La jueza Raquel Duarte Cedillo ha concedido en la madrugada de este jueves la libertad provisional a ocho militares implicados en el caso Ayotzinapa, el secuestro de 43 estudiantes en septiembre de 2014, a manos de la policía y el grupo criminal Guerreros Unidos, de los que no se ha vuelto a saber nada. Sobre los ocho soldados, acusados precisamente de colaboración con Guerreros Unidos, pesa el delito de delincuencia organizada. De acuerdo con Reforma, la Guardia Nacional alertó de que existe un elevado riesgo de fuga. Duarte Cedillo les ha impuesto el pago de 100.000 pesos como garantía, la obligación de presentarse en el juzgado los días 1 y 16 de cada mes, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de México o acercarse a víctimas y testigos. Se espera que en las próximas horas abandonen el Campo Militar 1-A, en la Ciudad de México, donde estaban encerrados.
La decisión judicial forma parte de una enrevesada trama que da nuevos volantazos en los tribunales cada poco tiempo, el último episodio de una batalla entre el Poder Ejecutivo y el Judicial por el control del relato sobre el caso Ayotzinapa. Los ocho implicados —Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz— fueron detenidos en junio de 2023. En ese momento, la misma jueza que les ha concedido ahora la libertad provisional pidió que fueran encarcelados por un delito de desaparición forzada.
Los ocho forman parte de un grupo de una veintena de militares que ordenó detener el juez a petición de la UEILCA, la unidad especial de la Fiscalía General de la República para el caso Ayotzinapa, en agosto de 2022. El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, tumbó la mayoría de arrestos, entre ellos los de estos ocho soldados. En 2023, las órdenes de aprehensión fueron reactivadas por el fiscal encargado del caso, Rosendo Gómez Piedra, sustituto de Omar Gómez Trejo, que abandonó México y se refugió en Estados Unidos al considerar que las autoridades estaban “dinamitando” la investigación.
A principios de este año, la defensa de los militares pidió sustituir la prisión provisional por una visita quincenal al juzgado, medida que Duarte Cedillo aceptó —la misma jueza también otorgó la libertad provisional el pasado agosto a otro imputado por el caso Ayotzinapa, el general Rafael Hernández—. La magistrada impuso como requisito el pago de una fianza de 50.000 pesos, la retención de su pasaporte y la prohibición de acercarse a testigos y víctimas del caso, así como evitar acudir al Estado de Guerrero.
Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y abogado implicado en el caso (llegó a ser espiado por una dependencia del Estado mexicano con el programa Pegasus) ha denunciado en Aristegui que los militares están recibiendo apoyo institucional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a pesar de los cargos que hay sobre ellos.
La primera concesión de la libertad provisional, mientras avanzaba el proceso judicial, provocó una sacudida política y mediática, con el caso agitando la campaña electoral entre críticas de los familiares de los 43 jóvenes al presidente. Andrés Manuel López Obrador prometió en campaña resolver el crimen, pero durante su sexenio no ha habido avances tangibles para dar con el paradero de los estudiantes. Los familiares de los jóvenes le acusan de haber cerrado filas con el Ejército y dar la espalda a las víctimas.
La primera liberación de los ocho soldados desencadenó también un choque entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, enemigos habituales. La Secretaría de Gobernación publicó entonces un incendiario comunicado en el que acusaba a los jueces de “valerse de pretextos procedimentales” para dejar de lado “los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición”: “Dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se han dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso”.
Una semana después de la libertad provisional de los ocho soldados, el 1 de febrero, un juzgado federal ordenó su vuelta a prisión, por el delito de delincuencia organizada en lugar de por el de desaparición forzada. La UEILCA se valió de dos declaraciones de testigos protegidos de la FGR, Carla y Neto, antiguos integrantes de Guerreros Unidos, que reconocieron a los acusados, a pesar de que en sus anteriores declaraciones nunca mencionaron a los ocho militares, hecho que despertó los recelos de los familiares de los 43.
La base del problema actual son una serie de documentos de inteligencia militar que contienen información necesaria para que la investigación avance, de acuerdo con los parientes de los 43. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) niega su existencia, respaldada por López Obrador. El grupo independiente de expertos (GIEI) que investigó por años el crimen (y abandonó México en julio, frustrado ante la negativa de las autoridades a colaborar) y el exsubsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, entre otras figuras de peso, han asegurado que los archivos existen y se encuentran en poder del Ejército.
La mayoría de los ocho militares ostentaban el rango de soldados cuando sucedió el ataque de los estudiantes, en 2014. Todos formaron parte de un convoy de la Sedena que patrulló por Iguala, la ciudad donde fueron secuestrados los normalistas, durante y después de la embestida. La FGR presume que su presencia en el convoy respondía a su cercanía del grupo criminal que con el tiempo se convirtió en el principal sospechoso, Guerreros Unidos.
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