribunales y, con ello, se verían afectados los asuntos judiciales que están en curso. “Esa sustitución [debería] hacerse de manera gradual, escalonada, atendiendo a las vacantes que naturalmente se van presentando, de manera que pueda haber interacción, colaboración y sinergia entre los juzgadores provenientes del sistema de carrera judicial y los que emanen de los procesos electorales”, ha planteado.
La postura de la gradualidad fue secundada por Yasmín Esquivel, una ministra propuesta al cargo por López Obrador y cuya posición, igual que la de sus demás colegas del Supremo, pende de un hilo. La ministra ha incluido en su defensa que los candidatos a jueces certifiquen tener “preparación jurídica y conocimiento de las materias sobre las cuales van a juzgar”, a contrapelo de lo que indica la iniciativa de López Obrador, que abre las puertas de la postulación a cualquier abogado sin experiencia en juzgados. “La elección progresiva permitirá elevar el nivel técnico y de competencia de todos los juzgadores federales que cubran los cargos a partir de ahora para lograr la renovación total y de manera paulatina. Queremos jueces de excelencia y con legitimidad social”, ha dicho.
Verónica de Gyves, integrante del Consejo de la Judicatura Federal, cargo al que llegó con los apoyos del oficialismo, también pidió la mesura del Congreso, que estará dominado por Morena y sus aliados a partir de septiembre. “Quizá sea el momento de valorar si es necesario ir paulatinamente en su instrumentación [de la reforma], valorar si se requiere ajustar algunas de las ideas que se presentan en su contenido, o quizá solo posibilitar la transición entre la actual integración con la nueva, que no sea drástica ni lesiva a quienes en el conjunto pudieran ser considerados”, ha dicho.
Defensa de la carrera judicial
Hay un punto de acuerdo entre la gran mayoría de los ministros: la carrera judicial es el mejor sistema para elegir a todos los integrantes de la judicatura federal. “Yo creo en la carrera judicial, me es inevitable creer en ella: tengo 75 años y 55 años de servicio en el poder judicial federal, empecé como mecanógrafo en un tribunal y he ido ascendiendo hasta llegar a presidente de la Suprema Corte”, ha dicho Luis María Aguilar, el integrante que más tiempo lleva en el alto tribunal y también el más antiguo como miembro de carrera judicial. “Vengo de una familia humilde, mi abuela era una indígena maya de un pueblo de Yucatán, Ticul, y mi abuelo materno era un conductor de tranvías en Ciudad de México. Nunca hemos sido gente rica ni mucho menos influyentes, yo he ido avanzando gracias a la carrera judicial, a mi trabajo”, ha dicho el ministro.
Hace casi tres décadas que en México se puso como punto central del sistema la carrera judicial, que permite ir ascendiendo a sus integrantes a través de evaluaciones, exámenes y concursos. “La mayoría de los integrantes de la carrera judicial son mexicanas y mexicanos honestos, competentes, que están ahí por méritos y dan su mejor esfuerzo para impartir justicia”, ha defendido Javier Laynez, con los aplausos de parte de la Cámara como telón de fondo. El ministro ha traído varios ejemplos al Congreso: “La jueza de Chihuahua que otorgó el amparo por el derecho a conocer la verdad de una menor desaparecida; los jueces en Tijuana que trabajan sin horarios ni descanso para atender los juicios de amparos promovidos por los migrantes que se duplicaron este año; el juez de Oaxaca que protegió una parcela escolar como un bien fundamental; la jueza de Tlaxcala que reconoció el acoso laboral de las trabajadoras: ninguno de ellos es corrupto, ni está alejado de la sociedad”.
Para los jueces más importantes del país, el voto popular de todos los puestos federales abre las puertas a la parcialidad. “La carrera judicial implica un servicio civil de excelencia; la militancia y el sufragio la desvirtúan y destruyen”, ha dicho Alberto Pérez Dayán. Juan González Alcántara ha complementado: “Estamos politizando los nombramientos. La ciudadanía va a elegir en las urnas, pero los candidatos van a pasar por un filtro político”. En ese mismo sentido, ha señalado Laynez: “El cargo de juzgador no puede sustentarse en los apoyos directos o indirectos que recabe durante la campaña para lograr ganar la elección, porque de manera inevitable comprometerá la independencia y resolución y estará más propicio a la corrupción y al conflicto de interés”. “La carrera judicial es la que garantiza la independencia de los juzgadores”, ha dicho el ministro Aguilar.
Propuestas complementarias
Algunos ministros vieron la oportunidad para proponer una agenda complementaria a la iniciativa oficialista, con cambios posibles al Poder Judicial de los Estados, donde se acumula la vastedad de quejas por falta de acceso a la justicia. Margarita Ríos Farjat ha propuesto que, a nivel estatal, existan jueces mediadores, elegidos por voto popular de sus vecinos y cuya función sería resolver problemas cotidianos de convivencia, inseguridad y servicios públicos. También ha propuesto que los futuros jueces hagan un año de servicio social jurídico en defensorías públicas, centros de atención de adicciones, estaciones migratorias y zonas marginadas.
Gutiérrez Ortiz Mena ha apuntado que, si la decisión del Constituyente es cambiar el método de elección de los jueces, la reforma debería incluir “remedios a problemas ya presentes que podrían agravarse”. El ministro ha mencionado la profesionalización de la función judicial con una capacitación permanente y una escuela judicial autónoma; la garantía de estabilidad en el cargo, lo que comprende que “solo se debería sancionar a los jueces bajo criterios de disciplina objetivos y técnicos, pues usar criterios subjetivos y arbitrarios mata la independencia judicial”; una remuneración y un plan de retiro “justos y dignos”; una revisión de los poderes judiciales locales, y un fortalecimiento de las defensorías públicas y del arbitraje.
En un discurso muy distinto al de sus colegas de tribunal, la ministra Lenia Batres ha aplaudido sin matices la reforma y ha criticado al sistema del que forma parte, con los vítores de fondo de parte de la Cámara: “Para nuestra población la justicia es cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, racista, clasista, corrupta, parcial”. Así, Batres ha pedido ir todavía más allá en limitar las facultades de la Suprema Corte, de manera que no pueda emitir lineamientos que regulen el poder del Ejecutivo y del Congreso, y pueda invalidar leyes solo cuando su contenido “sea realmente inconstitucional”.
Todos los ministros han agradecido al Congreso su invitación a este primer foro sobre la reforma “¿Qué Poder Judicial tenemos? ¿Qué Poder Judicial queremos?” como una oportunidad de emitir su opinión, la mayoría por primera vez. Estos foros públicos continuarán a lo largo de julio y agosto y se realizarán en varias partes de México, a fin de recoger más reflexiones en torno a la polémica reforma. Algunos críticos ven en los encuentros una mera forma de legitimación de una decisión tomada. Otros, como la propia presidenta del Supremo, creen que aún hay diálogo posible y margen de maniobra.
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