Las dificultades financieras del Estado colombiano se ahondan cada vez más. Esta vez por cuenta de la insuficiencia en un rubro del recaudo. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales reconoció esta semana que no alcanzará los 10 billones de pesos incluidos dentro del presupuesto de este año por concepto de los litigios que libra la Dirección de Impuestos y Adunas Nacionales (DIAN). Se trata de un agujero negro que se abre tras un cálculo errado, según reconoció la misma agencia, y que supone una amenaza más para el cumplimiento de la regla fiscal.
El déficit fiscal de 2023 fue del 4,2% del Producto Interno Bruto y las proyecciones del Gobierno sitúan el desbalance para este año en un 5,3%. Una cifra que viene en aumento constante. El lío radica en que desde principios de siglo el Estado gasta más y más y los impuestos cada vez representan un porcentaje menor en la tarea de cubrir esos gastos. Con una dificultad añadida: desde hace dos años el país recorre una senda de desaceleración económica que empaña aún más el déficit fiscal, inquieta a los mercados pendientes del riesgo país y alerta a los economistas.
El Gobierno explicó, en principio, que el cálculo por recaudo proveniente de arbitramentos y litigios ascendería a los 15 billones de pesos, dentro del total de 502,6 billones aprobados para el Presupuesto General de la Nación de este año. Una revisión financiera de principios de 2024, que tuvo en cuenta los extensos tiempos judiciales y otras variables, redujo la cifra hasta los 10 billones. Desde el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), además, se ha alertado en varias ocasiones sobre los interrogantes que genera contar con un renglón que adolece del visto bueno del Congreso.
Por eso el adjetivo utilizado por ese panel de expertos independientes ha sido el de “inconveniente”. Desde el organismo autónomo han explicado que se trata de un rubro sin el marco legal adecuado que dé luz verde a la agencia aduanera para canalizar esos recursos. De cualquier forma, el Gobierno ha seguido adelante con la apuesta y esta semana la cadena radial Blu Radio informó de que los pronósticos de la DIAN estaban equivocados. La agencia estatal respondió a un derecho de petición enviado por el medio donde detalla que ese recaudo en específico no superará los 3,28 billones.
Un desbarajuste de más del 50%. También una cifra insuficiente que plantea desafíos mayúsculos para un Estado con un déficit fiscal de 27 billones de pesos, según un informe reciente del Banco de Bogotá. No en vano, el presidente Petro ha insistido en la necesidad de relajar los límites de la regla y esta semana volvió a la carga con dos anuncios.
El primero es que su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien había guardado cierta prudencia sobre el tema, se ha adherido sin ambages a la causa. Y el segundo es que el Gobierno prepara un proyecto de ley para modificar los topes de endeudamiento. La justificación desde la oficialidad ha girado en torno a las limitaciones heredadas por la Administración del conservador Iván Duque, quien tuvo que desembolsar millonarios recursos públicos de forma atípica debido a la pandemia, un enorme agujero al que sumó su renuencia a eliminar un subsidio a la gasolina que ya ha sido desmontado.
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El otro argumento tiene que ver con la urgencia de reactivar la economía a través del gasto público. Un enfoque que algunos economistas como el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo rechazan. “La proporción del gasto primario con respecto al PIB, tanto en 2023 como en 2024, ha experimentado un crecimiento sustantivo, cercano al de un año de pandemia. Esto no se compadece con la realidad fiscal del país”, explica Restrepo a través de WhatsApp. El hoy rector de la universidad EIA agrega que tanto el endeudamiento como el déficit se han profundizado por primera vez en tres años.
Con la presión para conseguir nuevos recursos y adelantar un programa de reformas sociales, el tiempo corre en contra del petrismo: “Esto también tiene que ver con la inflexibilidad del gasto público en Colombia”, argumenta el economista Gabriel Angarita. “No sobra recordar que el 80% o el 90% del trabajo público de cada nuevo Gobierno ya viene determinado por una batería de leyes, o por el sistema pensional, o porque el sistema de salud está en déficit y hay que darle prioridad a su cobertura”, añade. Por eso explica que los márgenes para ejecutar un plan de Gobierno son muy ajustados y retadores.
De cualquier forma, el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Oliver Pardo, recuerda que el manejo de la deuda pública es un asunto de prioridades y el Gobierno tendrá, muy seguramente, que recortar el gasto y empezar a descartar proyectos que no se estén ejecutando: “Con la regla fiscal la situación que tenemos es dramática porque en paralelo el servicio de la deuda crece desproporcionadamente. Desde el observatorio estimamos que el gasto en inversión pública en 2025 va a caer un 33%. ¿Por qué? Porque todos esos recursos se van a utilizar en pagar la deuda (que hoy absorbe el 25% de los ingresos tributarios)”.
Pardo señala que el manejo de las finanzas estatales es desbalanceado, pero por lo pronto no configura un escenario de impago con sus acreedores. Sin embargo, las insuficiencias para la financiación del déficit saltan a la vista y mantienen en estado de alerta a los inversores y las agencias calificadoras de riesgo: “El incremento del déficit ha sido del 8% anual en términos reales. En cinco años pasamos de un presupuesto de 350 billones de pesos a 500 billones ajustados por inflación. Yo veo varios riesgos y una situación de sostenibilidad preocupante con un Gobierno que, en su línea ideológica, sigue buscando alternativas para endeudarse más”.
¿Cuál es el límite de endeudamiento de Colombia? Una pregunta con más de una posible respuesta y que la regla fiscal trata de balancear y restringir según la coyuntura económica. Lo que queda claro es que el primer Gobierno de izquierdas parece querer llevar el andamiaje tradicional hasta el límite. “Un proyecto de ley para flexibilizar la regla fiscal no me parece una buena idea y menos con la perspectiva de presentarlo como un supuesto camino para una política de reactivación económica”, reflexiona José Manuel Restrepo.
El Ejecutivo también ha sondeado, de hecho, una segunda reforma tributaria. Por eso el director del centro de estudios Anif, José Ignacio López, cataloga ese tipo de iniciativas como “cajas de pandora” innecesarias. Y pronostica que el Gobierno tendrá que hacer unas “cuentas más apretadas y una priorización en su gasto para sobrellevar unos años difíciles”.
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